Varios diplomáticos llevan a juicio al Gobierno por reducir su compensación por vivir en el extranjero

Dicho procedimiento se inició con la demanda que estos funcionarios públicos interpusieron contra el Ministerio de Hacienda, debido a las "insuficientes" compensaciones que reciben por residir en el extranjero.

Señalan que el departamento que encabeza María Jesús Montero, que paga sus nóminas, no ha tenido en cuenta —o no lo ha hecho correctamente— los indicadores económicos de los que depende la actualización de sus salarios. Se trata de factores tales como el cambio euro-dólar o la inflación. Y existen otros como la incomunicación, la situación de guerra en el país de destino, la inseguridad...

Concretamente, los funcionarios demandantes señalan que la actualización de sus nóminas les ha hecho perder, de media, 1.500 euros mensuales, que sí cobraban meses atrás. De ser estimada su petición, el fallo que resuelva el conflicto afectará a todos los empleados públicos de Exteriores que sufran la misma situación (es lo que se conoce como extensión de efectos de la sentencia).

En la demanda, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, dichos diplomáticos, de dos embajadas distintas, se oponen a una Orden dictada el 28 de diciembre de 2022, con la que se actualizan las retribuciones de los funcionarios destinados fuera de España.

De acuerdo con su defensa, la actualización de estas indemnizaciones, "en lugar de adaptar sus retribuciones a la evolución del coste de la vida", les ha provocado una "pérdida notable de poder adquisitivo y de calidad de vida". "Ha sido contraproducente", resume la demanda.

Estas compensaciones se calculan, de forma anual, a través de un "módulo de equiparación del poder adquisitivo". Este recurso se opone a la última actualización, publicada en una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública el 28 de diciembre de 2021, cuyas disposiciones empezaron a aplicarse el 1 de enero de 2023.

Según indica el documento, "la Administración demandada ha tomado la decisión de reducir las retribuciones de los funcionarios españoles en [país omitido], mediante la reducción de los módulos referidos, pese a que no hay datos que justifiquen un abaratamiento relativo [de la calidad de vida] respecto de España".

"Decisión irracional"

"Resulta, pues, una decisión irracional, porque se establece un peor módulo con un tipo de cambio más desfavorable, pese a que el coste de la vida se ha incrementado", añade la demanda. A juicio de estos diplomáticos, "se ha utilizado la actuación anual de los módulos" para reducir subrepticiamente su salario, cometiéndose una "desviación de poder". Y se ha hecho, además, sin la necesaria negociación colectiva y sin seguir las vías legales previstas para ello.

Además, los demandantes señalan que la inflación es casi tres puntos porcentuales mayor donde residen que en nuestro país. Pese a ello, aseguran, sus compensaciones se han reducido. "No se justifica un abaratamiento relativo; supone una pérdida de poder adquisitivo de las personas funcionarias destinadas en [país omitido]", expone su defensa, ejercida por el abogado Víctor Soriano i Piqueras.

"Si bien la Orden tiene por finalidad actualizar los módulos para garantizar que, en términos de equiparación de poder adquisitivo y en términos de calidad de vida, no se produce una merma con respecto a lo previsto en el ejercicio anterior, lo cierto es que produce, efectivamente, efectos contradictorios con la evolución de los indicadores económicos que han de servir de referencia", critica la demanda.

El abogado de los funcionarios señala que la Administración "está legitimada" para reducir, si así lo quiere, el salario de los empleados públicos. O solamente el de aquellos que estén destinados en el exterior. "Pero debe acudir a las vías legales para ello", reprocha el letrado.

A renglón seguido, critica que Hacienda tome esta "poco motivada" decisión "difuminada bajo la complejidad de los módulos de equiparación y el tipo de cambio", pese al "impacto inmediato y claro" que ha tenido en la calidad de vida de estos funcionarios. "La falta de motivación del acto administrativo convierte al mismo en arbitrario", añade, tras citar jurisprudencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Administración a explicar el porqué de sus decisiones.

La demanda señala también que la actualización de los salarios de los funcionarios destinados en el exterior "no es un premio" ni es equiparable a los complementos de productividad. Se trata de una obligación que Hacienda debe atender anualmente, a modo de "fórmula de conversión del que debería ser el salario del funcionario en España, en base a circunstancias sociales y económicas del país de destino". Todo ello, para garantizar que los diplomáticos y trabajadores de Exteriores "no sufren merma como consecuencia de su desempeño en el extranjero".

Ahora, será el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional el que dirima este conflicto. La vista ya ha sido fijada para el próximo 3 de octubre a las 11.15 horas.