El Gobierno prefiere recurrir al 'decretazo' con la Ley de Extranjería antes que negociar con el PP

Esta fórmula permite que la reforma entre en vigor inmediatamente, aunque luego tiene que ser ratificada por el Congreso. Hasta este momento, el Ejecutivo había denostado esta opción porque consideraba que carecía de "seguridad jurídica", ya que si no es ratificada produce la inmediata cesación de sus efectos, aunque no la anulación de los producidos durante su vigencia.

Sin embargo, es una opción que el Gobierno de Canarias respalda. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, la pidió en la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada en Madrid.

Desde el Gobierno central reconocen que la norma "si no puede salir por una vía, tiene que salir por otra". "Lo idóneo sería la proposición de ley pactada con los gobiernos de Canarias, Ceuta y Melilla, todos del PP… pero no pueden estar los casi 6.000 menores de Canarias en la situación en la que están ahora", añaden. O sea, lo más probable es que haya decretazo, un recurso habitual en los gobiernos de Sánchez incluso cuando no existe "extraordinaria y urgente necesidad" de actuar, que es para lo que están previstos los decretos leyes en la Constitución.  

El PP había puesto una serie de condiciones para apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que, según fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo, fueron rechazadas por el Gobierno en la tarde de este domingo.

En una conversación por escrito entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, el primero le trasladó al segundo que no podía aceptar sus condiciones directamente y le emplazó a votar a favor de la tramitación y debatir las cuestiones concretas durante la misma. 

"El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", aseguraron los populares, descartando así la abstención.

Voto de ERC

Hasta este mismo lunes, parte del bloque de investidura de Pedro Sánchez se había mostrado reticente a apoyar al Gobierno en este asunto: Junts dejó claro que no respaldará la reforma de la ley, y ERC se resistía a hacerlo al apostar por una política de inmigración propia. Todas las opciones de que se iniciase la tramitación pasaban, por tanto, por el PP.

Sin embargo, a esta hora el voto de ERC es una incógnita. Algunos medios han publicado que el grupo de Gabriel Rufián votará finalmente a favor, dejando todo en manos de Junts, que con una abstención podría facilitar su tramitación. Pero incluso en ese escenario, una abstención de los de Carles Puigdemont parece poco probable.

La reforma de la Ley de Extranjería, que registró hace unos días el PSOE en el Congreso junto a Sumar y Coalición Canaria, propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, que deberá completarse en los 15 días posteriores a la llegada del menor o en los 12 meses posteriores para los que ya han llegado a España.

Conferencia Sectorial

Entre tanto, si quedaba alguna esperanza de que el Gobierno cediese en alguna de las exigencias del PP antes del debate en el Congreso, este lunes se esfumó por completo. 

En Madrid se celebró una nueva Conferencia Sectorial de Inmigración, esta vez convocada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La última conferencia se había celebrado hace doce días en Tenerife, y allí el Gobierno y el resto de comunidades autónomas, también las del PP, ratificaron el reparto de 347 menores migrantes de los más de 5.500 que hay en Canarias.

Tras aquel acuerdo, Vox decidió romper los gobiernos de coalición que ambas formaciones mantenían en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia.

Se esperaba que esta nueva conferencia sectorial, para la que el Gobierno había reunido de nuevo a los consejeros de las distintas comunidades autónomas, sirviese para desatascar la negociación. Sin embargo, el desencuentro fue notorio.

Cruce de reproches

A su llegada este lunes, la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, aseguró que habían recibido, de parte del Gobierno, "muy poca información, dos o tres folios sobre los planes del Ejecutivo para ponerse a trabajar ante esta grave crisis migratoria que tenemos en todo el territorio nacional".

También pidió, como ya había hecho la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hace unos días, una nueva Conferencia de Presidentes, "que lleva dos años sin convocarse". La ley que regula la Conferencia de Presidentes estipula que se tiene que reunir mínimo dos veces al año y el Ejecutivo de Sánchez no la está cumpliendo.

Asimismo, anunció que habían enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "poner control en el aeropuerto de Barajas", porque "el año pasado llegaron vía aérea más de 400.000 personas en situación irregular".

La ministra Saiz, por su lado, denunció antes del inicio de la reunión la negativa del PP a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería, señalando que esa actitud "demostraba" que los de Feijóo no habían "roto con Vox" definitivamente.

"Los mensajes que escuchamos de la consejera de la Comunidad de Madrid son los mismos que escuchábamos de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y los bulos", sostuvo. 

Saiz explicó que esta nueva conferencia sectorial había sido convocada para presentar una reforma del Reglamento de Extranjería, que nada tiene que ver con los menores extranjeros no acompañados, pero que permitirá "facilitar las vías legales y garantizar la inclusión" de las personas migrantes.