Puigdemont duda entre exigir una amnistía de golpe o aceptarla a plazos, asunto por asunto

De momento, hay división entre las filas de Junts: en el entorno más cercano al líder hay quien ha planteado aceptar una solución a plazos, asunto por asunto, para capitalizar políticamente cada movimiento del eventual Gobierno Sánchez. Otros líderes del partido heredero de la vieja Convergència opinan lo contrario: "Se presentó ya una ley de amnistía la legislatura pasada. Las amnistías son así, todo de golpe".

Que el punto de partida será la amnistía de todos los implicados en el procés separatista de 2017 está claro. También que, después, se permita el uso del catalán (y otras lenguas cooficiales) en las Cortes, la condonación de la deuda de la Generalitat con el Estado y, finalmente, un referéndum. Esa, al menos, es la llamada lista de Puigdemont.

Ya la portavoz de JxCAT en el Congreso, Míriam Nogueras, lo dejó cristalino tras el 23-J: "No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada".

Que el PSOE lo tiene asumido también está confirmado. No sólo por las informaciones ya publicadas por este periódico, que reflejan la confianza absoluta de los socialistas en que tienen la Mesa del Congreso "amarrada" y "las cosas muy bien" para la investidura, sino porque este mismo martes, día festivo, el Partido Socialista anunció el nombre de su elegida para presidir la Cámara Baja: la expresidenta balear Francina Armengol.

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Según fuentes del Gobierno, sólo tiene sentido hacer ese anuncio a dos días de la votación si se tiene claro que es una apuesta ganadora. El guiño a los socios separatistas es evidente, ya que Armengol ha gobernado las islas en las últimas dos legislaturas apoyada en Més, un partido independentista y pancatalanista.

Otra fuente del Ejecutivo de Sánchez añade razones para aceptar el envite de Junts. Y explica a este diario que "es evidente que eso habrá que hacerlo para terminar de solucionar el procés". Haciendo de la necesidad virtud, añade: "Ahora Puigdemont tiene mucho poder, que es lo que le gusta, estar en el centro de atención; desde nuestra lógica, no tendría sentido que él perdiera esta oportunidad... Otra cosa es que su lógica nunca es fácil de seguir".

Los primeros 'plazos'

Mientras que el fondo está claro, lo que no lo está es la fórmula que los posconvergentes reclamarán a los socialistas para la amnistía. De optar por una amnistía gradual —asunto a asunto, por fases—, JxCAT exigiría que, como prioridad, beneficie a los cargos independentistas que serán juzgados en noviembre en el Tribunal de Cuentas (TdC) por el desvío de fondos públicos durante el procés. El juicio ya está señalado para el día 17 de ese mes.

La Abogacía del Estado no está personada en esta causa. Y en 2022 la Fiscalía del TdC presentó una demanda en la que únicamente reclamó 3,4 millones de euros a los altos cargos investigados, pese a que en la liquidación provisional de la instructora esta cantidad había alcanzado los nueve millones. Lógicamente, el Gobierno catalán, en manos independentistas, tampoco reclama cantidad alguna. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas forma parte del Pleno de este órgano fiscalizador.

La diputada de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, durante un mitin en julio. Europa Press

Pero la primera fase de esta amnistía a plazos no terminaría ahí. Otra de las prioridades del entorno de Puigdemont que opta por esta vía son los llamados cargos intermedios del Govern que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Un total de 29 excargos de segundo rango de la Generalitat y empresarios están a la espera de juicio por su presunta implicación en los preparativos del referéndum del 1-O. Han sido investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, por delitos como revelación de secretos (que se habría cometido con la cesión del censo de votantes para el plebiscito ilegal del 1 de octubre de 2017) o por malversación por destinar fondos públicos para organizar la consulta y darle apoyo logístico.

Entre ellos, se encuentra la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal, que habría falseado informes para ocultar estos gastos ilegales (y lo siguió haciendo durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución). También, Aleix Villatoro (exdirector del Consell Català de l'Esport), Francesc Sutrias (secretario de Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Generalitat), Ignasi Genovés (exdirector general de Atención Ciudadana), el exdirector de estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) Josué Sallent y responsables del área tecnológica de las consellerias de Exteriores (Xavier Puig) y Trabajo (David Franco y David Palanques).

El exdirector de TV3 Vicent Sanchis, el exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo y Núria Llorach (hoy, secretaria del Consejo del Audiovisual de Cataluña) están imputados por desobediencia, por negarse a acatar la orden que prohibía emitir los espacios de promoción del referéndum ilegal.

También están investigados los excargos que presuntamente desviaron fondos públicos para contratar ilegalmente estas inserciones publicitarias: el exdirector de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, el exsecretario de Comunicación Antoni Molons y el exsecretario de Difusión del Departamento de Presidencia, Joaquim Nin.

Entre los imputados se encuentran, igualmente, la exdirectora de la firma tecnológica T-Systems Rosa Maria Rodríguez (que dirigió el desarrollo de la aplicación informática utilizada en la votación), el editor de El Vallenc, Francesc Fàbregas (que habría impreso miles de actas elaboradas a partir del censo cedido ilegalmente), y Pablo Raventós, exdirector general la compañía Unipost, encargada de remitir las certificaciones elaboradas con el mismo censo.

Por su condición de aforados, el Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) asumió la causa contra el exsecretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, el exsecretario de Hacienda, Lluis Salvadó (al que ERC colocó luego como presidente del Port de Barcelona), y la actual consellera de Cultura de la Generalitat, Natalia Garriga (aunque esta última sólo se enfrenta a un presunto delito de desobediencia, por tanto, sin pena de cárcel).

Los '4.000 indepes'

Tras las elecciones del 23-J y con Puigdemont aún en el extranjero, huido de la Justicia española desde 2017, Junts decidió vender aún más caro su necesario apoyo para la investidura de Pedro Sánchez.

Ya sea bajo una u otra fórmula, JxCAT exigirá una amnistía para decenas de excargos públicos y particulares encausados por, entre otros delitos, desobediencia, la malversación de fondos públicos, prevaricación...

De hecho, entre los cientos de independentistas implicados en procesos judiciales —la cifra, posiblemente exagerada, de 4.000 indepes es la que suelen emplear en Junts— se encuentran algunos investigados o procesados por delitos como daños y estragos, atentado a la autoridad, fabricación de explosivos y terrorismo.

La amnistía no sólo supone el perdón de los delitos, sino el olvido —la amnesia—, como si nunca hubieran existido. De esta medida no sólo se beneficiarían todos los condenados por el Supremo en el juicio del 1-O, sino Puigdemont y el resto de fugitivos de la Justicia.

Hay más: quienes supuestamente conspiraron con agentes de Putin para obtener el apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña, los promotores del llamado Tsunami Democràtic y los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que fabricaron explosivos para, presuntamente, atentar contra infraestructuras y que planeaban asaltar el Parlament.

La mayor parte de los expertos juristas consultados por EL ESPAÑOL señalan que la amnistía tiene "difícil encaje" en la Constitución. Se trata de una medida de gracia generalizada utilizada habitualmente en procesos de transición de una dictadura a la democracia (como la otorgada en 1977, tras el franquismo) o para poner fin a décadas de terrorismo, otorgando la impunidad a los autores de los crímenes.

Pero un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, en conversación con EL ESPAÑOL, aporta la clave de esta situación. Reconoce que a Puigdemont no le importa con quién pactar, sino conseguir capitalizar su "enorme poder actual". "Lo que ocurre", explica el ministro a este periódico, es que Alberto Núñez Feijóo "no se lo puede dar". "Y Pedro sí", remata.