El Gobierno dice que el PP cede en el CGPJ y acepta la 'verificación internacional' de asuntos españoles

Según fuentes de la Moncloa, el PP ha rectificado y ha aceptado, más de cinco años después, desbloquear la renovación del CGPJ, sin que cualquier cambio en el sistema de elección sea previo a la designación de los vocales.

Moncloa insiste en que en ningún caso eliminará la elección parlamentaria de la mayoría del Consejo. Entienden que el acuerdo sobre el artículo 49 de la Constitución les da una coartada de haber sido capaces de lograr acuerdos también con el PP y, además, están satisfechos y sorprendidos gratamente con el hecho de que Feijóo haya propuesto que la Comisión Europea ejerza como mediador o verificador.

Asegura el Gobierno que de esa forma ha naturalizado el uso de verificadores internacionales en acuerdos entre partidos, algo que el PP critica con insistencia en referencia a los acuerdos entre PSOE y Junts. Entienden que se les da un arma insospechado de respuesta a las críticas al verificador extranjero en la negociación con Carles Puigdemont.

Por eso, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, repitió hasta cinco veces en su rueda de prensa las palabras "mediador y verificador".

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El Gobierno ya creía en las últimas semanas que Feijóo estaba buscando una salida para rectificar y acceder a renovar el CGPJ, pero necesitaba una puerta o una vía para ese movimiento que necesita tiempo y espacio por las presiones que habitualmente recibe el líder del PP para no acordar nada con Sánchez.

Estimaba el Gobierno que, como informó EL ESPAÑOL, el PP estaba cambiando su posición por dos hechos: la presión del comisario de Justicia, Didier Reynders, y, sobre todo, por el interés por nombrar a un magistrado del Tribunal Constitucional que está pendiente hace tiempo y que corresponde al partido de la oposición.

Elección parlamentaria con matices

El Gobierno considera que el PP tiene prisa en ese nombramiento porque da un poco de equilibrio al TC. No acaba con la mayoría progresista pero la limita, teniendo en cuenta que en el futuro debate sobre la ley de amnistía se abstendrá el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y se presiona para que se aparte también Laura Díez, que fue colaboradora estrecha del ministro Félix Bolaños en la Moncloa.

De esa forma, hay alguna posibilidad en el futuro de tumbar la ley si alguno de los magistrados progresistas se suma a alguna de las objeciones técnicas a la norma. Parecido a lo que ocurrió en su momento con el magistrado progresista Manuel Aragón en el debate sobre el Estatut de Cataluña.

El presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes, antes de iniciar su reunión en el Congreso de los Diputados.

Sobre Reynders, el Gobierno asegura que en su última comparecencia con Bolaños les dio la razón al asegurar que primero debe procederse a la renovación del CGPJ y luego estudiar el cambio de la ley.

Eso ya estaba en el acuerdo que Bolaños y Esteban González Pons (PP) cerraron en 2022 y que Feijóo rompió en el último momento. De hecho, el Gobierno quiere que las conversaciones con el PP se recuperen donde se dejaron, con un reparto similar de vocales, es decir, diez propuestos por el PSOE y otros diez por el PP, con un presidente progresista pactado y con opciones de que los dos partidos cedan a sus socios, como Sumar o PNV. Moncloa asegura que sobre esa base, el acuerdo se puede cerrar en unas pocas horas.

El pacto de 2022 incluía medidas para la llamada "despolitización de la Justicia", por ejemplo, limitar las "puertas giratorias" entre la Justicia y la política. Se evitarían casos como el de Dolores Delgado que pasó directamente de ministra de Justicia a fiscal general del Estado o el de Juan Carlos Campo designado por Sánchez magistrado del Constitucional poco después de salir del Gobierno.

Respecto a la reforma de la ley del Poder Judicial, el Gobierno explica que en ningún caso renunciará a la elección parlamentaria en favor de la corporativa. Asegura que Bruselas no lo pide y, de hecho, hay Estados europeos con participación directa del Gobierno en la designación de instituciones similares al CGPJ.

Sí está dispuesto el Gobierno a matizar el sistema y dar más importancia a las propuestas de los jueces para la elección posterior en el Congreso y el Senado de los vocales. Por ejemplo, designando sobre una lista propuesta por los propios jueces y más reducida que la actual.