Almaraz, símbolo del apagón nuclear: PP y PSOE suman fuerzas en Extremadura contra su cierre

Aunque los reactores de la central cesarán su actividad entre 2027 (el primero) y 2028 (el segundo), la planificación de su desmantelamiento debe iniciarse con una antelación de tres años. Es decir, el futuro de Almaraz —que sustenta 2.900 empleos y contibuye al entorno con 97 millones de euros al año— se decide ahora. 

Es por ello que, además de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola y otros cargos del Partido Popular, la protesta contará con los presidentes socialistas de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

CNA

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La industria nuclear "genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos y genera algo fundamental para la política de esta Diputación: la fijación de población al territorio", ha denunciado Morales.

A esta batalla se unirán ayuntamientos de la región, ciudadanos y trabajadores de las centrales nucleares de Almaraz y Trillo. Todos ellos en busca de un objetivo común: hacer que el Gobierno reconsidere su decisión de desmantelar la instalación.

"Es otro agravio a una tierra que lo que necesita es confianza, inversión y medidas que le ayuden a seguir creciendo", ha defendido la presidenta de la Junta de Extremadura.

Una misión que, para muchos, parece "imposible". Más todavía después de que la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, descartase públicamente esta semana la posibilidad de revisar el acuerdo de cierre.

Choque empresarial

Curiosamente, el frente común que se ve este sábado en las calles no tiene un reflejo en las empresas propietarias de las cinco plantas nucleares españolas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Sus distantes intereses empresariales y modelos de negocio han generado una fisura que provoca importantes tensiones internas, según aseguran fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Aunque Foro Nuclear, la patronal que representa a estas empresas, ha criticado abiertamente la decisión de cierre, la postura pública de las diferentes compañías ha sido mucho más ambigua y fragmentada. 

Endesa es la empresa que más ha manifestado su oposición. "Intelectualmente estamos en contra", ha repetido su consejero delegado, José Bogas. 

Iberdrola también ha dejado ver públicamente su desacuerdo, pero sin armar ruido. "No hay ninguna razón por la que en Europa no podamos alargar el ciclo de vida de las centrales como están haciendo en Estados Unidos", decía hace unos meses su presidente, Ignacio Galán. Mientras tanto, Naturgy y EDP se mantienen en un perfil bajo, eludiendo la controversia.

La batalla por evitar el cierre nuclear "no es prioritaria" para la mayoría de las compañías, reconocen desde el sector.

Cabe recordar que fue en 2019 cuando la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las centrales, firmó con las firmas propietarias el cierre escalonado. Y esto es algo que el Gobierno repite. El fin atómico es un acuerdo entre todas las partes.

No obstante, en aquel año —con el Gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos— la alternativa que se les ofrecía a las propietarias "era un cierre más temprano" o, incluso, "inmediato", defienden desde Foro Nuclear. "En esa tesitura las empresas propietarias llegaron a un pacto, no para cerrar, sino para seguir funcionando", argumentan.

En la actualidad, la carga fiscal que soporta el sector nuclear es mucho mayor que entonces, sobre todo tras el reciente aumento del 30% de la Tasa Enresa. Sólo por producir electricidad, las plantas nucleares deben pagar 28 euros/MWh en tasas e impuestos. Hablamos de más 1.500 millones de euros al año. Por eso, hay algo en lo que están de acuerdo: no quieren seguir funcionando en estas condiciones.

La vulnerabilidad de Endesa

Que Endesa haya alzado la voz con más contundencia frente al cierre de las centrales nucleares no es casualidad. Su fuerte dependencia de esta fuente de energía y su presencia limitada en el mercado español la convierten en la eléctrica más vulnerable ante el apagón nuclear.

La mayor parte de la electricidad que genera (un 41%) proviene de sus plantas nucleares, por encima del gas natural (32%) y las renovables (19%). Un cónsul que proporciona energía estable y de bajo coste una vez en marcha, permitiéndole satisfacer gran parte de la demanda de sus clientes sin depender de terceros.

Si estas centrales nucleares cierran, Endesa perdería esa capacidad autárquica y se vería obligada a comprar electricidad en el mercado mayorista, caracterizado por su alta volatilidad. Sus márgenes de beneficio se verían muy afectados.

Esta fragilidad no es tan acusada en Iberdrola. Sus nucleares aportan un 38% de la electricidad que genera en España, por debajo de las renovables (48%). Pero en el grupo global esa dependencia se reduce al 14%, gracias a una presencia internacional mucho mayor y una apuesta consolidada por las energías renovables (46%), lo que le permite equilibrar mejor su producción y minimizar riesgos.

EFE

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Naturgy, más centrada en el negocio del gas, está mucho menos expuesta que sus competidoras. Las nucleares representan un 10% de la energía que produce el grupo. Su fuerte presencia internacional también le permite diversificar sus ingresos y reducir su exposición al mercado eléctrico español.

Lo mismo ocurre con la portuguesa EDP, cuya presencia en el negocio nuclear es mucho más limitada.

En el caso específico de la central nuclear de Almaraz, la propiedad se distribuye entre Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%). Aunque, a primera vista, podría parecer que Iberdrola es la más afectada, el calendario de cierre puede ser una mayor preocupación para Endesa.

Las principales instalaciones de Endesa —Vandellós y Ascó, ubicadas en Tarragona— se cerrarán entre 2030 y 2035. Esto implica que, entre el cierre de Almaraz en 2027 y el de sus propias plantas nucleares en 2035, Endesa estará más expuesta a posibles cambios regulatorios, como un nuevo aumento de la Tasa Enresa. Un coste que, además, se repartiría entre las plantas aún en funcionamiento.

Esta situación pone a la compañía en una posición más vulnerable, ya que deberá afrontar estos gastos adicionales sin contar con la generación nuclear que pierde.

A esto se añade el fenómeno conocido como el Efecto Flota. Las centrales nucleares suelen agrupar la compra de equipos y negociar en bloque con contratistas, lo que les otorga una mayor capacidad de negociación y reduce los costes operativos. Sin embargo, al perder una parte significativa de su parque nuclear, las plantas restantes perderán esta ventaja colectiva, lo que añadiría presión en los costes.

El rechazo de Portugal

El silencio de Naturgy y EDP se explica por sus modelos de negocio. La exposición de Naturgy a la situación de Almaraz es mucho menor que el de sus competidoras.

Por su parte, las repercusiones para la EDP son nulas, ya que la empresa no tiene participación en la central de Almaraz. Además, en Portugal (donde tiene su sede) existe una fuerte oposición tanto social como gubernamental a la planta por su proximidad a la frontera con el país.

Alberto Ortega / Europa Press

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De hecho, nuestro país vecino solicitó a España el cierre la planta de Almaraz en el pasado. Además, la falta de consenso sobre la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de la central ha generado más fricciones en el presente.

Esto hace que el cierre de Almaraz no tenga relevancia significativa para EDP, ya que su enfoque está centrado en energías renovables y su estrategia no depende de la energía nuclear en España.

El "sacrificio" de Almaraz

Desde el sector energético son muchos los que ven "inevitable" el fin de Almaraz. Algunos hablan incluso de un "sacrificio", bajo la tesis de que el Gobierno reconsiderará el acuerdo de 2019 tras el cierre de la planta extremeña, ante las amenazas de sustentar el sistema eléctrico sin nucleares.

Almaraz cubre un 7% de la demanda eléctrica anual de toda España, pero el conjunto de las cinco centrales nucleares nacionales y sus siete reactores representan en torno al 20%. Son instalaciones con alta capacidad de producción y, lo más importante, generan electricidad de manera constante y estable.

Esto se debe a que la energía nuclear es una fuente de energía base, es decir, produce electricidad de forma continua durante las 24 horas del día, sin interrupciones, independientemente de las condiciones meteorológicas.

España está aumentando su capacidad de generación mediante energías renovables, como la solar y la eólica. Sin embargo, estas fuentes de energía son intermitentes, es decir, dependen del sol y del viento. Sin tecnologías estables y de respaldo como el gas, las nucleares o el almacenamiento, el suministro nacional está en riesgo.

A esto se suma la presión por la descarbonización. La energía nuclear es una fuente sin emisiones de CO2, lo que significa que contribuye significativamente a la descarbonización del sistema eléctrico.

El cierre de las centrales nucleares, sin una sustitución adecuada por fuentes de energía igualmente limpias, podría hacer que el país dependa más de fuentes fósiles (como el gas y el carbón) en momentos de alta demanda.