Canarias declara la 'emergencia migratoria' y publica el protocolo para no aceptar más menas

Según el texto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, estos "niños, niñas y adolescentes" que no están "desamparados" porque "cuentan con la atención inmediata del Estado". 

Es decir que, en atención al "interés superior del menor" y dada la "emergencia migratoria agravada" que viven las islas, "no procede la entrega y recepción por los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias".

A partir de ahora, será ley del Gobierno insular lo que su presidente, Fernando Clavijo, ya anunció el pasado 2 de septiembre, cuando advirtió de que llevaría al Gobierno del Estado ante los tribunales por "dejación de funciones" en su "competencia exclusiva" sobre política migratoria.

Aquel día, el Gobierno de Canarias declaró la declaración de "emergencia migratoria agravada" para, decía el acuerdo, "viabilizar una respuesta adecuada a una situación claramente excepcional". En palabras del presidente autonómico, para "garantizar los derechos de los menores que llegan a nuestras costas".

Los hechos

En aquel momento, Canarias había asumido la tutela de 5.200 menas, el resto de Comunidades Autónomas habían aceptado asumir sólo a 347 de ellos, y los servicios de protección social de las islas estaban "sobresaturados".

Según la propia consejera, Candelaria Delgado, "cada mes, gastamos más de 14 millones de nuestro presupuesto" en esta competencia, "lo que nos provocará un déficit de 90 millones a final de año y la desatención de otras obligaciones".

Pero no sólo eso. Clavijo denunció que la Policía y la Guardia Civil entregaban a los menores "directamente a las ONG, sin informar al Ejecutivo autonómico". Y que lo hacían "en paquetes, como con un simple albarán. Sin identificar a cada menor y sin participación de la Fiscalía", garante de los derechos del niño. 

Estas circunstancias provocaban, según la versión del presidente canario, que, por ejemplo, "no estemos garantizando los derechos de quienes vienen huyendo de la guerra".

Según los datos que obran en poder el Gobierno canario, más de 1.100 de los ya 5.300 chicos y chicas que están bajo su tutela, proceden de Mali. "Ellos no son migrantes, sino solicitantes de asilo, sean menores o no, y tienen unos derechos que la acción desordenada del Gobierno impide preservar".

La política

A partir de ahora, este protocolo, obligará a las autoridades estatales a "asumir" en toda su extensión las consecuencias de las "responsabilidades internacionales de rescate en el mar y las competencias constitucionales de control de frontera y de flujo migratorio".

Y sólo después de identificar a cada menor, reseñarlo, "y con previa audiencia en entrevista personal" con él o ella, podrán ser "asignados o ubicados, según la situación jurídica en que se encuentren".

Políticamente, esta decisión cuenta con el apoyo de todo el arco parlamentario insular, salvo el de los representantes de Vox. El Gobierno de las islas está formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular, pero también los diputados del PSOE apoyaron esta iniciativa, llevada al Foro Canario de Inmigración, el 3 de septiembre, y al Parlamento, el pasado viernes, día 6.

El presidente Clavijo ha pasado a la ofensiva contra el Gobierno de España al sentir desamparo e, incluso, la utilización de la crisis migratoria "para generar un conflicto político" entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Según fuentes de su entorno, la designación del ministro Ángel Víctor Torres como interlocutor en Madrid para Canarias tiene el objetivo de "intentar romper la coalición del Ejecutivo insular".

Torres fue presidente de Canarias en la pasada legislatura autonómica, gracias a un acuerdo de legislatura con pequeñas formaciones insulares, que desalojó al propio Clavijo del poder.

De vuelta al cargo gracias a su pacto con el PP, el líder de CC decidió mantener "la lealtad institucional", llegó incluso a apoyar la investidura de Sánchez, con el voto de su única diputada en el Congreso y pidió reunirse con el presidente para buscar una solución a la crisis desde hace más de un año.

Sólo consiguió esa cita a finales de agosto -después de seis años sin que Moncloa le agendara encuentros con el jefe del Ejecutivo-, en el final de las vacaciones en Lanzarote del presidente.

Antes, el 12 de agosto, Clavijo había logrado que Torres y Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, interrumpieran su veraneo para negociar los cuatro puntos que populares y nacionalistas canarios coinciden en reclamarle a Moncloa para la reforma de la Ley de Extranjería. 

Pero aquella reunión secreta quedó en nada. Y la de Clavijo y Sánchez tampoco dio frutos. En aquella cita, el presidente del Gobierno se comprometió a negociar "en un par de semanas" la reforma de la Ley de Extranjería con el PP, y ofreció 50 millones de euros de apoyo a las islas. Clavijo le agradeció le gesto, pero le recordó que sólo este año ya lleva gastados "más de 150 millones".

La reacción

Pasadas las dos semanas, la presión migratoria se tornó en "situaciones de extrema gravedad", cuando una ONG alegó que no podía asumir más menas "porque ya duermen en el suelo" los que tenían, y recibió "un requerimiento de la Fiscalía amenazando con acusarla de un delito de desamparo a menores".

Fue entonces, cuando Clavijo anunció la medida que se legaliza en este protocolo. Y ante la falta de noticias del Gobierno, se reunió con Feijóo, este martes en Tenerife, para firmar una declaración conjunta, con la mediación de Manolo Domínguez, líder del PP canario y vicepresidente de su Gobierno autonómico.

Todo este proceso ha culminado en este nuevo protocolo para la recepción de menas. Con él, Canarias pretende "salvaguardar el derecho superior del menor, que viene establecido por la Carta Europea de los Derechos del Niño". Además, aliviar la presión de las ONG, que ya no tienen medios para asumir más chicos y chicas.

Por otro lado, Clavijo logra con este texto legal proteger jurídicamente a los funcionarios de las islas "ante las amenazas del Estado". Y finalmente, pasarle al Gobierno la presión de "una competencia que es exclusiva" del Estado, la migratoria, para que "lidere una solución de país", y abandone "el conflicto político".