Los '4.000 indepes' que esperan la amnistía: del espionaje ruso a los que fabricaban explosivos

Esta vez, Junts ha decidido vender muy caro su necesario apoyo para la investidura de Pedro Sánchez y exige una amnistía para decenas de excargos públicos y particulares, posiblemente cientos, encausados por delitos que abarcan casi todo el Código Penal: desde la desobediencia, la malversación de fondos públicos y la prevaricación, a las coacciones, daños y estragos, atentado a la autoridad, la fabricación de explosivos y el terrorismo.

La amnistía no sólo supone el perdón de los delitos, sino el olvido (la amnesia), como si éstos nunca hubieran existido. De esta medida no sólo se beneficiarían todos los condenados por el Supremo en el juicio del 1-O, sino Puigdemont y el resto de fugitivos de la Justicia, quienes conspiraron con agentes de Putin para obtener el apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña, los promotores del llamado Tsunami Democràtic y los miembros de los CDR que fabricaban explosivos para atentar contra infraestructuras y planeaban asaltar el Parlament.

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Los expertos juristas consultados por EL ESPAÑOL señalan que la amnistía tiene "difícil encaje" en la Constitución. Se trata de una medida de gracia generalizada utilizada habitualmente en procesos de transición de una dictadura a la democracia (como la otorgada en 1977) o para poner fin a décadas de terrorismo, otorgando la impunidad a los autores de los crímenes.

Una suerte de cambio de régimen que también entra en los planes de Puigdemont, quien ya incluye la ofensiva contra la Corona y contra el Rey Felipe VI en la agenda soberanista que plantea a los negociadores del PSOE.

1. Puigdemont y los "exiliados"

No todos los responsables del 1-O se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo. Los primeros destinatarios de la amnistía que exige Junts son Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsellers de la Generalitat que todavía se encuentran huidos de la Justicia ("exiliados", según los separatistas).

Tras la derogación del delito de sedición, el Tribunal Supremo mantiene imputados por el tipo agravado de malversación a Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín (los tres huidos en Bruselas), por destinar fondos públicos a la organización del 1-O. En cambio, Marta Rovira (en Suiza) y Clara Ponsatí (quien tras pisar suelo español el pasado mes de abril, eludió la citación del Supremo y se marchó a Bélgica) sólo se enfrentan a un delito de desobediencia, que puede acarrear multas e inhabilitación, pero no penas de cárcel.

La concesión de la amnistía supondría declarar por Ley que Puigdemont y sus consellers no cometieron ningún delito al organizar el referéndum del 1-O: podrían regresar a España sin reproche penal y reincorporarse a la política.

De los siete exaltos cargos de la Generalitat que huyeron de España tras el 1-O, dos ya han regresado: la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret (condenada el pasado mes de abril a un año de inhabilitación y una multa de ocho meses por un delito de desobediencia) y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, que puede enfrentarse a una pena similar.

2. El Tsunami Democràtic

Un informe enviado por la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sitúa a la secretaria general de ERC, Marta Rovira (huida de la Justicia en Suiza), como una de las máximas responsables del llamado Tsunami Democràtic, el canal de Telegram utilizado para convocar protestas masivas: como la que colapsó el aeropuerto del Prat con miles de personas el 14 de octubre de 2019, lo que obligó a cancelar decenas de vuelos y causó pérdidas cifradas en 2,7 millones de euros.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la Justicia en Suiza. Europa Press

La Guardia Civil también sitúa como responsables del Tsunami al dirigente de ERC Xavier Vendrell (que fue conseller de Interior en el Tripartito de Pasqual Maragall, tras cometer varios atentamos terroristas como miembro de Terra Lliure en los años 80) y al editor Oriol Soler (quien pocos días después del 1-O fue grabado cuando visitaba a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres).

No obstante, una vez derogado el delito de sedición, la Fiscalía sopesa pedir a García-Castellón que traslade la causa a un Juzgado de Barcelona, al apreciar que los hechos no son constitutivos de terrorismo. Así se allanaría el camino a los encausados, entre se encuentran Josep Lluís Alay, el informático Jaume Cabani (que ha trabajado para Puigdemont en Waterloo) y la militante de ERC Marta Molina. Según la causa, los miembros de la organización contaron con la colaboración de varios agentes de los Mossos d'Esquadra, que les facilitaron información confidencial de bases de datos policiales y sobre movimientos de altos cargos.

3. Los espías rusos

Los pinchazos telefónicos ordenados por el juez Joaquín Aguirre (en una causa sobre el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona para financiar al movimiento independentista) destaparon los contactos entre los más estrechos colaboradores de Puigdemont y agentes del Kremlin en fechas próximas al 1-O.

En una entrevista concedida el pasado mes de diciembre a France TV, Víctor Terradellas (asesor de Carles Puigdemont y presidente de la Fundación CATMon) reconoció que Puigdemont recibió en octubre de 2017 en el Palacio de la Generalitat a dos emisarios del Kremlin, que le ofrecieron ayuda financiera y "10.000 soldados rusos", horas antes de proclamar la independencia de Cataluña.

[Puigdemont se reunió con un supuesto emisario del Kremlin 24 horas antes de declarar la independencia]

Más recientemente, un informe de la Comisión Europea sobre "amenazas híbridas" ha constatado que el régimen de Vladímir Putin colaboró con el proceso de independencia puesto en marcha por Puigdemont, con apoyo logístico y financiero, además de impulsar campañas de desinformación mediante activistas en redes sociales y sus medios de comunicación, como Rusia Today. Una práctica habitual del Kremlin para desestabilizar a las democracias europeas.

El juez instructor ha archivado la pieza en la que investigaba una operación de venta de gas licuado ruso a China, realizada en 2020 por importe de 6 millones de dólares, al no poder acreditar que estos fondos sirvieron para financiar al entorno de Puigdemont. El empresario ruso Alexander Dmitrenko había informado puntualmente de todos los detalles de la operación a Josep Lluís Alay (en cuyo teléfono móvil fue hallada la información), quien en aquel momento era jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Waterloo.

Josep Lluís Alay durante una intervención en un programa de TV3. TV3

El Ministerio de Justicia había denegado en octubre de 2020 la nacionalidad española a Dmitrenko, después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informara de que mantiene estrechos vínculos con "los servicios de inteligencia rusos y con líderes del crimen organizado transacional de origen ruso, para los que realiza diferentes labores".

En la misma causa, el juez instructor Joaquín Aguirre levantó la imputación al empresario David Madí (exjefe de gabinete de Artur Mas), quien no obstante fue condenado en octubre de 2022 a 14 meses de cárcel y una multa de 219.750 euros, por defraudar a Hacienda y utilizar una trama de facturas falsas para financiar la campaña electoral de Artur Mas con fondos procedentes de TV3. Los pagos se efectuaban a través de la productora Triacom (que en aquel momento pertenecía al grupo Mediapro), cuyo administrador, Oriol Carbó, también fue condenado tras confesar el fraude. 

4. La 'Operación Judas'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón mantiene imputados por terrorismo a 12 miembros del núcleo radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), que fueron detenidos en septiembre de 2019 en la denominada Operación Judas. Según la investigación, este grupo elaboró explosivos con los que pretendía atentar contra infraestructuras. También habían trazado un plan para asaltar y encerrarse en el Parlament, con el fin de proclamar de nuevo la independencia.

5. La red de embajadas

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, mantiene imputados a una docena de exaltos cargos de la Generalitat por prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos, que habrían desviado a través del Diplocat y su red de embajadas para internacionalizar el procés. Entre los encausados se encuentran el exconseller de Exteriores Raül Romeva (que ya fue condenado por el Supremo por el 1-O), el exsecretario del Diplocat Albert Royo y el exsecretario del Govern Víctor Cullell.

La auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas determinó que desviaron al menos 972.228 euros para, entre otros fines, pagar todos los gastos de los supuestos "observadores internacionales" encargados de avalar los resultados del referéndum del 1-O. Antes, entre 2013 y 2015, Artur Mas usó el Diplocat y su red de embajadas para contratar por un millón y medio de euros a una consultora de relaciones públicas de EEUU, con el fin de que recabara el apoyo de medios de comunicación y organismos internacionales al proceso de independencia de Cataluña.

6. La organización del 1-O

Un total de 29 excargos de segundo rango de la Generalitat y empresarios están a la espera de juicio, imputados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su presunta implicación en los preparativos del referéndum del 1-O. Están acusados de delitos como la cesión ilegal del censo de votantes (revelación de secretos) o  malversación por destinar fondos públicos para organizar la consulta.

Entre ellos, la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, que habría falseado informes para ocultar estos gastos ilegales (y lo siguió haciendo durante la aplicación del 155). También Aleix Villatoro (exdirector del Consell Català de l'Esport), Francesc Sutrias (secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Generalitat), Ignasi Genovés (exdirector general de Atención Ciudadana), el exdirector de estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) Josué Sallent y responsables del área tecnológica de las consellerias de Exteriores (Xavier Puig) y Trabajo (David Franco y David Palanques).

El exdirector de TV3 Vicent Sanchis, el exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo y Núria Llorach (hoy secretaria del Consejo del Audiovisual de Cataluña) están imputados por desobediencia, por negarse a acatar la orden que prohibía emitir los espacios de promoción del referéndum ilegal.

El exdirector general de TV3 Vicent Sanchis.

También están imputados los excargos que desviaron fondos públicos para contratar ilegalmente estas inserciones publicitarias: el exdirector de Comunicación del Govern Jaume Clotet, el exsecretario de Comunicación Antoni Molons y el exsecretario de Difusión del Departamento de Presidencia, Joaquim Nin.

Entre los encausados se encuentran, igualmente, la exdirectora de la firma tecnológica T-Systems Rosa Maria Rodríguez (que dirigió el desarrollo de la aplicación informática utilizada en la votación), el editor de El Vallenc Francesc Fàbregas (que habría impreso miles de actas elaboradas a partir del censo cedido ilegalmente) y Pablo Raventós, exdirector general la compañía Unipost, encargada de remitir las certificaciones elaboradas con el mismo censo.

Por su condición de aforados, el TSJC asumió la causa contra el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, el exsecretario de Hacienda, Lluis Salvadó (al que ERC colocó luego como presidente del Port de Barcelona), y la actual consellera de Cultura de la Generalitat, Natalia Garriga (aunque esta última sólo se enfrenta a un presunto delito de desobediencia, por tanto, sin pena de cárcel).

7. La pancarta de Quim Torra

Quim Torra se vio obligado a abandonar la presidencia de la Generalitat en septiembre de 2020, después de que el Supremo confirmara su condena a un año y medio de inhabilitación como autor de un delito de desobediencia "reiterada y contumaz", por negarse a acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar del balcón de la Generalitat una pancarta a favor de los llamados "presos políticos".

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en febrero de 2020 en el Parlament junto a su sucesor, Pere Aragonés. Europa Press

En una situación similar se encuentran decenas de alcaldes independentistas catalanes, imputados por el delito de desobediencia por ceder centros escolares para celebrar el referéndum del 1-O o por negarse a retirar pancartas independentistas y lazos amarillos de las fachadas de sus ayuntamientos (lo que quiebra la neutralidad de las instituciones, obligada por ley). Junts quiere incluir a todos ellos en su amnistía.

8. Condenados por echar a la Policía

Un teniente de alcalde y una exconcejal del Ayuntamiento de Pineda de Mar (Barcelona), ambos del PSC, aceptaron el pasado mes de enero una pena de un año de cárcel y otro de inhabilitación como autores de un delito de coacciones: presionaron a una empresa hotelera para que echaran de su establecimiento a 500 agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que se encontraban alojados en su municipio durante el operativo del 1-O. Otros cargos municipales están a la espera de juicio por hechos similares. Todos ellos están en la lista de la amnistía que exige Puigdemont.

9. La red de alcaldes separatistas

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó el pasado 15 de junio reabrir la causa contra nueve miembros y directivos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), investigados por delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales. Están acusados de desviar fondos públicos para crear estructuras que permitiesen la celebración del referéndum independentista y para desarrollar otras actividades vinculadas al procés. El Supremo revocó así la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que el 8 de julio de 2021 había acordado sobreseer la causa.

10. Artur Mas y el 9-N

Vuelven los fantasmas del pasado. El Tribunal Constitucional confirmó en octubre de 2021 la condena al expresidente de la Generalitat Artur Mas (dos años de inhabilitación) y las exconselleras Joana Ortega (un año y nueve meses) e Irene Rigau (un año y medio), como autores de un delito de desobediencia por organizar el referéndum ilegal de independencia de 9-N de 2014.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, el pasado 30 de mayo. Europa Press

Por su parte, el Tribunal de Cuentas les condenó (junto a Francesc Homs y otras seis personas) a devolver los casi cinco millones de euros públicos que malversaron en esta consulta ilegal. La Mesa del Congreso, presidida en aquel momento por Meritxell Batet, rechazó en junio de 2021 tramitar la proposición de Ley registrada por ERC y Junts para amnistiar a todos ellos y a otras decenas de cargos públicos condenados o imputados en causas vinculadas al procés. Ambos partidos vuelven a intentarlo ahora.

11. Violencia callejera

Aunque es absolutamente improbable que alcancen los 4.000, varias decenas de independentistas se encuentran encausados por resistencia o atentado a la autoridad, daños o estragos, al protagonizar altercados violentos, tanto en las protestas de octubre de 2019 (cuando se conoció la sentencia del procés), en los cortes de carreteras o en la misma jornada del 1-O. La petición de borrón y cuenta nueva de Junts también está dedicada a todos ellos.