El PSOE quiere eliminar las medidas más caras del 'escudo social' y Sumar exige mantenerlo intacto

El debate es el siguiente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva desde las conversaciones de investidura abogando por mantener intacto el decreto anticrisis, que está cerca de cumplir dos años; en paralelo, su homónima de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en recortar las iniciativas que tienen un mayor coste fiscal. Es el caso de las ayudas al transporte público y el impuesto a las empresas energéticas.

El real decreto ley deberá sí o sí aprobarse este miércoles para que entre en vigor el 1 de enero, que es cuando vence el plazo del actual escudo. Si no sale a mediodía del Consejo de Ministros (el último del año), todas las medidas decaerán automáticamente y no se podrá prorrogar más.

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Llevar las negociaciones al límite no es una novedad para los gabinetes de Díaz y Montero, tendentes a cerrar acuerdos a altas horas de la madrugada y a escenificar la paz a la mañana siguiente, a veces incluso con la intervención de Pedro Sánchez. Este caso no será diferente, y ambos equipos avisan de que puede haber cambios y cesiones hasta el último momento, como ocurrió la semana pasada con la reforma de los subsidios por desempleo.

Al cierre de esta edición, una persona cercana a las negociaciones ya calmaba los ánimos y avisaba que "es más lo que nos une que lo que nos separa", en referencia a que gran parte el trabajo estaba hecho ya cuando empezaron las negociaciones in extremis de este martes.

Sobre todo, el Gobierno se vanagloria de haber cerrado "tan rápido" frentes tan conflictivos como la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad, como la leche, el pan, los huevos, las verduras o las legumbres. El aceite o la pasta prolongarán el IVA en el 5%, según señalan fuentes de Moncloa. 

El problema viene con la remodelación del impuesto a las eléctricas y de las ayudas al transporte público, que fue una de las promesas de investidura de Sánchez. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la bonificación se mantendrá "sí o sí" para ciertos colectivos como jóvenes y desempleados, pero alertan de choques en todos los demás. 

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En este caso, Yolanda Díaz aboga por una rebaja general de los precios apoyada por los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, que participan al 50%. La propia vicepresidenta segunda se refirió hace unos meses a las bonificaciones al transporte público como "una de las mejores medidas que se han tomado" en España y sacó pecho de ella durante la campaña electoral y el posterior pacto de investidura.

A pesar de que las fuentes cercanas a la vicepresidenta celebran que "el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas", también acusan al PSOE de "echarse atrás" con el transporte sin previo aviso. Díaz ha sido cristalina en este tema, y hace unos meses aseguró que en su equipo "preocupa de manera sustancial" la retirada del escudo social. Un aviso.

Otro detalle en este sentido: en apenas un mes Sumar se ha encargado de dar una de cal y otra de arena, por un lado reivindicando los logros del Gobierno  y por otro presionando para que el PSOE adopte medidas más ambiciosas. Un recado a Podemos, que les acusa de cobardía y de plegarse a los socialistas, y al electorado, al que vendieron una nueva forma de afrontar la coalición, sin los ruidos y estridencias propios del anterior Ejecutivo.

Así se ha visto también en los gravámenes a la banca y las energéticas, aprobados a finales de 2022 como una medida temporal de dos años de vigencia. Ambos gravámenes aportan 3.000 millones anuales al Estado, según fuentes de Hacienda, pero recalcan que al menos el de la banca no lo tocarán todavía. 

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No obstante, el impuesto energético queda en el aire y, pesar de que ya no se vaya a beneficiar del Mecanismo Ibérico (decaerá el 31 de diciembre), Yolanda Díaz prefiere dejarlo tal y como está y revisarlo en el último trimestre de 2024, como estaba pactado. El PSOE argumenta que hay que recortarlo para con cumplir con Europa, que lleva meses reclamando la eliminación paulatina el escudo social. 

En realidad, el encaje de bolillos es complicado, porque en 2024 se reactivarán las reglas fiscales (recién reformadas) que obligarán a reducir el techo de gasto. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado está en pleno proceso de aprobación y la intención de Hacienda es aprobarlos cuanto antes; la dificultad será combinarlos con la multitud de acuerdos de investidura alcanzados por el PSOE.

Medidas laborales

Fuentes de Sumar también confirman que se mantendrán "prácticamente todas" las medidas laborales en vigor. Del último decreto aprobado, el de junio de este año, quedaban activas la prohibición del despido en empresas beneficiarias de ayudas públicas y los ERTE de la Palma.

En cuanto al primero, que previsiblemente seguirá en vigor, se establecía que el aumento de los costes energéticos no podría constituir causa objetiva de despido y, por tanto, el incumplimiento conllevaría el reintegro de las ayudas públicas recibidas por parte de la empresa.

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Además, las empresas que se acogieran a la reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la guerra de Ucrania y que se beneficiaran de apoyo público tampoco podían utilizar esa causa para realizar despidos.