La Alta Inspección que no protegió el 25% de español en Cataluña hará cumplir la Ley Celáa en las CCAA

El curso 2022/2023 ha empezado y la controvertida ley educativa del PSOE, la LOMLOE (conocida como Ley Celaá), ya se está poniendo en marcha en los ciclos impares (1º, 3º, 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato).

La reforma total del sistema formativo se tendrá que acatar en todas las Comunidades autónomas sin excepción. El Ministerio de Educación tiene la difícil tarea de ser quien controle su aplicación. ¿Cómo? Contando con la Alta Inspección.

Así lo confirman fuentes educativas a El ESPAÑOL, que recuerdan que, en muchos aspectos, la adaptación será "poco a poco", pero en las áreas más polémicas –no habrá notas numéricas y repetir curso será una excepción– el Ministerio de Educación sí será inflexible.

El departamento que dirige Pilar Alegría, que tiene la obligación de hacer cumplir su legislación, usará a los trabajadores de la Alta Inspección de todas las regiones para vigilar que los aspectos "troncales" de la ley orgánica se cumplan. Este es el mismo organismo que no pudo proteger el 25% de castellano en las escuelas catalanas, al contar con sólo dos funcionarios en esta región.

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En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pedía la colaboración de la Alta Inspección Educativa para "verificar" el cumplimiento de la 'sentencia del 25%'. Pero la ayuda era más bien escasa. Ahora, tal y como ha revelado este diario, el Gobierno exhibe "inflexibilidad" y promete que la Ley Celáa se cumplirá.

Como adelantó este diario, los jueces constataron que el organismo dependiente del Ministerio de Educación en Cataluña se había limitado a hacer de buzonero. Pedía información al consejero de Educación, la recibía y se la enviaba al TSJC, que ya disponía de esa misma información por remisión directa del consejero Josep Gonzàlez-Cambray.

Adaptaciones

¿Y en el caso de la LOMLOE? ¿Su trabajo también quedará en hacer de mensajero? Fuentes de diversos sindicatos creen que no y que, al ser una adaptación de una ley, tienen las normativas autonómicas para comprobar si se cumplen los parámetros mínimos.

Conviene recordar que el sistema educativo español tiene, por norma, 17 adaptaciones diferentes de la ley orgánica educativa (en este caso la LOMLOE), por ello tienen margen para adaptar aspectos como los currículums.

Según la ley vigente, el Estado establece el 60% del plan de estudios, que regula los contenidos, materias y los horarios lectivos mínimos. Mientras, a las autonomías les corresponde el otro 40%.

Durante todo el verano, los Gobiernos de las diferentes regiones han ido encajando las bases curriculares que les facilitó el Ministerio de Educación y han ido ordenando (bajo su criterio) nuevos conceptos.

Se trata de temas más teóricos a los que hay que añadir la libertad de cátedra que poseen los profesores. Es por eso por lo que, desde el sector educativo, se insiste en que lo que se refiere a "qué se enseña y qué no" es más difícil de vigilar.

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También se complica controlar la adaptación en la forma de enseñar. Una de las bases de la LOMLOE es la educación por competencias que se va a terminar fraguando en las pruebas de acceso a la universidad (EBAU).

"Que nadie espere encontrarse el primer día de clase otra forma de enseñar. Esto irá poco a poco y los docentes se irán adaptando", insisten respecto a dejar atrás la memorística. 

De hecho, muchos maestros denuncian que apenas han tenido tiempo de prepararse el curso. Y no sólo porque lleguen a la vez que los alumnos, como les pasa a los interinos de la Comunidad de Madrid, sino porque en muchas regiones los temarios han salido "tarde" y eso implica que incluso algunos libros de texto tengan que actualizarse.

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En lo que respecta al grueso del temario, los cambios más sustanciales se dan en secundaria y Bachillerato, pero (aun así) las materias han cambiado "mínimamente".

Por poner un ejemplo de lo que el Ministerio podrá controlar o no con la Alta Inspección hay que irse a asignaturas concretas. Tanto en Primaria como en Secundaria con la LOMLOE se incluye la asignatura de Educación en valores cívicos, y se elimina Filosofía de la lista de optativas (aunque las autonomías pueden decidir mantenerla).

Que la asignatura de Valores Cívicos aparezca en los desarrollos curriculares del centro es algo que la Alta Inspección podrá solicitar y controlar, pero los conocimientos que se impartan dentro del aula, no.

Otro ejemplo es el caso de la asignatura de Religión, cuya nota no contará para la media. Aun así, los centros sí estarán obligados a ofertarla (o una similar) y eso se podrá controlar.

Desde sindicatos de profesores como ANPE, han pedido que haya cierta flexibilidad en la parte burocrática. Es decir, a la hora de que los docentes presenten sus justificaciones didácticas y administrativas previas al inicio de curso.

Alta Inspección

La Alta Inspección se creó por el Real Decreto 480/1981 cuando se traspasaron las competencias educativas a País Vasco y Cataluña. Su trabajo siempre ha sido de coordinación y comprobación.

La Alta Inspección de cada Comunidad autónoma es ejercida por una o dos personas, que ocupan cargos diferenciados, con independencia del tamaño de la región: director de área de Alta Inspección y Alto inspector. Además, hay una dotación mínima de personal administrativo o auxiliar, que varía según la Comunidad.

El acceso a estos cargos se realiza a través de un procedimiento de libre designación del delegado del Gobierno de cada Comunidad autónoma, como representante de la Administración central en las distintas regiones.

El requisito que deben cumplir los elegidos es sólo uno: ser funcionario del grupo A1, nivel 30, el máximo. No es necesario ser docente y no hay convocatoria pública ni posibilidad de presentar candidaturas.

Hay que recordar que, aunque exista este órgano de Alta Inspección dependiente del Gobierno, cada Comunidad autónoma tiene órganos de inspección educativa que se coordinan desde las consejerías de Educación.

Según fuentes consultadas, no existen canales de coordinación entre la Alta Inspección y la Inspección educativa de las distintas Comunidades autónomas. Estas últimas se regulan de forma diferente en cada región.