La "técnica del salchichón" que critica Alfonso Guerra: 15 cesiones de Sánchez al separatismo catalán

En una entrevista en Herrera en Cope, el histórico líder socialista dijo "rebelarse" contra la idea que, para él, supone "la condena de la Transición". Pero además, definió la relación del PSOE con los partidos nacionalistas e independentistas con un nuevo símil, aún más gráfico que el Frankenstein que acuñó Alfredo Pérez Rubalcaba.

Para Guerra, estas formaciones utilizan la "técnica del salchichón": sus exigencias sucesivas son como "rodajitas" que van cortándose al embutido, consumiéndolo a cada tajo. "Primero piden indultos, luego eliminar el delito de sedición, después modificar el delito de malversación, ahora la amnistía... y al final se acaba el salchichón", explicó.

Siguiendo el símil de las cesiones a las que hace referencia Alfonso Guerra, EL ESPAÑOL ha hecho un repaso de las que ha hecho Sánchez desde que llegó a la Moncloa hasta, si logra la investidura, apoyar la amnistía de quienes calificó de reos "de rebelión" y prometió "traer presos a España" desde los países adonde huyeron.

1. "Conflicto político"

La primera gran cesión de los gobiernos de Pedro Sánchez al independentismo ocurrió durante las negociaciones previas a la formación de la llamada Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo. Por entonces, recuérdese, aquello lo impulsó un president catalán de Junts, Quim Torra.

En mayo de 2018, antes de acceder a Moncloa vía moción de censura, Pedro Sánchez lo había llamado "el Le Pen de la política española", después de trascender sus calificativos a "los españoles", a los que había llamado "bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN".

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, ya como presidente, Sánchez fue recibido en el Palacio de Pedralbes con todos los honores… de un mandatario extranjero. Salió de allí con una declaración conjunta en la que aceptaba un primer elemento del lenguaje independentista: lo que hay entre Cataluña y España es "un conflicto político".

Se acababa, pues, calificar de "golpe" el procés, o lo de ver "clarísimamente un delito de rebelión" en el 1-O.

2. Mesa de diálogo

Hay un libro de Miquel Iceta, publicado en el fatídico año 2017, llamado La tercera vía (Los libros de la catarata). En él, el hoy ministro de Cultura y Deporte anticipa, como un visionario, todo lo que está ocurriendo en estos años.

La tesis del texto escrito por el entonces primer secretario del PSC es que "la visión unitarista de España del PP y la voluntad separatista de una gran parte del Parlamento catalán se retroalimentan mutuamente, al tiempo que son incapaces (o sencillamente no quieren) de buscar una alternativa a un conflicto estéril".

Sin embargo, las únicas soluciones que propone Iceta en sus páginas son para contentar al independentismo: una de ellas es convocar una "Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo" entre los dos Gobiernos -el de España y el de Cataluña- para buscar un "nuevo encaje" de la Comunidad Autónoma, el reconocimiento de su carácter de "nación" y un "reencuentro" entre los dos territorios, pactado de igual a igual.

En febrero de 2020, poco antes de la llegada de la pandemia, Sánchez y Torra pactaron la creación de este foro extraparlamentario, con exactamente el mismo nombre que proponía Iceta en su libro... y lo reunieron por primera vez a finales de ese mes, recién empezada la legislatura y poco antes de que la Covid empezara a hacer estragos.

3. El 25% de castellano

Es difícil ponerle fecha a esta cesión. Se sustanció por escrito en la tercera reunión de la Mesa, en julio de 2022. Pero lo cierto es que, ya de antes, los Gobiernos de Pedro Sánchez fueron dando pasos para garantizar el "blindaje" del sistema educativo catalán, basado en la inmersión lingüística obligatoria en la "lengua propia" y en la negación del derecho de los alumnos a estudiar en su idioma materno, si éste es el castellano, en un territorio en el que ambas lenguas son oficiales.

Poco después de llegar a Moncloa, en febrero de 2019, Sánchez anunció un proyecto de reforma de la LOE, la ley de educación que promulgó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Uno de los objetivos del cambio de norma era borrar la referencia a las garantías de un 25% de estudios en alguna de las dos lenguas oficiales en las CCAA con dos idiomas. El proyecto decayó con la disolución de las Cámaras y se recuperó, de inmediato, con el Gobierno de coalición: en marzo de 2020 salió del Consejo de Ministros, y en noviembre se aprobó por las Cámaras.

Después, y a pesar de que las sentencias del Tribunal Supremo eran sistemáticamente ignoradas por la Generalitat, las ministras de Educación de Sánchez nunca impulsaron acciones de la Alta Inspección. Es más, la LOMLOE (o Ley Celáa), ya bajo el mandato de Pilar Alegría, terminó de consagrar el sistema.

A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, paralelamente, el PSC de Salvador Illa apoyó en el Parlament un decreto del Govern de Pere Aragonès que cerraba definitivamente la puerta legal al derecho a estudiar en castellano, en junio de 2022. Todo quedó consagrado en esa tercera reunión de la Mesa, ya citada más arriba, un mes más tarde.

4. Los indultos

Después de prometer que los líderes independentistas cumplirían "íntegras sus condenas" en el último debate televisado antes de las elecciones del 10-N de 2019, Sánchez cambió de opinión, o se desdijo.

Ya desde el inicio de la legislatura hubo de plegarse no sólo a la coalición del "abrazo" con Pablo Iglesias de vicepresidente, sino a la "mayoría de investidura" que éste le forjó, con Bildu y Esquerra Republicana.

En agosto de 2020, este periódico ya publicó que los expedientes de indulto estaban siendo tramitados "sin prisa" y que serían aprobados "en un año". Y efectivamente, no fue hasta junio de 2021, menos de dos años después de la sentencia del procés, que Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, llevó al Consejo de Ministros los informes. Por ejemplo, en el de Oriol Junqueras, se leía que fue perdonado por "su peso indiscutible en la relación entre España y Cataluña".

La polémica fue tal que provocó manifestaciones, quejas de históricos del PSOE -"serán peores para Sánchez que los recortes para Zapatero"- y, finalmente, una enorme crisis de Gobierno que se llevó por delante, al mes siguiente, a Carmen Calvo, José Luis Ábalos... y al propio Campo. Hoy, el exministro de Justicia -que entonces negaba la constitucionalidad de la amnistía, mientras defendía la medida de gracia a los ya condenados- es magistrado del Tribunal Constitucional. 

5. Más inversiones para Cataluña

Entre la segunda edición de la Mesa (septiembre de 2021) y la tercera (julio de 2022) pasaron 10 meses y muchas cosas. Entre ellas, la "pérdida de confianza" entre las partes a causa del estallido del llamado caso Pegasus. Pero, sobre todo, ocurrió que Junts rompió el Gobierno de coalición en Cataluña con ERC y renegó del formato. Todo a pesar de que sólo un año antes lo había fundado Torra, el heredero de Carles Puigdemont, por entonces ya "president en el exilio", es decir, huido de la Justicia.

Aragonès, presionado por las acusaciones de botifler, es decir, "traidor" por su pactismo con Sánchez, exigió sacar de la negociación del "conflicto político" los "asuntos competenciales y de inversiones del Estado" en la región. Así, tras verse en septiembre en Barcelona ambos presidentes, en octubre se debatió el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en el Congreso... con una subida de cuatro puntos en las inversiones previstas sólo para Cataluña.

Ya lo había reconocido Félix Bolaños a la salida de la reunión con el Govern: "Habrá cosas que no se negocien a la luz del día".

6. Rebajas en el Tribunal de Cuentas

En enero de 2022, la Abogacía del Estado decidió no personarse en el juicio del Tribunal de Cuentas (TdC) contra los responsables del Procés por su presunta responsabilidad contable al haber desviado fondos públicos para la promoción del 1-O. La decisión fue calificada de "indulto encubierto" por la oposición del PP y de Cs, ya que la Abogacía obedece las órdenes del Gobierno.

Pero es que poco después, en abril del mismo año, la Fiscalía rebajó las estimaciones del TdC sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Cataluña y para los gastos del 1-O. Fue uno de los últimos servicios de Dolores Delgado, otra exministra de Justicia de Sánchez, al frente de la Fiscalía. En total, en esta retahíla de dispendio público del procés, el Ministerio Público redujo el importe de los 9,5 millones de euros a los 3,4 millones. Además, el TdC acordó apartar, a petición del Ministerio Público, a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull de la lista de personas a las que se les reclamaban fondos presuntamente desviados por la Generalitat. 

Hace apenas tres semanas, en la constitución de las Cámaras, el PSOE acordó con ERC la "desjudicialización por todas las vías posibles de la represión", según la terminología independentista. Y este martes, en el discurso de Puigdemont en Bruselas, el expresident fugado sugirió que "se puede empezar por la Abogacía del Estado y la Fiscalía" para lograr la impunidad que exige para investir a Sánchez. Es decir, lo que se podría llamar "amnistía a plazos", asunto por asunto: una idea que se discutió entre los enviados del PSOE y los representantes de Puigdemont, durante los "contactos secretos" para armar este acuerdo.

Los indepes quieren ver la retirada total de la demanda de la Fiscalía en el Tribunal de Cuentas, juicio ya señalado para el próximo 17 de noviembre; cambios en la posición de la Abogacía del Estado en el caso del 13 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... o "esfuerzos ya acometidos en la pasada legislatura", en palabras de un ministro en funciones. Es decir, cambios legislativos similares al de la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. ¿La amnistía que viene?

7. Un 'CNI' propio

En agosto de 2022, apenas 15 días después de (de momento) última la reunión de la Mesa, el Consejo de Ministros sacó adelante una nueva Ley de Información Clasificada, pactada con los partidos independentistas. La norma abrió la puerta para que la Generalitat y el Gobierno vasco puedan dotarse de sus propios servicios secretos, a imitación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

Éste era un objetivo que ERC y Junts habían venido acariciando desde hacía dos décadas, al considerar que se trata de una "estructura de Estado" básica para poder alcanzar la independencia. El proyecto de Ley permitía que los gobiernos regionales que tienen su propia Policía autonómica (como Cataluña, País Vasco o Navarra) puedan clasificar y desclasificar información, en las categorías de "confidencial" y "restringido".

8. La sedición

A la salida de aquella tercera reunión de la Mesa, en julio de 2022, ya se supo que el Gobierno de Sánchez había dado el siguiente paso, el de la "desjudicialización"... que fue el término elegido por ERC y asumido por el Gobierno -una vez más- para bautizar la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. Pero entonces, la cosa no llegaba a más que unas líneas en uno de los dos acuerdos firmados.

"El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización. Al mismo tiempo, muestran la necesidad y la voluntad de avanzar en este ámbito a través del impulso y compromiso político de las partes que refuercen la apuesta por el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto político y la profundización de la democracia".

En su rueda de prensa a la salida de la cita, Bolaños no especificó si ese acuerdo incluía la reforma del Código Penal y se limitó a explicar que las reformas se harían "con las mayorías parlamentarias necesarias". Ésa fue la primera excusa para dilatar la decisión: "Estamos dispuestos a armonizar la legislación española con las europeas", dijo... y ésa fue la segunda excusa. En este caso, para disimular que era una nueva cesión a petición de ERC y a cambio del sostenimiento del Gobierno.

En aquella negociación, de hecho, ya se había llegado a negociar la amnistía... aunque el Ejecutivo de Sánchez, finalmente, se echó atrás. Además, la mayoría ya existía, y de largo -como publicó este diario al día siguiente-, con el llamado bloque de investidura de acuerdo. Además, el ya exministro Campo había dejado elaborada una reforma de los delitos de rebelión y sedición que estaba guardada en un cajón. Pero el cambio legal no se activó hasta finales de año, en noviembre, cuando se negociaban los Presupuestos. Se hizo por la vía de urgencia y como una proposición de ley, para evitar la necesidad de consultar con el Consejo de Estado y el CGPJ. Y Junqueras, ya libre, presumió ante su Ejecutiva: "Bajará el precio de volver a intentarlo".

9. La malversación

En plena negociación de aquella proposición de ley para hacer desparecer el delito de sedición del Código Penal, ERC se descolgó con una petición aún más difícil de asumir. Y sobre todo de justificar. Los republicanos exigieron que el texto incluyera otra reforma del Código Penal que favoreciera a sus "represaliados": la rebaja de las penas por malversación de fondos públicos en el caso de que el robo del dinero público lo hiciera el responsable político para enriquecerse personalmente.

Si la sedición se había justificado públicamente como una "armonización con los países de nuestro entorno", esto era imposible de llevar por la misma vía. De hecho, el escándalo llegó hasta las instituciones europeas, alarmadas por que uno de los países más grandes y que más fondos de recuperación recibe de la UE fuera a "abaratar la corrupción" en su Código Penal.

Finalmente, el Gobierno encubrió los motivos sacando adelante la reforma con el invento de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito especialmente dedicado a los políticos... y señalando al PP como ejemplo de ese tipo de prácticas.

10. Comisión 'Pegasus'

Así acabó la XIV Legislatura, pues una vez pagado el precio, se aprobaron los Presupuestos de 2023 y comenzó la precampaña de las municipales y autonómicas del 28-M a la vuelta de Navidad. Y tras el descalabro de las izquierdas en estos comicios, el presidente disolvió las Cámaras y adelantó las generales al 23-J. Su empeño en igualar al PP con Vox y el "espíritu de remontada" le dio un resultado inesperado al PSOE y Sánchez comenzó a negociar, de nuevo con ERC y ahora con Junts, para hacerse con la Mesa del Congreso.

Desde el estallido del llamado caso Pegasus todo se le había torcido al Gobierno con los indepes. Esquerra había dejado de ser un socio fiel en el Congreso y la misma estabilidad de la legislatura estuvo en peligro por el presunto "espionaje de Estado a los líderes independentistas" que hasta se cobró la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban. "Se ha perdido toda la confianza", afirmaban entonces fuentes republicanas en el congreso y el entorno del president Aragonès.

El relato de Junts y ERC siempre fue que el Gobierno los espiaba en un caso para "criminalizarlos como a terroristas" -según Puigdemont- y para "manipular las negociaciones políticas con información privilegiada" -según Aragonès-. Por eso, entre los acuerdos para votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso, Junts exigió la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas del Estado'. El partido de Rufián, por su parte, explicó en un comunicado que demandaba crear la Comisión de Investigación sobre el caso 'Catalangate' de "espionaje político" con el software Pegasus.

11. Comisión 'atentados'

Otro de los puntos acordado por el PSOE con Junts fue la creación de otra comisión de investigación en el Congreso, en este caso para alimentar su relato de que el CNI estuvo detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Los partidos independentistas y TV3 han promovido la idea de que se trató de una masacre dirigida a distancia por las instituciones estatales. Esto se basa en el hecho de que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, había sido reclutado como informante por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras estaba en prisión por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

12. El catalán en el Congreso

Este miércoles, el PSOE presentó una proposición para el cambio del reglamento del Congreso. Lo hizo firmando el escrito junto a ERC, Junts, PNV y Bildu, además de Sumar, su socio de coalición, en el caso de que haya una investidura exitosa de Pedro Sánchez. La norma pretende que las lenguas cooficiales españolas se puedan utilizar en la Cámara Baja en los Plenos, en las comisiones e incluso en la presentación de proposiciones de ley en el Registro oficial de la Cámara.

El acuerdo, alcanzado con ERC para ganarse los siete votos de los republicanos en la elección del órgano de gobierno del Congreso el pasado 17 de agosto, pretende que ya en la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo sea efectivo el uso de las lenguas cooficiales. ¿Cómo se articulará la contratación de traductores e intérpretes, la formación de los taquígrafos parlamentarios y la compra de pinganillos para todos los diputados? No está resuelto, aunque la presidencia de Armengol pretende, como informó este diario, hacerlo por la vía de urgencia más allá de que no haya informes técnicos ni licitaciones públicas.

13. El catalán en la UE

Con Junts el PSOE acordó otra vía para impulsar el catalán, en este caso en las instituciones europeas. Curiosamente, se trataba de un compromiso ya alcanzado con ERC -con el Govern- en la tercera reunión de la Mesa, en julio de 2022; quizá por eso, Puigdemont exigió garantías, un "hecho comprobable". Por más de un año, el Gobierno no había dado ningún paso ante el Parlamento Europeo ni ante el Consejo de la UE para que las lenguas cooficiales españolas lo sean también en la UE.

Fuentes de la Eurocámara lo habían confirmado a EL ESPAÑOL. Desde la carta de intenciones enviada por el Ejecutivo en el verano del año pasado, "no se ha impulsado nada". En todo caso, las instituciones de la UE advertían de que "los gastos, en caso de hacerse, correrán por cuenta del Estado español". 

La prueba la aportó el PSOE utilizando al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que el mismo 17-A a las 6.47 de la madrugada envió una carta al Consejo de la UE solicitando que se incluya en la próxima reunión de Asuntos Generales, el 19 de septiembre. Para que la medida salga adelante, hace falta una reforma de la Constitución Española, por un lado; y por otro, la unanimidad de los Veintisiete, y como ya ha informado este periódico, es prácticamente imposible que esto ocurra.

14. El catalán en toda España

En la mañana del 17 de agosto, poco antes de la constitución de las Cortes, el PSOE resopló al recibir el sí desde Waterloo, cuando había presentado el papel sellado por el Consejo de la UE. No sólo se había enviado la carta, ésta había entrado en el Registro oficial. A la misma hora, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, comparecía ante los medios para presentar sus logros...

Y uno de ellos era especialmente llamativo, aunque probablemente necesario para soslayar la necesidad de una reforma constitucional (citada en el punto anterior). A la garantía para "el uso del catalán y de las otras lenguas oficiales en las sesiones plenarias de las Cortes Generales", ERC añadió una extensión que era clave para los independentistas: la aprobación de una Ley Orgánica para que "cualquier ciudadano se pueda dirigir a la Administración en cualquiera de estas lenguas, con recursos destinados en los Presupuestos para la relación con la Administración de Justicia".

Es decir, convertir de facto las lenguas que la Constitución Española inscribe como "oficiales en las CCAA cuyos Estatutos" las recojan en oficiales en todo el país.

15. "Desjudicialización por todas las vías"

El premio se lo llevó, finalmente, Esquerra. Aunque quien lleva seis años en Bruselas exigiendo "amnistía y referéndum" es el líder oficioso de Junts, el Gobierno (el PSOE) le dio "la medalla" a los republicanos. Así lo llamó, en conversación privada con este periódico, un ministro cercano a las negociaciones cuando se le preguntaba por la amnistía. "Seamos prácticos, habrá que hacerla. Es el mejor modo de acabar bien con el procés, y además Puigdemont tiene mucho poder... hay que entender que ellos quieren su medalla y nosotros la investidura".

El problema del PSOE era darle el premio demasiado pronto a Puigdemont. Y además, que el expresident huido exige los pagos "por adelantado". Y para Sánchez es imposible, en este punto, dar algo más que promesas antes de ser investido. "Si damos la amnistía como condición previa, tal como exige Puigdemont, perdemos todo el control de la negociación... y una ruptura nos dejaría vendidos ante una repetición electoral", explica otro dirigente del PSOE a este periódico.

Por eso, como informa hoy EL ESPAÑOL, Sánchez ya acepta pactar la amnistía con Puigdemont, pero se niega a aprobarla antes de volver a ser presidente.