Sánchez apuesta por pactar con el PP la renovación del CGPJ para bajar la tensión política

Fuentes de Moncloa explican que el exceso de ruido impide, por ejemplo, que se abran paso las noticias sobre medidas que tengan que ver con el llamado "escudo social". Por ejemplo, el decreto que está previsto aprobar este miércoles en el Consejo de Ministros con la prórroga de gran parte de las medidas contra la crisis y contra la inflación, que caducan en breve.

De hecho, será el propio presidente del Gobierno quien presente las medidas en la Moncloa en la rueda de prensa que servirá de balance del año.

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La conclusión del Ejecutivo es que el clima de crispación política y social termina por perjudicar al Gobierno en este momento.

Para facilitar ese mejor clima, Moncloa considera positivo que pueda cerrarse en los próximos días el acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido". El pacto podría materializarse este mismo mes de enero en el Congreso y el Senado.

Algo similar ocurre con el acuerdo sobre el CGPJ, que Sánchez quiere cerrar también en breve. Explican que, además del beneficio institucional, tendría también un beneficio político para calmar la agitada legislatura, además de dar coartada al Gobierno de capacidad de diálogo.

Es decir, aunque sea de forma muy puntual, caería el "muro" del que habló Sánchez en su investidura, una expresión que causó alguna sorpresa en las filas socialistas.

En estos días contactarán el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP Esteban González Pons, a la espera de que Bruselas acepte la petición para mediar en esas conversaciones.

Elección parlamentaria

La idea del Gobierno es partir del acuerdo que estaba ya cerrado en 2022, con una lista de posibles vocales ya cerrada y una proposición de ley conjunta para evitar la politización de la Justicia que ya estaba también concluida.

Ese texto recogía medidas como regular las "puertas giratorias" de la Justicia, es decir, que los jueces que pasen a la política no puedan volver a la actividad jurisdiccional antes de dos años, entre otras.

En ese acuerdo no estaba la sustitución del sistema de elección parlamentaria del CGPJ en favor de la elección corporativa. El Gobierno no está de acuerdo con esa reforma y explica que no lo exige Europa, entre otras cosas, porque hay Estados que designan sus órganos equivalentes al CGPJ de la misma forma y, en algún caso, hasta por intervención directa del Gobierno.

El PP en cambio habla de un sistema en el que los jueces designen a los jueces, pese a que cuando estuvo en el Gobierno no lo cambió, ni siquiera cuando tuvo dos mayorías absolutas en 2000 y en 2011.

Moncloa explica que aceptaría un sistema en el que haya mayor intervención de los jueces en la propuesta de los candidatos, pero manteniendo la última palabra de Congreso y Senado.

En aquel acuerdo se incluía ampliar la mayoría reforzada de tres quintos en la nueva cúpula judicial a todos los nombramientos y resto de resoluciones, algo que en actualidad solo se aplica a algunos nombramientos. Afectaría a la aprobación de los informes sobre las leyes o los criterios de idoneidad en el nombramiento de cargos como los fiscales generales.