Sánchez quiere implicar a asociaciones de periodistas en las sanciones y retirada de publicidad institucional

Según señalan fuentes de Moncloa, el presidente del Gobierno planea implicar a las asociaciones de periodistas y grupos parlamentarios en la modificación de la ley de publicidad institucional. Sobre todo, su idea es apoyarse en las comisiones éticas de las asociaciones de la prensa —unos órganos que sólo tienen valor moral dentro de la profesión— para que sean ellas quienes hagan los criterios.

La duda inserta ahora mismo entre partidos y prensa es cómo se diferenciará a los medios que "practiquen pseudoperiodismo" de los que no y qué "códigos deontológicos" se seguirán para discernirlos. Para ello, Sánchez baraja otra fórmula: multas y sanciones administrativas (con retirada de publicidad) a quienes hayan sido condenados por injurias o calumnias.

Este segundo, la calumnia, es la imputación de un dato con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad. Es el delito más frecuente contra las informaciones falsas y en el que el Gobierno planea escudarse para limitar la publicidad institucional; dicho de otro modo, que las mentiras cuesten dinero. 

Pretende, según explica el Gobierno, que no haya lo que llama "pseudomedios" financiados casi totalmente por administraciones públicas. Y, sobre todo, poder sancionar con retirada de esa publicidad a medios que publiquen lo que las asociaciones profesionales de la prensa, en connivencia con el Ejecutivo, consideren como "bulos". 

"No se ha llegado al detalle del texto, pero habrá unos criterios redactados", afirman desde Moncloa. De momento, dicen las mismas fuentes, Sánchez ya está trabajando con "un esqueleto de materias" que discutirá a lo largo del verano con los grupos parlamentarios y los periodistas. 

El presidente del Gobierno lleva semanas vinculando sus cambios a la publicidad de los medios con dos de los frentes que incluye en su máquina del fango: la investigación a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción; y la posible imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar información confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez asegura que los dos casos son comparables por partir de "una estrategia judicial de acoso y derribo" con aquiescencia mediática, según declaró en una entrevista de la Cadena SER hace dos semanas. En el de Ortiz, porque el fiscal publicó "una nota aclarando un bulo"; en el de Gómez, porque está denunciada por Manos Limpias, sindicato conocido por querellarse contra políticos de izquierdas con pocas pruebas y casi ningún éxito.

"Es un caso de libro. Tenemos a un pseudosindicato ultraderechista que plantea una denuncia con bulos y desinformación, tenemos a los pseudomedios digitales propagando esos bulos y esa desinformación, y luego tenemos los altavoces del Partido Popular y de Vox pedaleando sobre la nada, sobre el fango", esgrimió Sánchez durante la entrevista.

La ley de Sumar

Por su parte, y en paralelo a la acción del PSOE, Sumar quiere crear un Consejo Estatal de Medios de Comunicación que asuma las competencias en materia audiovisual que ahora tiene la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Este órgano, que afectaría también a la prensa escrita, sería el encargado de "proteger el derecho a la información de la ciudadanía" y establecer garantías para "el cumplimiento de los principios deontológicos".

Así lo recogen dos iniciativas parlamentarias presentadas este martes por la coalición de izquierdas a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. En una, el socio minoritario del Gobierno demanda un debate en la Comisión de Calidad Democrática para crear este organismo; en otra, insta al Gobierno a incluir nuevos criterios en la ley de publicidad institucional según "proporcionalidad y equidad".