El PSOE cambia de opinión y descarta negociar con Podemos los Presupuestos: "No votarán con PP y Vox"

Los socialistas se abrieron la semana pasada a pactar el apoyo de Podemos a los Presupuestos como si fuese un partido más —esto es, como si no formase parte de Sumar— y atar sus cinco votos, que son indispensables para sacar adelante cualquier ley. Ahora, "viendo cómo ha salido del Gobierno", el PSOE ha cambiado de opinión y no dará un trato de favor a los morados, al menos no para discutir las cuentas públicas.

"No se atreverán a votar que no a los Presupuestos con el PP y Vox", revelan fuentes de la dirección socialista, si bien no descartan negociar con ellos "en alguna ley concreta o alguna PNL".

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Hace apenas una semana, la exministra Ione Belarra encareció el precio de su apoyo a los Presupuestos y desde su entorno se insistía en que no le importaba tumbarlos llegado el momento. 

El PSOE aceptó el órdago en un primer momento, pero ha rectificado con el paso de los días. Para el cambio de parecer fue clave la intervención de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y recién ascendida a la vicepresidenta cuarta, quien se negó a ceder ni un centímetro más después de meses preparando las cuentas públicas y negociando el voto de los socios.

Precisamente por las condiciones en las que se ha desarrollado la formación de Gobierno, el apoyo de Podemos a los Presupuestos no está garantizado. Los morados dijeron desde el primer momento que investirían a Sánchez gratis pero que esa sería su última concesión: a partir de entonces, tendría que ganarse sus votos. El PSOE no se lo cree.

El grupo parlamentario de Sumar tiene 31 diputados, de los cuales cinco corresponden a Podemos y responden únicamente ante Ione Belarra, no a Yolanda Díaz. Con esos cinco escaños, Sánchez se queda sin la mayoría absoluta y leyes como los Presupuestos quedarían en el aire.

Precisamente, el hecho de que PSOE y Sumar vetaran a Podemos del Consejo de Ministros es uno de los argumentos de fuerza de los morados para presionar a la coalición. "Al expulsarnos nos han dejado las manos libres, así que haremos política con los recursos que tenemos", recalcan fuentes de la dirección del partido.

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El veto del PP

Nadie en el Gobierno pierde de vista que el PP podrá hacer decaer los Presupuestos en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y capacidad para vetar los objetivos de estabilidad, pero tampoco preocupa. Si todo falla, los socialistas se guardan la bala de plata de cambiar la ley para sortear el veto y aislar todavía más a la oposición, aunque esperan poder convencer a Alberto Núñez Feijóo de que no es necesario llegar tan lejos.

Todo esto entra dentro del terreno de la especulación, pero es un plan que las direcciones de ambos partidos debaten con los periodistas como si fuese una profecía autocumplida. De todas formas, nadie enseña sus cartas del todo, sobre todo porque los Presupuestos no se han presentado todavía y el PP no puede rechazar unas cuentas que ni siquiera ha visto. 

El argumento del PSOE para convencer a los populares es que la reforma de los objetivos de estabilidad beneficiará, sobre todo, a las comunidades autónomas y ayuntamientos que desde el 28 de mayo están gobernados por la derecha. "No van a vetarse a sí mismos", reflexionan fuentes de la cúpula de Ferraz.

Si ocurriera, Pedro Sánchez se reserva el derecho de cambiar las reglas del juego y no depender del visto bueno del Senado. Sería tan sencillo como usar la mayoría en el Congreso para reescribir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desde 2012 establece que los "objetivos de estabilidad y de deuda pública" deben aprobarse en las dos cámaras.

La aprobación de la senda de déficit es el paso previo a votar los Presupuestos de cada año. Unos no pueden llegar sin la otra. El problema, al contrario de lo que ocurría hace once años, es que el Gobierno tiene mayoría en el Congreso y la oposición en el Senado, por lo cual el PP podría vetar (y obligar a rehacer) las cuentas públicas incluso antes de que se elaboren.

La previsión del Gobierno es que los Presupuestos estén tramitados en el mes de marzo, en el peor de los casos. Necesitan que el proyecto de ley no llegue al Congreso antes de finales de año, porque los Presupuestos siempre tienen prioridad en el trámite parlamentario e interferirían en la proposición de ley de amnistía que Sánchez quiere cerrar antes de enero.