El Congreso contratará traductores y comprará pinganillos sin informes técnicos ni licitación

No habrá, por tanto, concursos públicos para contratar traductores, ni licitaciones para la miscelánea tecnológica, ni informes técnicos sobre cómo proceder, "ni tiempo para respirar", acota una fuente cercana a la Mesa.

La idea de los proponentes, dice la misma persona, es que la reforma se apruebe en un pleno extraordinario entre el 19 y el 21 de septiembre por el procedimiento de urgencia y mediante "lectura única"; esto es, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.

Ahora bien, el desafío logístico es el que más dudas genera. El texto de la reforma al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL no lo detalla, pero el plan de Armengol es ir contratando ya de urgencia intérpretes para la sesión de investidura, cascos y pinganillos para diputados y taquígrafos y un grupo de traductores simultáneos para cubrir las comparecencias. Siguiendo los cauces adecuados, tendría menos de una semana para conseguirlos todos, desde la aprobación de la reforma hasta el debate.

Normalmente, todos estos procesos deberían hacerse previo concurso público, lo cual lleva meses o incluso años, pero el procedimiento de urgencia permite a la Mesa utilizar su Fondo de Remanentes Presupuestarios (una especie de hucha con los excedentes de otros años) para financiar directamente estos contratos de urgencia. Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2022, la cuantía de ese fondo era de 108,24 millones de euros.

[El PSOE y sus socios registran la reforma para poder usar el catalán ya en la investidura de Feijóo]

Después de esos contratos exprés, aseguran las fuentes, "se creará una estructura permanente de contratación" directamente financiada por el presupuesto del Congreso y que exceda "por mucho" al equipo de intérpretes actual, de unos 25 contratados. No obstante, la ausencia de informes técnicos por parte del equipo legal del hemiciclo hace imposible calcular su futura extensión o su coste a partir del 20 de septiembre.

El Gobierno en funciones espera recuperar ese día la mayoría parlamentaria que hace unas semanas hizo presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol, otra declaración de intenciones del rumbo que iba a tomar la legislatura. De hecho, ese será el tono que PSOE y Sumar quieren imprimir al nuevo hemiciclo, más dependiente que nunca de los votos de Junts y ERC para superar al bloque de la derecha.

Que los grupos independentistas pudieran expresarse en su lengua durante la sesión de investidura de Feijóo era una condición sine qua non, como también lo era anunciar el nuevo reglamento antes de la Diada de Cataluña, el próximo lunes, y poder promocionarla. El texto tiene las firmas del Grupo Socialista, Sumar, ERC, Bildu, BNG y PNV, pero no las de Junts, que decidió no unirse para no dar imagen de que pertenecen al mismo bloque que los demás, dicen fuentes del partido. 

[Gana el bipartidismo: Vox y Sumar tendrán grupos partidos en el nuevo ‘mapa de diputados’ del Congreso]

Formalmente, el cambio del reglamento tocará varios apartados, entre ellos el artículo 70 que regula el uso de las lenguas, para poder garantizar su uso en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, desde los discursos en la tribuna de oradores hasta en las comisiones. Lo único que se retrasará será su uso en textos escritos, para lo que la reforma establece un periodo de transición de seis meses como máximo; mientras tanto, todos los textos en catalán, gallego o euskera tendrán que presentarse traducidos.

En lo que respecta a las intervenciones orales, el Diario de Sesiones recogerá a partir de ahora las intervenciones tanto en la lengua cooficial como en castellano, al igual que las actas taquigráficas de las sesiones que fueran declaradas secretas y no publicables. Y el Boletín de las Cortes, a su vez, publicará las iniciativas escritas en la lengua cooficial utilizada y siempre en castellano.