Llega la Ley de Paridad: habrá al menos un 40% de mujeres también en la cúpula militar y judicial

La norma pretende garantizar que las mujeres ocupen al menos el 40% de los puestos en órganos de dirección de las empresas cotizadas, los órganos constitucionales (como el Tribunal Constitucional), los Parlamentos y la Administración de Estado.

Esta cuota mínima también se hará extensiva a la cúpula del Ejército —aunque el Ministerio de Defensa intentó, sin éxito, suavizar este requisito durante la redacción de la norma— y a los puestos clave de la Administración de Justicia.

El texto establece un nivel de exigencia muy desigual: las empresas tendrán tres años para adaptarse, los sindicatos y patronales deberán hacerlo antes de cuatro años y la Administración se ha concedido un margen más laxo: cinco años.

La denominada Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres responde a un compromiso personal del presidente Pedro Sánchez y es la única que ha conseguido sacar adelante el Gobierno en el primer año de investidura, junto a la de amnistía.

Los órganos constitucionales

Según la Ley, deberá existir una proporción de entre el 40% y el 60% de mujeres en el Pleno del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y entre los consejeros del Tribunal de Cuentas, a partir de la próxima renovación de estas instituciones.

Ya cumple este precepto, por la mínima, el Tribunal Constitucional: 5 de sus 12 miembros son mujeres (el 41,6%). También cumple, de forma paritaria, el Consejo Fiscal: está compuesto por seis hombres (entre ellos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz) y seis mujeres.

El Consejo de Estado, que actualmente preside Carmen Calvo, sólo cumple entre sus consejeros electos (cuatro de los diez son mujeres), pero no entre los permanentes (sólo tres de sus nueve miembros son mujeres).

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que quedó constituido el jueves, está formado por ocho mujeres (40%) y 12 hombres. Si finalmente el nuevo presidente que designen sus miembros es mujer, la proporción de éstas se elevará hasta el 42,8%.

Listas cremalleras

A partir de la entrada en vigor de la ley, los partidos deberán presentar candidaturas con listas cremallera (con idéntico número de hombres y mujeres, en puestos alternos) en todas las elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Parlamento Europeo, a los Parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos y a los consells y cabildos insulares.

La Junta Electoral no aceptará aquellas candidaturas que incumplan esta norma. En las elecciones municipales a ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes, no serán obligatorias las listas cremalleras, pero las mujeres deberán ocupar entre el 40% y el 60% de cada candidatura.

La cúpula militar

La norma también hace extensiva la cuota mínima del 40% de mujeres a los nombramientos de la cúpula de Defensa, previstos en los artículos 13 y 102.1 de la Ley 39/2007 de la carrera militar.

La primera de estas disposiciones alude a la designación del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. La segunda se refiere a los cargos que ocupan los tenientes generales y generales de división, una decisión que compete al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Defensa.

Durante el proceso de elaboración de la norma, la secretaría general técnica del Ministerio de Defensa pidió que el mínimo de 40% de mujeres no afecte a estos nombramientos. Defensa era consciente de que la tardía incorporación de la mujer a los Ejércitos —a diferencia, por ejemplo, de la Administración de Justicia— iba a complicar el cumplimiento de este compromiso.

Sin embargo, el Ministerio de Presidencia, impulsor de la iniciativa parlamentaria, denegó esta petición alegando que abriría la puerta para que otros departamentos de la Administración soliciten excepciones similares. En cualquier caso, Defensa —al igual que el resto de departamentos del Gobierno— tendrá un plazo de cinco años para adaptarse a la norma.

La cúpula judicial

A partir de la entrada en vigor de la Ley, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá un plazo de un año para adaptar el reglamento que regula la provisión de "plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales", con el fin de que estos puestos sean ocupados también por mujeres, al menos en una proporción del 40%.

Este reglamento alude a la designación de cargos como las presidencias de Sala y magistrados del Tribunal Supremo; la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus distintas Salas, así como la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

La Moncloa ya cumple

La ley también exige que haya al menos un 40% de mujeres en el Consejo de Ministros (lo son 11 de sus 23 miembros), en los órganos superiores de la Administración del Estado y entre el personal de alta dirección de sus empresas y entes públicos.

El gabinete de Presidencia de la Moncloa ya cumple este precepto. 12 de sus 28 miembros son mujeres (el 42%). Queda mucho por hacer en el resto de la Administración, pero el Gobierno se ha otorgado una condición ventajosa: mientras las empresas tienen sólo tres años para adaptarse, el plazo de la Administración pública es de cinco años.

Empresas públicas

Pese a la decidida vocación feminista del actual Gobierno, sólo hay un puñado de mujeres al frente de las empresas públicas o participadas. Concepción Cascajosa es presidenta interina de RTVE. La exministra de Transportes Raquel Sánchez se encuentra hoy al frente de Paradores, Belén Gualda preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la exministra de Vivienda Beatriz Corredor preside Red Eléctrica.

En cambio, es abrumadora la mayoría de hombres en la presidencia del resto de empresas y corporaciones públicas: desde Correos (Pedro Saura), a Mercasa (el exministro de Sanidad José Miñones), Navantia (Ricardo Domínguez), la Agencia EFE (Miguel Ángel Oliver), Loterías y Apuestas del Estado (Jesús Huerta), Renfe (Raül Blanco), Aena (Maurici Lucena) o Enresa (José Luis Navarro).

Para todas estas empresas y corporaciones públicas, la Ley de Paridad establece que las mujeres deben ocupar al menos el 40% de los puestos de sus consejos de administración y cargos de alta dirección.

Más mujeres que hombres

Como regla general, la ley exige una presencia de al menos el 40% y un máximo del 60% de mujeres en todos los mencionados órganos, tanto públicos como privados. No obstante, la disposición primera de la norma permite que el porcentaje de mujeres supere el 60%, de forma excepcional y "justificada". Pero no ocurre a la inversa: el número de hombres jamás podrá superar el 60%.

Hasta los jurados de los premios

La misma regla (al menos 40% de mujeres) se aplicará en la junta de gobierno y órganos de dirección de los sindicatos, patronales, colegios profesionales, el Consejo de Informativos de TVE, el Consejo de Estudiantes Universitario de Estado y en las fundaciones privadas que tengan más de 125 empleados o más de 20 millones de euros de presupuesto anual.

Todos estos organismos tienen un plazo de cuatro años para adaptarse. A partir de la entrada en vigor de la norma, debe haber al menos un 40% de mujeres en los tribunales y jurados que otorguen todo tipo de premios o distinciones, concedidos o financiados por la Administración.

Multas sólo para empresas

Las mujeres también deberán ocupar al menos el 40% de los puestos en el consejo de administración y los cargos de alta dirección en las empresas que cotizan en Bolsa. Las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil deberán cumplir este requisito antes del 30 de junio de 2026. El resto tendrán un año más para hacerlo.

El Instituto de las Mujeres (que recientemente se ha visto salpicado por la polémica de los contratos de Puntos Violeta adjudicados a la pareja de su ya exdirectora, Isabel García) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encargarán de promocionar, analizar y realizar el seguimiento del cumplimiento de este requisito en las empresas cotizadas.

La CNMV sancionará a las empresas cotizadas que no cumplan la norma del 40% antes del plazo fijado, como una "infracción grave". 

Va más allá de la UE

En lo que se refiere a las empresas cotizadas, la Ley de Paridad es una trasposición de la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 23 de noviembre de 2022. Pero la Ley Orgánica impulsada por el ministro Félix Bolaños va más lejos.

La directiva europea prevé una cuota mínima del 40% de mujeres en los órganos de administración no ejecutivos de las empresas cotizadas, o bien 33% en todos sus órganos de dirección. El Gobierno español ha decidido endurecer estos requisitos, y hacerlos extensivos también a los principales órganos de la Administración pública y entidades privadas.