¿Quién presidirá el CGPJ? Seijo y Bodas lideran el sector progresista, Abascal y Montero el conservador

A la hora de negociar estos acuerdos, van a jugar un papel clave dos de los diez nombres propuestos por el PSOE: el magistrado de lo social Ricardo Bodas (que dictó sentencias históricas, como la que suspendió la huelga de futbolistas en 2015) y el juez de lo mercantil José María Fernández Seijo, quien desde España planteó la primer cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para acabar con las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Se trata del mismo mecanismo al que podría recurrir ahora el Tribunal Supremo, para bloquear la aplicación de la ley de amnistía en los delitos de malversación y terrorismo.

Entre los 10 vocales propuestos por el PP, ya se perfila el protagonismo que van a tener el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal (quien durante los últimos años ha colaborado estrechamente con Manuel García-Castellón) y el hasta ahora magistrado del Supremo José Antonio Montero, experto en Derecho Tributario.

La primera tarea que debe asumir el CGPJ será designar a su nuevo presidente, que al mismo tiempo se convertirá en presidente del Tribunal Supremo (el candidato ha de ser magistrado del Supremo, o bien jurista de reconocido prestigio con una trayectoria de al menos 25 años).

El Consejo tiene además el mandado de proponer, en un plazo de seis meses, un nuevo modelo de elección de sus miembros, basado en los estándares europeos (lo que implicaría que parte de sus vocales sean elegidos por los propios jueces, y no por los políticos).

Por último, el nuevo gobierno del Poder Judicial ha de resolver, también por un amplio consenso, los nombramientos para cubrir cerca de un centenar de vacantes de jueces y magistrados en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales. Será el primer paso para resolver el bloqueo que sufre la Justicia. Estos son los 12 hombres y 8 mujeres que abren una nueva etapa en el Poder Judicial:

Ricardo Bodas, el juez que paró la huelga de futbolistas

Ricardo Bodas.

Ricardo Bodas Martín (1956) fue abogado laboralista del sindicato CCOO durante 15 años, antes de ingresar en la carrera judicial, en 1990. Sus primeros destinos fueron en el Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona y el 31 de Madrid.

Tras esta etapa, ocupó su primer cargo político en 2004, como director general de Relaciones con la Administración de Justicia, a las órdenes del ministro Juan Fernando López Aguilar, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dos años después regresó a la judicatura para presidir la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Allí fue ponente, en mayo de 2015, de una resolución histórica: a instancias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), suspendió la huelga que la Asociación de Futbolistas Españoles había convocado en las dos últimas jornadas de la temporada para reivindicar mejoras salariales.

En el auto del que fue ponente, Bodas argumentó que "si el ejercicio del derecho de huelga quedara blindado absolutamente, aunque concurrieran indicios sólidos de ilicitud de la huelga, se lesionaría claramente el derecho a la tutela judicial efectiva"

Como juez de lo Social, Ricardo Bodas también ha tenido que pronunciarse en otro conflictos laborales, como el de la firma Coca-Cola, donde anuló el despido de 800 trabajadores.

En septiembre de 2019 fue designado magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El pasado 20 de noviembre publicó un artículo en el que criticaba las protestas contra la ley de amnistía organizadas por las principales asociaciones de jueces. 

"Se ha puesto en juego la credibilidad del poder judicial", escribió al respecto, "en un momento clave para nuestra democracia, afectada por una grave polarización social y política cuya superación requiere necesariamente un poder judicial independiente y responsable, sometido únicamente al ordenamiento jurídico, cuyas resoluciones judiciales deben ser de una imparcialidad impecable e indiscutible para contribuir realmente a la pacificación de los conflictos".

Ricardo Bodas es miembro de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), afín al PSOE.

Alejandro Abascal, azote de la corrupción

Alejandro Abascal.

El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal Junquera (Oviedo, 1978) dirigió buena parte de las pesquisas que permitieron procesar a doce independentistas violentos de los CDR, por delitos de terrorismo y tenencia y fabricación de explosivos.

Ahora, al tiempo que Abascal se convierte en vocal del CGPJ, la Fiscalía pide que se aplique la amnistía a estos acusados de terrorismo, para que sus delitos queden borrados definitivamente.

Aunque en los últimos años han pasado por sus manos algunos de los casos de corrupción más sonados, como Lezo o la Operación Tándem (con múltiples ramificaciones protagonizadas por el comisario Villarejo), Alejandro Abascal está muy alejado del perfil de los llamados jueces estrella.

El CGPJ lo designó en enero de 2016 como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era entonces Eloy Velasco. Y en febrero de 2019 retomó esta labor en el mismo Juzgado, ya bajo la dirección de Manuel García-Castellón. Entre ambas etapas, ejerció como juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

También ha sido juez sustituto del Juzgado Central de Instrucción número 1 y, desde junio de 2023, estaba destinado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Hace un año, en mayo de 2023, envió al banquillo al exembajador de España en Caracas Raúl Morodo, acusado de fraude fiscal tras cobrar 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Poco antes, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia, procesó a 10 antiguos miembros de la cúpula de ETA (entre ellos, Iñaki de Rentería y Txapote), como responsables últimos del asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, cometido en junio de 2000.

En julio 2016, archivó una querella, presentada por una extravagante asociación y basada en el Informe Pisa, contra Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos, a los que se acusaba de delitos fiscales, financiación ilegal y blanqueo, por los fondos que habrían recibido del Gobierno de Venezuela (a través de la fundación CEPS) y del régimen iraní (a través del canal Hispan TV, para que el trabajó Iglesias).

José María Fernández Seijo, el juez anti desahucios 

José María Fernández Seijo.

"La literatura científica es muy aburrida y los jueces tenemos un estilo de redactar sentencias muy anticuado (...) Creo que toda la vida la podemos encontrar en obras como Alicia en el País de las Maravillas, la serie Los Simpson o películas como El Padrino", declaraba en una entrevista en enero de 2023 el juez José María Fernández Seijo (Madrid, 1965).

No recurre a los personajes de Lewis Carroll como fuente de autoridad de sus sentencias, pero sí en los distintos manuales que ha publicado sobre su especialidad, el Derecho concursal. Fue uno de los 37 miembros de la primera promoción de jueces mercantiles que se titularon en 2004.

Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha sido juez de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona y titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de la Ciudad Condal. 

En el primero de estos destinos, logró en junio de 2010 una sentencia pionera del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que permitió aplicar una directiva europea de 1993 sobre cláusulas abusivas contrarias a los intereses de los consumidores.

Esto permitió cuestionar la Ley Hipotecaria española, en algunos aspectos que habían provocado un alud de desahucios por el impacto de créditos. También recurrió al TJUE para resolver el conflicto abierto por el colectivo de los taxistas contra la empresa de servicios VTC Uber.

De este modo, José María Fernández Seijo abrió el camino que ahora, muy probablemente, va a seguir el Tribunal Supremo, mediante una cuestión prejudicial ante el TJUE, para evitar aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación.

Fernández Seijo es autor de obras como La defensa de los consumidores en las ejecuciones hipotecarias.

José Antonio Montero, experto en Derecho Tributario

José Antonio Montero.

Experto en Derecho tributario y miembro de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), José Antonio Montero Fernández (1958) va a jugar un papel protagonista en el bloque conservador del CGPJ, junto al magistrado Alejandro Abascal.

Ingresó en la carrera judicial en 1984 y ocupó sus primeros destinos en juzgados de Sanlúcar la Layor, Pozoblanco y Sevilla. Luego se convirtió en juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En 2009 ascendió a magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, cargo que ha desempeñado hasta hoy.

José Antonio Montero es abogado fiscal y secretario judicial en excedencia. Ha publicado varios estudios sobre la jurisprudencia del Supremo respecto a las tasas municipales, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (la conocida como ley mordaza) y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones en los casos de negligencias médicas.

Bernardo Fernández, 'padre' del Estatuto de Asturias

Bernardo Fernández.

Profesor de Derecho Político en la Universidad de Oviedo hasta 1981, Bernardo Fernández Pérez (Oviedo, 1950) ha desarrollado casi toda su carrera política en el Principado de Asturias, en las filas del PSOE. 

Participó en la redacción del Estatuto de Autonomía de Asturias y fue diputado autonómico durante cuatro legislaturas (1982-1995). Bajo la presidencia del socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, fue primero consejero de Interior y luego vicepresidente del Gobierno de Asturias (1991-1993). 

Rodríguez-Vigil se vio obligado a dimitir en 1993, a raíz del escándalo del petromocho: el Gobierno regional anunció una inversión multitudinaria para instalar una industria petroquímica en Gijón, pero luego se descubrió que el supuesto inversor era un impostor.

Entonces sonó el nombre de Bernardo Fernández como posible candidato socialista a la presidencia del Gobierno regional, pero finalmente se impuso su rival en el partido, Antonio Trevín. Bernardo Fernández fue nombrado en 2006 presidente del Consejo Consultivo de Asturias, cargo que ocupó hasta 2018.

Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial 

Gema Espinosa.

Gema Espinosa ha sido magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y ha dirigido la Escuela Judicial hasta que, en marzo de 2018, se vio obligada a abandonar Cataluña debido a las amenazas que recibía de los independentistas, por ser esposa del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O en el Supremo.

Una tuitera (que luego fue detenida y procesada por amenazadas) difundió en las redes sociales la dirección y fotografías de la vivienda del matrimonio en Cataluña. Y las juventudes de la CUP, Arran, vandalizaron el chalé de la pareja en Gerona, ante el que inscribieron la siguiente amenaza: "Los Países Catalanes serán vuestro infierno".

En la actualidad es magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid. Espinosa ya fue candidata a vocal del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2018 y recibió para ello el aval de 309 compañeros de carrera, pero aquella renovación quedó frustrada por la falta de acuerdo entre PP y PSOE.

Nacida en Burgos, Gema Espinosa es hija de profesores. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, en 1990 fue nombrada fiscal en el País Vasco. Pero pronto optó por la carrera judicial y obtuvo sus primeros destinos en Reinosa (Cantabria), Lerma (Burgos) y, de nuevo, en el País Vasco. Eran los años del plomo en los que la banda terrorista ETA había puesto en la diana a jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad. 

La carrera judicial le llevó luego a Cataluña, donde conoció a Pablo Llarena, que antes de saltar al Supremo fue titular del Juzgado número 31 de Barcelona y magistrado de la Audiencia Provincial.

Ángel Arozamena, exasesor de Felipe González

Ángel Arozamena Laso.

Ángel Arozamena Laso (1956) es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desde 2015. Fue uno de los cinco magistrados que, el pasado mes de septiembre, tumbaron los recursos de Vox y Ciudadanos (Cs) contra el indulto que el Consejo de Ministros había concedido a los expresidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Aunque también ha ocupado cargos de mayor calado político. Fue vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con Felipe González entre 1986 y 1990, y posteriormente, director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2007 y 2009. 

Arozamena ingresó en la carrera judicial en 1985 y ejerció como juez en Juzgados de Distrito de Cornellá (Barcelona) y Arganda del Rey (Madrid). Más tarde pasó a desempeñar funciones de magistrado de lo Contencioso Administrativo, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y luego en la Audiencia Nacional.

Isabel Revuelta, letrada contra la amnistía

Isabel Revuelta.

Isabel Revuelta Rojas es jurista y ha sido profesora del grado de Derecho impartido por la Universidad Pontificia de Comillas. Como letrada del Congreso de los Diputados, firmó el pasado mes de enero el informe que cuestionaba la constitucionalidad de la ley de amnistía.

"Se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron (...) lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley", indicaba el informe, que Revuelta firmó junto a otros dos letrados de la Cámara, Fernando Castillo y Piedad García Escudero.

Un mes después, Isabel Revuelta abandonó la Cámara Baja, para convertirse en directora de la asesoría jurídica del Senado. Con anterioridad, fue secretaria general del Ministerio de Defensa, dirigido en aquel momento por Federico Trillo.

Como letrada de las Cortes, Isabel Revuelta también participó en noviembre de 2018 en una delegación parlamentaria, formada por diputados y senadores, que viajó a Florida para asistir a la revisión del juicio del español Pablo Ibar, que llevaba 24 años en prisión (16 en el corredor de la muerte), acusado de un triple asesinato.

Lucía Avilés, defensora del 'sólo sí es sí' 

Lucía Avilés.

"Hoy no se puede ser juez sin ser feminista", defendía la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, en una entrevista concedida en diciembre de 2022.

La suya ha sido una de las pocas voces que se han alzado en la carrera judicial en defensa de la ley del sólo sí es sí, impulsada por Irene Montero, que se tradujo en rebajas de penas para más de 1.400 agresores sexuales. Lucía Avilés considera que se trata de "una buena ley", criticada por quienes pretenden "implantar una especie de terror sexual".

La Delegación del Gobierno en Cataluña otorgó en 2022 a Lucía Avilés el premio Meninas por su iniciativa de pedir al Ministerio de Justicia que se tipifique como delito la "violencia económica", que aplican algunos hombres sobre sus exparejas, por ejemplo con el impago sistemático de las pensiones alimenticias de los hijos.

La juez Lucía Avilés también se ha pronunciado sobre el caso de Dani Alves, el futbolista del FC Barcelona condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual a una joven en los baños de una discoteca.

A su juicio, "denunciar casos como el de Dani Alves contribuye a la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, puede invisibilizar otro tipo de violencias", advirtió en febrero de 2023.

También se ha mostrado convencida de que el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jeni Hermoso "jurídicamente se puede llegar a calificar como una agresión sexual. De considerarse probado que no existiera consentimiento, es una imposición forzada de un beso".

En su opinión, el juez no debe valorar los vídeos difundidos, en los que Hermoso bromeaba sobre el beso de Rubiales, porque es algo con lo que se pretende "empañar el relato de la víctima". Miembro de la carrera judicial desde 2009, Avilés es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

Esther Rojo, la juez que condenó al conseller Blasco 

Esther Rojo.

Esther Rojo Beltrán (Valencia, 1967) preside desde 2019 la Audiencia Provincial de Valencia. En este cargo, formó parte del tribunal que condenó al exconseller de la Generalitat Rafael Blasco y otras 20 personas, por el desvío de 1,8 millones de euros de los fondos públicos destinados a ayudas al Tercer Mundo y a la construcción de un hospital en Haití, en una de las piezas del conocido como caso Cooperación.

Nacida en Alfara de la Baronia (Valencia) en 1967, Esther Rojo ingresó en la carrera judicial en el año 1996. Pasó por los juzgados de Dénia y de Reus. En 2005 recaló en Valencia en el Juzgado de lo Penal número 14, y en 2013 pasó como refuerzo a las secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia. 

Como presidenta de la Audiencia Provincial, se ha mostrado muy combativa a la hora de exigir más medios contra la violencia de género y ha reclamado que los juzgados de guardia adopten, de oficio, las órdenes de protección de menores hijos de víctimas de violencia machista.

Ha ejercido labores de docente en el módulo de Derecho Penal y Práctica Procesal del Máster de Abogacía de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Fue también profesora de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Reus.

Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional 

Argelia Queralt.

Argelia Queralt Jiménez es doctora en Derecho, letrada del Tribunal Constitucional y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. 

Aunque es hija del senador de ERC Joan Queralt, en los últimos años se ha mostrado crítica con los líderes del proceso independentista. En el primer aniversario del referéndum del 1-O, publicó un artículo en el que realizaba el siguiente diagnóstico sobre lo ocurrido en Cataluña: "Sólo hemos conseguido enervar a la cúpula de Poder Judicial, imputaciones delictivas forzadas, prisiones preventivas exageradas, políticos huidos, una comunidad paralizada y una sociedad partida en dos: los que creen en la unilateralidad y los que no".

Más recientemente, en 2022, publicó un artículo académico titulado Crónica de la deriva populista del procés, en el que retrata la actuación de los dirigentes secesionistas como un fenómeno característico de la era de la manipulación informativa y las fake news.

Colaboradora habitual de medios como la cadena Ser, el diario El País y RTVE, es autora de más de medio centenar de publicaciones y monografías, en las que aborda cuestiones como la protección de los derechos fundamentales y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En uno de sus últimos artículos académicos publicados, analiza la discriminación que sufren las mujeres en las redes sociales, con campañas de "rumores y estereotipos, relatos y narrativas falsas, maliciosas y tendenciosas, explicadas, además, con un lenguaje irrespetuoso, abusivo, incluso denigrante", con el fin de destruir su imagen pública.

José María Páez, decano de los jueces de Málaga

José María Páez.

Como decano de los jueces de Málaga, José María Páez Martínez-Virel se ha mostrado durante los últimos meses beligerante contra la ley de amnistía y ha denunciado los ataques que el Poder Judicial recibe por parte de algunos socios del Gobierno. 

En una entrevista concedida el pasado mes de noviembre, se expresaba con rotundidad: "Ya no se puede hablar de fachas con toga ni de otros descalificativos a los que por desgracia hemos estado sometidos", señaló, "los acuerdos que se han adoptado y que ha propiciado el actual Gobierno han supuesto un grave ataque a la independencia judicial".

Páez ingresó en la carrera judicial en 1991 y accedió a su primer destino, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca (Valencia), con un ordenador portátil pagado de su bolsillo. Luego ocupó distintas plazas en juzgados de Huércal-Overa (Almería), Utrera (Sevilla), Lérida y Torremolinos.

Páez es además miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Desde hace años viene reclamando un "gran acuerdo entre los dos partidos mayoritarios" para mejorar la justicia en España y reducir los tiempos de espera en las resoluciones judiciales. Es integrante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esther Erice, jueza contra las rebajas a La Manada

Esther Arice. EFE

Miembro de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), María Esther Erice Martínez es magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desde 2021. En este cargo, firmó un voto particular en el que discrepaba de la resolución que rebajó en un año la condena a uno de los miembros de La Manada, Ángel Boza, en aplicación de la Ley del solo sí es sí.

En su voto, argumentó que dicha rebaja no podía determinarse atendiendo a la mera aritmética. 

Erice tiene 64 años e ingresó en la carrera judicial en 1986. Ocupó sus primeros destinos en los juzgados de Instrucción de Azpeitia (Guipúzcoa), Tafalla (Navarra) y Pamplona (Navarra). Luego se convirtió en magistrada de la Audiencia Provincial de Navarra, cuya presidencia asumió en 2010. Sus compañeros la describen como una mujer volcada en trabajar por la igualdad, tanto dentro de la carrera judicial como en la sociedad.

José Carlos Orga, decano de los jueces de Logroño

José Carlos Orga. EFE

José Carlos Orga (Zaragoza, 1967) es magistrado de la Audiencia Provincial de La Rioja y ha sido decano de los Juzgados de Logroño. En 2017, fue candidato a presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, aunque sin éxito. 

Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ha sido designado a propuesta del PP. Ingresó en la carrera judicial en 1999 y cuatro años después ascendió a magistrado. Ocupó sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cervera (Lérida) y en el Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián.

Ya como titular de un Juzgado de Instrucción de Logroño, archivó la investigación abierta por un presunto delito urbanístico, por el desarrollo irregular de 69 parcelas en suelo rústico del municipio de Villamediana. Entre las viviendas investigadas, a instancias del Seprona, se encontraba el chalé del expresidente de La Rioja Pedro Sanz.

En el Juzgado de Instrucción que dirigía Orga también recayeron causas como la de la disolución del Club Deportivo Logroñés.

Martínez Mediavilla, ponente del caso Sergio Morate

José Eduardo Martínez Mediavilla.

José Eduardo Martinez Mediavilla preside desde 2012 la Audiencia Provincial de Cuenca. En este cargo, presidió el tribunal que condenó a Sergio Morate a 48 años de prisión por los asesinatos de su exnovia, Marina Okarinska, y una amiga de esta, Laura del Hoyo, el 6 de agosto de 2015.

Durante la vista oral, rechazó la pretensión de la defensa de celebrar las sesiones del juicio a puerta cerrada o aislar a los miembros del jurado, para evitar que en su veredicto se vieran "influidos por los medios de comunicación".

Martínez Mediavilla accedió a la carrera judicial en 1991. Tuvo sus primeros destinos en Lerma (Burgos), Arenys de Mar (Barcelona) y el Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara. Ocupó esta plaza hasta 2010, cuando se convirtió en magistrado de la Audiencia Provincial de Cuenca. Aquel año fue reconocido con la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, a propuesta de la Policía Nacional.

Hugo Preciado, poeta y juez crítico con la reforma laboral del PP

Carlos Hugo Preciado.

Carlos Hugo Preciado Domènech (Tarragona, 1969) es doctor en Derecho y magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ha sido avalado por Jueces y Juezas para la Democracia.

Tras ingresar en la carrera judicial en 2007, ocupó sus primeros destinos en juzgados de Valls y Reus. Compatibiliza su faceta de magistrado con la labor docente, como profesor asociado de Derecho Penal de la Universitat Rovira i Virgili (URV), y la de poeta: ha publicado dos libros de poesía titulados Una vida incurable y Poesía de paisano. 

Como experto en Derecho del Trabajo, se ha mostrado muy crítico con la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Una reforma legal que, denunció en un artículo, supone "un durísimo embate para la negociación colectiva y se adentra en terrenos de dudosa constitucionalidad".

José Luis Costa, magistrado gallego próximo a Feijóo

José Luis Costa, con Alberto Núñez Feijóo.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, José Luis Costa Pillado (Cambados, 1954) preside desde 2014 el Consejo Consultivo de Galicia, máximo órgano asesor de la Xunta. Está considerado un hombre próximo al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En febrero de 2014 fue propuesto por el Parlamento de Galicia como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional.

Tras ingresar en la carrera judicial, obtuvo sus primeros destinos en juzgados de Ibiza, La Estrada y Pontevedra, donde ascendió a magistrado en 1988. Ha sido juez decano de Pontevedra, presidente de la Junta Electoral de Zona y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Galicia (TSJG).

También es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Pontevedra y relator en cursos y seminarios relacionados, entre otras materias, con el Derecho Administrativo. 

Inés Herreros, líder de los fiscales progresistas 

Inés María Herreros.

Inés María Herreros Hernández (Barcelona, 1974) preside desde octubre de 2021 la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación de la que han sido miembros los dos últimos fiscales generales: Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz.

Ingresó en la carrera fiscal en 2004 y, desde entonces, ha desarollado su labor en Gran Canaria, donde actualmente es fiscal delegada de protección y tutela de las víctimas. Desde abril de 2018 es además miembro del Consejo Fiscal. 

Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria 

Pilar Jiménez.

Pilar Jiménez Bados (1959) es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza e ingresó en la carrera fiscal en 1985. Obtuvo sus primeros destinos en Sevilla y Bilbao antes de recalar, en 1996, en Santander, donde ha desarrollado su labor desde entonces.

Allí ha sido fiscal contra la violencia de género, fiscal decana de menores y, desde noviembre de 2015, fiscal superior. También es miembro de la Red de Fiscales de Cooperación internacional.

Tras conocer su nombramiento, ha anunciado que las prioridades del CGPJ deben ser impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, con el fin de "fortalecer la independencia de jueces y fiscales".

Martín Contreras, exportavoz de los letrados progresistas

Luis Martín.

Luis Martín Contreras es doctor en Derecho Público y letrado de la Administración de Justicia, cuerpo al que accedió en 1984. Ocupó sus primeros destinos en juzgados de Barcelona y Madrid. Una década después fue destinado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional hasta que, en 2010, fue nombrado secretario de gobierno de este tribunal.

Desde 2018 ha desempeñado el cargo de letrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Aquel mismo año, su nombre sonó como candidato a vocal del CGPJ, a propuesta del PSOE. Ha sido fundador y portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ).

Luis Martín Contreras ha compatibilizado su trayectoria profesional con la labor docente. Ha formado parte del departamento de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma y de la UNED. Desde el año 1999, es profesor asociado de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III de Madrid.