Los beneficios fiscales en Castilla y León alcanzaron los 713 millones en 2022, llegando a casi 190.000 contribuyentes
El Consejo de Cuentas ha presentado un informe este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda sobre la fiscalización de los incentivos.
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Los beneficios fiscales en Castilla y León alcanzaron los 713 millones de euros en el ejercicio de 2022, llegando casi 190.000 contribuyentes. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del informe del Consejo de Cuentas que ha presentado este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha sido el encargado de presentar esta tarde la fiscalización de los beneficios fiscales de la Comunidad en 2021. Es la primera vez que se aborda en Castilla y León un informe sobre esta material, aunque el Tribunal de Cuentas la viene analizando de forma periódica.
Dicho informe destaca entre sus principales conclusiones que para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 se identificaron un total de 794 incentivos fiscales, de los que 657, es decir, el 83%, vienen regulados por normativa estatal y 137 autonómica, el 17% restante.
Asimismo, pese a que los importes de los beneficios fiscales estatales se encuentran infravalorados, los totales representaron de media entre 2017 y 2023 un 30% de los ingresos tributarios que teóricamente tendría el presupuesto de ingresos de Castilla y León sin estos incentivos.
El estudio muestra, además, que entre 2017 y 2022 se pasó de 162.410 a 186.461 contribuyentes con beneficios fiscales, mientras que el importe de estos ejecutados subió de los 301 a los 713 millones de euros.
La causa fundamental de esto fueron las sucesiones por la alta mortalidad a raíz de la Covid-19 y las donaciones realizadas al amparo de la bonificación del 99% de la cuota.
Amilivia ha explicado que, en ausencia de un concepto legal de beneficio fiscal, el Grupo de Trabajo de Beneficios Fiscales de las Comunidades Autónomas del que forma parte Castilla y León parte de una definición muy extensa de lo que se comprende por incentivo fiscal, para posteriormente llegar a un concepto mucho más amplio.
Por ello, no queda reflejado en el Presupuesto de Beneficios Fiscales la disminución de los ingresos y la pérdida recaudatoria estimada correspondiente a los incentivos fiscales no considerados como beneficios fiscales por el mencionado grupo de trabajo.
En lo que respecta a los incentivos fiscales autonómicos, del 137 total, hay 58 que corresponden a los tributos cedidos y, por el otro lado, 79 que afectan a los tributos propios, que consisten estos últimos en cinco exenciones e impuestos y 74 incentivos en tasas.
En el IRPF existen 222 incentivos fiscales de los cuales, 204 son estatales y 19 autonómicos. La pérdida recaudatoria definitiva estimada a raíz de los beneficios creados por la Comunidad en este apartado fue de 83 millones de euros en 2020 y 90 en 2021.
En el Impuesto sobre el Patrimonio hay un total de 18 incentivos fiscales (17 estatales y 1 autonómico). Castilla y León solo ha regulado una exención por lo que casi no ha ejercitado sus competencias normativas.
Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, hay 44 incentivos (29 estatales y 15 autonómicos). La Comunidad tiene establecidas desde mayo de 2021 dos bonificaciones del 99% de la cuota en las adquisiciones inter vivos y mortis causa efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes.
La pérdida recaudatoria por estos incentivos ha sido de 555 millones de euros en 2021 y 646 durante 2022.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) hay 136 incentivos (119 estatales y 17 autonómicos).
En Castilla y León el aumento de los tipos generales respecto de los regulados en la normativa estatal tiene mayor importancia cuantitativa que los incentivos aplicados a las transmisiones de inmuebles y documentos notariales. Así, el aumento de recaudación neto en 2021 fue de 90 millones de euros.
En los Tributos sobre el Juego hay 11 incentivos (5 estatales y 6 autonómicos). No obstante, en estos tributos la Administración autonómica aumenta la carga fiscal respecto de la que resultaría de la aplicación de la normativa estatal. El incremento de la recaudación fue en 2021 de 24 millones.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hay 143 incentivos; 31 en los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, 18 en el impuesto sobre tabaco, 43 en hidrocarburos y 18 en el impuesto especial de la electricidad.
Las comunidades autónomas no ostentan competencias normativas sobre ellos, por lo que todos los incentivos derivan de los cambios efectuados en la normativa estatal que, no obstante, a la postre ocasionan mermas en los ingresos presupuestarios recaudados de esos tributos total o parcialmente cedidos.
En el impuesto especial sobre determinados medios de transporte solo se contempla la posibilidad de incrementar los tipos, por lo que no hay incentivos fiscales autonómicos y solo hay 20 estatales.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León, con motivo de todo ello, ha desarrollado diversas recomendaciones, tales como que la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica debería avanzar en la identificación y cuantificación de los incentivos fiscales estatales y autonómicos.
Un trabajo que se traduzca en la distinción de cuáles son considerados como beneficios fiscales y cuáles no, incorporando dicha información para todos sus tributos cedidos en sus memorias de beneficios fiscales, en línea con el contenido de la del ejercicio de 2023.
También invita a la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General, a incorporar en la Cuenta General de la Comunidad la información sobre la liquidación del presupuesto de beneficios fiscales, además de acompañar con una memoria explicativa del grado de cumplimiento de las estimaciones.