Moncloa vuelve a culpar a la "jauría ultra"; el PP pide la dimisión de Sánchez como él hizo con Rajoy

Sin embargo, en la oposición consideran que lo sucedido este lunes tiene entidad suficiente como para exigir la dimisión de Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó las palabras que el presidente dijo en 2017 cuando Mariano Rajoy fue llamado a declarar por Gürtel: "Sólo le queda una salida honorable, presente su dimisión".

Mientras tanto, los socios del PSOE en el Congreso de los Diputados consideran que esta situación propicia que el llamado "plan de regeneración" del Gobierno incluya medidas contra el lawfare. Esto, sin embargo, es algo que fuentes de Moncloa rechazan de pleno.

A primera hora de este lunes se conoció la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado citaba a declarar a Sánchez el próximo martes, 30 de julio, en calidad de testigo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de su mujer. Lo hará en el Palacio de la Moncloa y el interrogatorio será grabado.

Desde el Gobierno aún no quieren desvelar si Sánchez contestará a las preguntas del juez, aunque puede negarse a responder por ser cónyuge de la investigada. Tampoco quieren aportar luz a si responderá a las preguntas por escrito, otra posibilidad.

En Moncloa cierran filas y emplazan de momento a la declaración que hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este lunes en el Congreso. "Mi opinión es que lo que parece, es. Y es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente y su familia", aseguró el ministro.

Esta "persecución", dijo, "se inicia con organizaciones ultraderechistas" y acusó al PP y a Alberto Núñez Feijóo de hacer "una utilización política de esa persecución, intentando ensuciar el nombre de personas honestas como lo es la mujer del presidente".

Las palabras de Bolaños son todo un dardo contra el juez Peinado, absolutamente calculado ya que asumió la cartera con el ánimo de rebajar la crispación entre los jueces y el Gobierno. El viernes pasado ya abrió la ofensiva con unas declaraciones similares y este lunes las volvió a repartir.

Además, este martes habrá Consejo de Ministros y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, insistirá en el mensaje de la persecución. Esta estrategia se combina con la defensa jurídica de Gómez, que denuncia errores procesales y una investigación penal sin dirección concreta.

El Sánchez de 2017

A pesar de esta estrategia, lo cierto es que el propio Pedro Sánchez pidió la dimisión de Mariano Rajoy en 2017 cuando fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Y Alberto Núñez Feijóo recordó sus palabras este lunes tras la Junta Directiva Nacional del PP.

"¿No cree que los españoles merecen un presidente limpio de sospecha? Sólo le queda una salida honorable: presente su dimisión ante el Rey esta mañana. No arrastre a España en su caída, señor presidente", dijo Sánchez en 2017.

"En nombre del partido mayoritario en el Congreso, le pido que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta", dijo Feijóo. "Una ciudadana o un ciudadano imputados tienen el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no lo tiene. Un Gobierno debe dar explicaciones, siempre", añadió.

"Es lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque le ha llamado a declarar", apuntaló.

En el otro lado del espectro político, los socios habituales de Sánchez en el Congreso aprovecharon esta situación para pedirle que incluya el lawfare en las medidas que el Gobierno planteará como parte de su plan de "regeneración democrática". Algunos grupos políticos se reunieron con Bolaños en el Congreso y le trasladaron esta petición.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua dijo que "todo esto obedece a un impulso político que viene desde un juez determinado" y que se podría llamar "acoso judicial o lawfare". La líder de Podemos, Ione Belarra, dijo que la regeneración democrática "es importante, en un contexto en el cual el propio presidente del Gobierno y su familia está viviendo ese acoso judicial que hemos vivido otros en la última década de forma mucho más intensa".

Fuentes de Moncloa, sin embargo, descartan que vayan a incluir en su paquete de medidas algunas dirigidas a combatir el llamado lawfare. Sí están abiertos a otras reformas, como la de secretos oficiales, pero no impulsarán nada en relación con los jueces, según aseguran.