PSOE, Sumar y Coalición Canaria registran la ley de extranjería para repartir niños sin esperar al PP

Aunque la situación ha escalado estas últimas semanas, fuentes parlamentarias aclaran que las conversaciones entre Pedro Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abarcan ya varios meses. Moncloa, dicen las mismas personas, se comprometió a principios de año a buscar una "solución permanente a la crisis migratoria" que se vive en las islas, donde hay acogidos cerca de 6.000 menores para sólo 2.000 plazas.

Si todo sigue su plazo, la medida se debatirá en el Pleno del 23 de julio, aunque saben que sí o sí deberá contar con el apoyo del PP. En este caso, no funciona la geometría variable del bloque de investidura.

[Las comunidades del PP aceptan el reparto de 347 menas de Canarias y sólo Cataluña se desmarca]

"Junts nunca la apoyará, ERC parece que tampoco y el PP necesita pensárselo", resumen fuentes parlamentarias cercanas a la negociación. El borrador de la reforma lleva las firmas de los portavoces Patxi López (PSOE), Iñigo Errejón (Sumar) y Cristina Valido (Coalición Canaria); si no logra los apoyos suficientes, no se descarta tramitarla como decreto ley en lugar de como proposición.

La propuesta, según ha explicado este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, modifica el artículo 35 de la ley, el referido a los menores extranjeros no acompañados (menas), para obligar a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado cuando un territorio de acogida supere el 150% de su capacidad. Este es el caso de Canarias, que actualmente la triplica.

El archipiélago debe repartir cerca de 4.000 menores por todo el país en un plazo de doce meses... y eso sin contar con que lleguen más. Además, ante la duda de si un extranjero es menor de edad o no, deberán ser las autonomías receptoras las que realicen las comprobaciones pertinentes.

El mecanismo

El sistema de reparto de estos menores se deberá acordar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley. Ahí se decidirá el meollo de la cuestión, que es cuáles son los criterios de cada territorio para acoger a los menores; si no hay acuerdo, la distribución se hará en función del acuerdo de 2022. 

Torres ha defendido que se trata de "una medida de emergencia, de urgencia y justa", por lo que ha pedido al PP que la apoye en el Congreso para que pueda ser aprobada lo antes posible "por el interés del menor" y por solidaridad con una comunidad que está soportando "individualmente" el peso de la migración.

No obstante, las autonomías del PP decidieron no abordar esta propuesta en la reunión de la pasada semana: decían no tener tiempo suficiente para analizarla y criticaron la falta de financiación. Sí aprobaron el reparto de 347 menores, voluntario, para paliar la saturación en Canarias y Ceuta.