María Jesús Montero se ríe durante el acto de este miércoles en Sevilla. Sevilla
En el crispado escenario político español, las declaraciones de los miembros del Gobierno a menudo generan debate. Recientemente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado la atención no solo por su gestión económica, sino también por un estilo de comunicación directo y, a menudo, polémico. Un ejemplo recurrente ha sido el uso del término "mopongo" para calificar la labor del principal partido de la oposición.
Utilizando un juego de palabras con la frase "me opongo", Montero ha calificado al PP como "el partido del Mopongo", en diversos actos, enumerando iniciativas gubernamentales a las que, según ella, el PP se opone sistemáticamente:
"Subida de pensiones, Mopongo; transporte gratuito, Mopongo; reforma laboral [...], Mopongo; subida del salario mínimo interprofesional, Mopongo". El argumento implícito es que el PP practica una oposición destructiva, sin aceptar el resultado democrático de las urnas.
Sin embargo, esta línea argumental ha generado extrañeza e indignación, precisamente porque la función esencial de la oposición es, de hecho, oponerse y fiscalizar a un Gobierno minoritario, absolutamente dependiente de sus socios, con intereses contrapuestos, en políticas de Estado.
Criticar de una manera tan despechada e iracunda a una oposición legítima, además de ser el partido más votado en las últimas legislativas y con mayoría absoluta en el Senado, por ejercer su función puede interpretarse como una forma de intentar deslegitimar su papel democrático.
Esta tendencia a la calificación contundente no se limita a la oposición política, ya que la ministra también protagonizó una fuerte controversia por sus declaraciones sobre las universidades privadas. En un acto del PSOE en Málaga, Montero llegó a afirmar que eran "la principal amenaza de la clase trabajadora" y declaró: "No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador".
Estas afirmaciones han generado un amplio rechazo, no solo desde el ámbito político, sino también desde sectores educativos y sociales.
Pueden ser interpretadas como una falta de respeto y una generalización injusta hacia las numerosas instituciones de educación superior privada y con sistemas de aseguramiento de calidad, especialmente, hacia los cientos de miles de estudiantes y titulados que han pasado por sus aulas. Las críticas subrayaron que estas declaraciones parecían ignorar la diversidad de la oferta privada, la exigencia académica de muchos de sus centros y el esfuerzo de sus alumnos y docentes.
Se podría señalar con ironía que varios miembros del propio Gobierno, incluido el presidente Sánchez, se formaron en universidades privadas. El propio presidente ha llegado a hablar de "chiringuitos" en el debate público posterior, avivando la discusión sobre los modelos educativos y el respeto institucional.
Tanto el uso del término "mopongo" como las declaraciones sobre la universidad privada, calificándola como "chiringuitos", ilustran un estilo de confrontación política que, si bien puede buscar movilizar a las propias bases, también genera controversia y plantea preguntas sobre la calidad del debate público.
La insistencia en descalificar al adversario o a sectores enteros de la sociedad invita a una reflexión sobre si este enfoque contribuye a la polarización y dificulta la búsqueda de consensos en un momento en que España afronta importantes desafíos.