Sánchez avanzó en 2022 en la negociación con ERC sobre la amnistía pero frenó a última hora

De hecho, hace un año ya la negociaron con ERC, avanzaron en su redacción y ahora aceptan intentar culminar esas conversaciones y cerrar un acuerdo, según fuentes del Gobierno. Todo ello a falta de que se logre una redacción técnicamente válida y, quizás, sin utilizar expresamente el término amnistía.

Ese camino con rodeos, contradicciones y eufemismos se inició en la legislatura que acaba de terminar, cuando ERC empezó a plantear al Gobierno de coalición que no bastaba con los indultos concedidos, sino que había que ir hacia esa amnistía y así lo plantearon, entre otros foros, en la mesa de diálogo entre España y Cataluña.

[El PSOE bloqueó en el Congreso la primera Ley de Amnistía de Junts y ERC por ser inconstitucional]

En el primer semestre de 2021, ERC presentó en el Congreso una proposición de ley de amnistía que el PSOE frenó en la Mesa de la Cámara, amparándose en un informe de los letrados que aseguraba que no cabe en la Constitución.

De esas fechas hay declaraciones públicas de portavoces oficiales del PSOE, como Adriana Lastra y José Luis Ábalos, asegurando tajantes que la amnistía es incompatible con la Carta Magna.

Avances

Sin embargo, un año después el Gobierno retomó las conversaciones muy discretas con ERC y, según diversas fuentes, se avanzó notablemente hacia un acuerdo.

Por ejemplo, los negociadores del Ejecutivo exigieron que la amnistía afectara también a los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado encausados en juzgados de Cataluña por los sucesos del 1 de octubre de 2017.

ERC lo aceptó y, según fuentes independentistas, ahora también estarían dispuestos a admitirlo, aunque no se incluyó en su proposición de ley de 2021.

Para el Gobierno es imprescindible incluirlos por pura justicia y, además, tendría la ventaja de facilitar la venta pública del acuerdo.

En julio de 2022, la Mesa de Diálogo entre España y Cataluña se reunió en la Moncloa y se pactaron medidas como las referidas al uso del catalán en instituciones y también la llamada "desjudicialización".

No se precisaba la fórmula. E, incluso, se decía en la nota oficial que "el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización".

Fuentes de la negociación explican que en esas fechas se avanzó sobre una forma de amnistía, sin terminar de cerrar por completo el acuerdo. Sin embargo, el Gobierno decidió entonces cambiar de vía y promover la reforma del Código Penal para cambiar los delitos de sedición y malversación, proceso que terminó en las pasadas Navidades, con un efecto muy limitado en la situación penal de los acusados y condenados. Las razones, según algunas fuentes, fueron, principalmente, políticas.

Ahora, tras las elecciones generales del 23 de julio, ERC y, sobre todo, Junts han vuelto a poner sobre la mesa la ley de amnistía. Y Pedro Sánchez abrió la puerta el pasado martes a un acuerdo sobre este asunto, negándose a decir si es constitucional.

El presidente del Gobierno se remitió al Tribunal Constitucional para que, en su caso y en su momento, decida si encaja en la Carta Magna. De hecho, si llegara a aprobarse es muy probable que sea recurrido ante este órgano por el PP, único grupo parlamentario con cupo suficiente para presentar esa impugnación.

Sumar, coalición que lidera Yolanda Díaz, ya ha comunicado que ha reunido un conjunto de juristas para avanzar hacia el acuerdo. La base de esos trabajos es el texto que se negociaba hace un año que, a su vez, partía de la proposición de ley de ERC.

La idea de la amnistía parte del supuesto de que la Constitución no lo prohíbe expresamente. El artículo 62 i) impide que se concedan indultos generales, pero no serían tales porque los indultos se refieren a personas concretas y sólo para cuando haya sentencia firme.

Sin embargo, muchos destacados juristas objetan esta versión, como ya hicieron los letrados del Congreso en 2021.

Según explican los negociadores, una hipotética proposición de ley orgánica se referiría a fechas y a hechos concretos vinculados al procés independentista. Se tramitaría como proposición de ley, para evitar los informes no vinculantes y para agilizar su aprobación.

Junts y ERC quieren también que se aplique al proceso abierto en el Tribunal de Cuentas que afecta a más de 30 ex altos cargos de la Generalitat. Sin embargo, fuentes de esta institución y del Gobierno tienen dudas de que alcance a ese procedimiento, porque el Tribunal de Cuentas no se refiere a castigo de conductas, sino a reposición de fondos públicos supuestamente utilizados de forma irregular.

La explicación de los independentistas es que si se anula la condena que consideraba que había uso irregular de fondos públicos no tiene sentido reponer tales fondos.

El argumentario de Moncloa consiste es explicar que su "política de reencuentro con Cataluña", que incluye los indultos y la reforma del Código Penal, ha logrado apaciguar la política catalana.

Y, además, los independentistas han retrocedido en todas las elecciones, con posibilidad de que el socialista Salvador Illa sea president de la Generalitat. Esta tesis la expuso el martes Sánchez en su comparecencia en la Moncloa.