Ninguna democracia dio amnistías para favorecer a sus gobernantes: Sánchez no tendría precedentes

Pero en las democracias europeas no hay ningún precedente de una Ley de amnistía aprobada en beneficio político del propio Gobierno que la otorga, como la que se plantea ahora para que el presidente en funciones Pedro Sánchez pueda continuar en el cargo, con los votos de los dos partidos cuyos altos cargos esperan la medida de gracia.

Este es el aspecto más "reprobable moralmente" de la propuesta que está negociando el PSOE, señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo. El único antecedente similar sería el "autoindulto" que el dictador Francisco Franco se otorgó en septiembre de 1939, por el que declaraba "no delictivo" su golpe de Estado contra la República.

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El caso de amnistía más reciente en Europa ha sido la aprobada el pasado mes de julio por el Parlamento de Portugal, para los delitos menores cometidos por jóvenes de 16 a 30 años, con motivo de la visita del Papa Francisco. Pero a diferencia de España, la amnistía sí está regulada tanto en la Constitución de Portugal como en la de Francia (que en 1988 la concedió a los miembros de un grupo terrorista de Nueva Caledonia tras la matanza de la isla de Ouvéa).

En una democracia como España, destaca el profesor Ruiz Robledo, esta medida de gracia constituye "una ruptura constitucional", pues quiebra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

El autoindulto de Franco en 1939

Cinco meses después del fin de la Guerra Civil, el dictador Francisco Franco dictó el 23 de septiembre de 1939 una Ley (conocida como el "autoindulto de Franco") que declaraba "no delictivos" distintos hechos cometidos durante todo el período de la Segunda República por "personas que, lejos de todo propósito delictivo, obedecieron a impulso del más fervoroso patriotismo y en defensa de los ideales que provocaron el glorioso Alzamiento contra el Frente Popular".

La norma incluía el borrado de antecedentes penales y el archivo de los procedimientos criminales abiertos contra quienes actuaron "como protesta
contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobierno que con su conducta justificaron el Alzamiento". Pues, añadía la norma, "lejos de merecer las iras de la Ley son acreedores a la gratitud de sus conciudadanos". Entre los hechos declarados de este modo como "no delictivos" se encontraba el propio golpe de Estado de Franco del 18 de julio de 1936 contra la República, que dio inicio a la Guerra Civil. 

Portugal: la amnistía del Papa

El caso más reciente es el de Portugal, cuyo Parlamento aprobó el pasado 18 de julio una amnistía para todos los jóvenes de 16 a 30 años que estén procesados por delitos menores. El Gobierno del presidente socialista António Costa impulsó esta iniciativa con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que contó con la presencia del Papa Francisco.

Sólo quedaron excluidos de la amnistía delitos como el homicidio, el tráfico de órganos, el robo, el blanqueo, el secuestro, la extorsión, la incitación al odio, la corrupción y los delitos contra la libertad sexual o contra la soberanía nacional.  A diferencia de España, la Constitución de Portugal sí regula la amnistía. Pese a ello, algunos juristas del país han denunciado que esta decisión del Ejecutivo de Costa vulnera el principio de igual, al otorgar el perdón (y el borrado de los delitos) en función de la edad de los procesados.

Eslovaquia: el secuestro del hijo del presidente

Algunos pueblos se resisten a aceptar la amnesia. En 1995 fue secuestrado en Bratislava el hijo de Michal Kováč, el primer jefe del Estado de Eslovaquia tras la disolución de la antigua Checoslovaquia. El hijo de Kováč permanció secuestrado 176 días, hasta que fue trasladado en el maletero de un coche hasta Austria, para que fuera interrogado como testigo de un caso de corrupción millonario.

El secuestro fue perpetrado por una docena de agentes de los servicios de inteligencia de Eslovaquia, bajo las órdenes del primer ministro Vladimir Meciar, quien tres años después decretó una amnistía para que ninguno de ellos tuviera que responder ante la Justicia.

Tras la muerte del presidente Kováč, el Parlamento de Eslovaquia anuló en abril de 2017 esta Ley de Amnistía, por considerar que había contribuido a crear impunidad para los crímenes del Estado. La Justicia del país reabrió entonces las diligencias sobre el secuestro y solicitó una euroorden de detención contra uno de los implicados.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó en 2021 esta decisión, al entender que el archivo de las diligencias como resultado de la amnistía había impedido un pronunciamiento de la Justicia sobre la responsabilidad penal de los acusados. Por tanto, determinó, estos no estaban amparados por el principio non bis in idem (según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

Francia: la matanza de la isla de Ouvéa

Miembros del grupo terrorista Frente de Liberación Nacional y Socialista Kanak (FLNKS) asaltaron en mayo de 1988 una gendarmería en la isla de Ouvéa (Nueva Caledonia) y secuestraron a 27 agentes. El Gobierno francés envió al Ejército, que intentó recuperar a los rehenes retenidos en el interior de una cueva. El asalto se saldó con un baño de sangre: murieron dos militares y 19 terroristas del FLNKS, entre ellos su líder, Alphonse Dianou.

El Gobierno socialista de Michel Rocard promovió entonces los Acuerdos de Matignon (que toman su nombre del conocido hotel de París en el que se negociaron), en los que se concedió la amnistía por estos hechos y se abrió la puerta para que los habitantes de Nueva Caledonia pudieran decidir sobre su independencia.

Desde entonces, esta colonia francesa situada en Oceanía, con una población de 274.000 habitantes, ha celebrado cuatro referéndums de independencia (en 1987, 2018, 2020 y 2021). En todos los casos, se ha impuesto la decisión de seguir formando parte de la República francesa. Se trata, no obstante, de un proceso de descolonización que no es equiparable a la situación de Cataluña.

El 'capitán abril' de Portugal

El teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho fue uno de los héroes de la Revolución de los Claveles que puso fin a la dictadura militar en Portugal en abril de 1974. Sin embargo, ya en los años 80, lideró una organización terrorista, las Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), de orientación maoísta, que cometió varios atracos y atentados. Se le atribuyen 19 homicidios. 

Saraiva de Carvalho fue condenado en 1984 a 15 años de cárcel por estos hechos, aunque negó haber participado en ningún crimen: "Nunca mandé matar a nadie. Siento auténtico horror ante cualquier asesinato". Finalmente, en 1996, bajo la presidencia del socialista Mario Soares, la Asamblea de la República aprobó una amnistía para Carvalho y otros 46 miembros de su organización terrorista.

Crímenes de guerra en Croacia

El Parlamento de Croacia aprobó en 1996 una Ley de Amnistía General para todos los delitos cometidos en su territorio desde el 17 de agosto de 1990, con motivo de la guerra de los Balcanes. No obstante, el artículo 3 de esta norma excluía las "violaciones más graves del Derecho Internacional humanitario que tengan el carácter de crímenes de guerra", como el genocidio, los crímenes sobre la población civil, el "trato cruel a los heridos, enfermos y prisioneros de guerra" o la destrucción del patrimonio cultural e histórico. La doctrina del Derecho Internacional establece que las graves violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes a través de una amnistía.

Colombia: 6 amnistías para la narcoguerrilla

El hecho de que los sucesivos de Colombia hayan aprobado hasta seis leyes de amnistía en el último medio siglo para acabar con distintos movimientos de guerrilla y narcoterrorismo acredita que este instrumento no es siempre extremadamente eficaz en los procesos de paz. 

Más de 7.000 terroristas de las FARC han entregado las armas y se han beneficiado de la amnistía aprobada en diciembre de 2016, como resultado del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, ratificado en plebiscito aquel mismo año.

Antes hubo otras amnistías como la de 1967 (por las protestas estudiantiles de la Universidad Nacional de Bogotá, donde la intervención de la Policía provocó varias muertes) o la de 1971 por la ocupación de la refinería Ecopetrol, en la que los sindicalistas tomaron varios rehenes.

El Movimiento M-19 (en el que militaba el actual presidente, Gustavo Petro) se benefició de una amnistía en 1981 por el asalto de la Embajada de la República Dominicana. Pero este grupo guerrillero volvió a cometer luego nuevos atentados, como la Toma de Palacio de Justicia en 1985.