Eslovaquia destapa el engaño: el catalán no será lengua de la UE hasta que sea oficial en toda España

El Consejo de la Unión Europea celebrará su próxima reunión el día 19 de septiembre y el Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a los socios comunitarios que se incluya en el orden del día la oficialidad de las tres lenguas. Para que acabe siendo efectiva, los 27 Estados que forman parte de la UE tienen que votar a favor.

Eslovaquia, a través de la respuesta remitida a este diario, se ha convertido en el primer Estado de la UE en pronunciarse al respecto. Con su crítica, destapan las pretensiones de PSOE y Junts, el partido de Carles Puigdemont: ambas formaciones, en plena negociación de investidura, están intentando llevar a cabo la oficialidad del catalán en la UE sin haber cumplido los requisitos previos para ello.

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En su respuesta, la Representación Permanente (REPER) eslovaca asegura que la "praxis de las instituciones de la Unión Europea" y el Reglamento 1 de 1958 adoptado por el Consejo, en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones europeas, "permiten deducir un principio general que dicta que, en cuanto a lenguas oficiales de la Unión Europea, cada Estado miembro debería estar representado únicamente por una o dos lenguas".

Dichas lenguas, prosigue, deberían ser "lenguas oficiales en todo el territorio del Estado miembro y ser las lenguas que utilizan las instituciones centrales en su día a día". España, pese al pacto de Sánchez con JxCAT, es evidente que no cumple este requisito.

La Constitución española dicta, en su artículo tres, que el castellano es el idioma oficial de todo el Estado. También asegura, en el art. 3.2, que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos". Esto implica que el catalán, gallego y euskera son cooficiales en sus territorios, pero no en el resto del Estado.

"Por lo tanto, si el Gobierno de España quiere convertir los tres idiomas mencionados en oficiales de la Unión Europea, el primer paso recomendado es que los convierta en idiomas oficiales en todo el territorio del Reino de España, al mismo nivel que el español/castellano", añaden las fuentes oficiales. Para hacerlo, España debería reformar la Constitución, un proceso muy enrevesado y para el que difícilmente el actual Ejecutivo encontraría apoyos suficientes. 

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ya envió una carta a las representaciones permanentes de otros los 26 Estados miembros de la UE subrayando este asunto, como informó este diario. 

Engaño de Sánchez y Puigdemont

De momento, ofrecerse a oficializar el catalán en la UE es el único "hecho comprobable" ofrecido por Pedro Sánchez a Carles Puigdemont. Con él se escenificó el pacto para que los siete diputados independentistas catalanes de Junts apoyaran a la socialista Francina Armengol para presidir la Mesa del Congreso. Pero, ante la postura que ha esgrimido ahora Eslovaquia a través de este diario, la carta enviada por José Manuel Albares a la Secretaría general del Consejo de la UE, en la madrugada del 17 de agosto, es poco menos que papel mojado.

La misiva de Albares, ministro de Asuntos Exteriores, se envió al Consejo de la UE de buena mañana en el mismo día en el que se constituían las Cortes. Se trataba de un ardid para que el expresident fugado en Waterloo (Bélgica) tuviese "una medalla que mostrar" a su electorado, en palabras de un miembro del Consejo de Ministros en funciones. La idea es aprovechar la presidencia de turno española en este semestre para liderar un cambio en el reglamento del Consejo e impulsar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas.

Hasta pasadas las 8.15 de la mañana, Puigdemont no dio su visto bueno al acuerdo. El líder oficioso de Junts exigía tener en su mano una copia no de la carta de Albares, sino del registro de entrada de la misma en la Secretaría del Consejo. Y eso fue lo que exhibió ante el electorado independentista catalán con el objetivo, confesado por fuentes cercanas a él en su palacete belga, de demostrar que "de un solo golpe, Junts obtiene más que ERC en toda una legislatura".

Pero a las pocas horas, fueron descubriéndose indicios del ardid, de que el documento no significaba nada. Primero, porque la reforma del reglamento del Consejo de la Unión Europea precisa de la unanimidad de los 27 Estados miembros. Y era más que previsible, según fuentes europeas, que alguno de los gobiernos de la UE se mostrara reluctante a avivar sus propios conflictos internos, ya sean de corte nacionalista, identitario o lingüístico.

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Así lo explicaban fuentes europarlamentarias a este periódico: "En ningún país de la UE hay un problema como el que tenemos en España con el separatismo catalán. Pero nadie se imagina, por ejemplo, a los tres países bálticos alentando que sus minorías rusófonas reclamen nuevos derechos, alimentadas económica y organizativamente por el régimen de Vladímir Putin, en guerra con la UE".

En todo caso, no es imaginable que ni Sánchez ni Puigdemont ignorasen el engaño a sus dos públicos. El presidente en funciones llevaba un año sin cumplir este mismo compromiso, alcanzado en la llamada Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Govern. Y así lo confirmaron fuentes de la presidencia del Parlamento Europeo a este diario. Las dificultades técnicas y jurídicas dificultaban la operación... tanto como ahora.

Por su parte, el catálogo de concesiones arrancado por el expresident huido de la Justicia española para votar a Armengol no sólo necesitaba de un "hecho comprobable" para que Junts mostrara una estrategia opuesta a la de ERC —con quien "no hay casi contactos ni, mucho menos, unidad de acción", apuntan fuentes cercanas a Puigdemont—, sino porque las otras cesiones, como las comisiones de investigación sobre el llamado caso Pegasus y los atentados del 17-A, sólo se podían sustanciar en el caso de arrancar la legislatura, y con una Mesa controlada por el PSOE.

Pero, tras seis años huido en Bruselas, y pleiteando con las instituciones de la UE para tratar de salvaguardar una inmunidad como eurodiputado ya levantada por la Eurocámara y por una sentencia que lo confirma del Tribunal General de la UE (TGUE), es evidente que los abogados de Puigdemont también conocen la legislación europea al dedillo.

Así, el engaño político, unido a las confesiones de algunos ministros en funciones —"la Mesa está amarrada y las cosas están muy bien para la investidura", por un lado; "la amnistía habrá que hacerla, es una buena vía para solucionar el procés y Puigdemont, además, tiene mucho poder ahora", por otro— indicarían que el acuerdo está más avanzado de lo confesado por ambas partes.

De hecho, este diario ya informaba este domingo de que Sánchez avanzó un acuerdo para la amnistía de los implicados en el procés separatista en aquella misma reunión de la llamada Mesa de Diálogo, en julio de 2022. Su equipo y el de Pere Aragonès estuvieron cerca de abrir esa puerta, pero finalmente el PSOE se echó atrás y optó por la vía de la reforma del Código Penal. Así vinieron la derogación de la sedición, y la rebaja de la malversación.

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Finalmente, fuentes europeas confirman a este periódico que lo que explica la REPER de Bratislava no es un secreto ni algo escrito en letra pequeña. Explicaciones similares ha recibido este diario de las representaciones permanentes de otros Estados, como la de Hungría y alguno de los grandes de la UE. De modo que no es creíble que la REPER española desconociese el galimatías jurídico en el que se adentraría Sánchez si, de verdad, fuese con todo para lograr la oficialidad del catalán en la UE.

Así, no es posible que los letrados de la REPER de España ante la UE, ni la asesoría jurídica de Exteriores, ni tampoco el numeroso equipo de asistentes de Moncloa ignoraran la literalidad del artículo 8 del reglamento del Consejo de la UE: "Si un Estado miembro tiene más de una lengua oficial, la lengua que deba utilizarse se regirá, a petición de dicho Estado, por las normas generales de su Derecho".

Porque en realidad, España no tiene más que una lengua oficial a nivel estatal. Y eso es precisamente lo que alega la REPER eslovaca para mostrar su intención de votar en contra de la oficialidad de cuatro lenguas procedentes de España.

Un Gobierno de Sánchez en esta XV Legislatura no sumaría escaños suficientes para una reforma de la Constitución en casi ningún caso, dada su debilidad parlamentaria, la heterogeneidad de sus apoyos y el hecho de que el Senado tiene al PP con mayoría absoluta.

Pero es que, además, el régimen de oficialidad exclusivo del castellano en todo el territorio está recogido en el Título Preliminar de la Carta Magna, cuya reforma va por la vía agravada.

Es decir, regida por el artículo 168: "Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".