El PSOE condena al fracaso su Ley de Extranjería al negarse a hablar con el PP y obviar sus 6 condiciones

Pese a necesitar los votos del PP por la negativa de Junts a respaldar la proposición, los socialistas no han recogido una sola de las condiciones de los populares y tampoco han contactado con ellos para discutir el texto. Esa actitud condena al fracaso la nueva Ley de Extranjería, que debería servir para paliar el acuciante problema de los menas en Canarias.

Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del Partido Popular, duda de la "voluntad" del Gobierno de llegar a un acuerdo tras conocer el escrito registrado en la Cámara Baja. 

"Esta ley que han presentado no cumple con lo que nosotros propusimos", afirma a EL ESPAÑOL. "Ellos saben perfectamente qué es lo que planteamos, y no nos vamos a mover de ahí". Alós se refiere a los seis puntos que el PP ha recogido en una carta enviada al PSOE. 

"Nosotros tenemos claro que, tal y como la han presentado, no podemos apoyarla", asegura la dirigente del PP. El PSOE deberá contar con el sí de los de Alberto Núñez Feijóo en un pleno que previsiblemente se celebrará el próximo 23 de julio.

El bloque de investidura de Pedro Sánchez se ha dividido en este asunto: Junts ha dejado claro que no respaldará al Gobierno y ERC se muestra reticente a hacerlo al apostar por una política de inmigración propia. Todas las opciones pasan por tanto por el PP.

"Lo único que han hecho", continúa Alós, "es una proposición de ley para que el Gobierno reparta. Todo obligaciones para las Comunidades Autónomas y ninguna para el Gobierno", subraya. 

En el PP aseguraron en la mañana del lunes que esta proposición ha sido registrada sin contacto previo con su grupo, pero instándole a que la apruebe. Los conservadores comunicaron que ni siquiera se les había "remitido el borrador" y que por tanto les plantean "un trágala".

Así las cosas, desde el PP no darán, por el momento, ningún otro paso. Por su parte, dicen haber hecho público ya su mensaje y sus exigencias, de modo que sólo esperarán a ver qué hace el Gobierno.

Seis exigencias

Entre las seis exigencias recogidas en la carta del PP está la de hacer extensible la emergencia migratoria que se mantiene activa en Canarias a todo el territorio nacional. Alós afirma que el PP insta al Gobierno a que lo haga mediante "el mecanismo legal" que, en función de sus competencias, pueda aplicar.

Esto es, afirma Alós, "imprescindible" para que las Comunidades Autónomas puedan "contratar de forma urgente y poner medios para tener recursos que permitan atender a los menores que ya tienen", así como "a los que les van a ir llegando". A partir de ahí, lograr que se "activen mecanismos en Europa para recibir ayudas", porque esta situación no sólo afecta a España.

En la carta que el PP ha remitido este lunes al Gobierno también se recoge la exigencia de "garantizar" la minoría de edad de todos los migrantes que se pretenden repartir entre el resto de comunidades. También la de establecer un fondo de contingencia plurianual que recoja la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación.

Otra de sus propuestas es que, cuando el número de menores exceda la capacidad de los recursos instalados en un territorio, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa.

Quizá, una de las exigencias más importantes es la de que la ley no venga recogida ninguna forma de excepcionalidad catalana. El PP pide garantías de que el reparto será para todas las regiones sin excepción, de forma que "no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna Comunidades Autónomas".

El PP también exige al Gobierno un Plan de Política migratoria para ejercer con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración con el objetivo contener sustancialmente las entradas irregulares.

Los populares ven "imprescindible" reforzar el control de las fronteras marítimas, así como establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles. Además, instan a que se lleven a cabo las inversiones necesarias con los países de origen.

Quizá, una de las exigencias más importantes es la de que la ley no venga recogida ninguna forma de excepcionalidad catalana. El PP pide garantías de que el reparto será para todas las regiones sin excepción, de forma que "no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna Comunidades Autónomas".