El PSOE ya prepara una reforma de la ley para que el PP no pueda tumbar los Presupuestos en el Senado
La Cámara Alta tiene derecho a veto sobre el techo de gasto. Sánchez ya lo intentó cambiar la legislatura pasada, pero no pudo al convocarse el 23-J.
9 octubre, 2023 03:15Confiados en que Pedro Sánchez va a ser investido tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, los socialistas se han puesto manos a la obra para intentar sacar adelante una reforma legal que quite al Senado el derecho a veto sobre el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Con 176 diputados, cambias la ley en el Congreso y abres la cerradura que impondrá el PP", explica un ministro en funciones a este diario.
Así lo confirman, además, fuentes de Moncloa a EL ESPAÑOL, que reconocen que la mayoría absoluta del PP en el Senado puede torpedearles los Presupuestos de 2024. En la negociación para la investidura, como ya informó este periódico, el PSOE está queriendo incluir un compromiso para la aprobación de las cuentas públicas del año que viene. Eso le aseguraría a Sánchez un par de años de legislatura, más allá de que luego la gobernabilidad -ley a ley- sea más o menos inestable.
El "techo" es el límite de gasto no financiero del Estado para un año, es el paso previo a los Presupuestos y determina su marco económico. Normalmente, ya estaría aprobado por el Consejo de Ministros a estas alturas del año –el año pasado se aprobó en verano–. Es más, este domingo se cumple el plazo para llevar el proyecto de los PGE al Congreso, según el artículo 134 de la Constitución, pero las sucesivas elecciones en este 2023 han retrasado su aprobación y ahora, desde el 23-J, el Senado cuenta con mayoría absoluta del PP.
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Esto es un problema para los socialistas. En el año 2012, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su artículo 15.6 se establece que el acuerdo del techo de gasto que parte del Consejo de Ministros tiene que ser ratificado por las Cortes Generales, el Congreso y el Senado.
"Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", dice la norma.
Desde el 23-J, el PP cuenta con 143 de los 264 senadores que hay, una rotunda mayoría absoluta que podría estar devolviendo constantemente al Consejo de Ministros el techo de gasto del hipotético Gobierno de Sánchez.
Ello obligaría a los socialistas a proponer un techo de gasto aceptable por los populares, algo realmente difícil ya que apenas hay entendimiento entre PSOE y PP. Además, afectaría a las negociaciones y concesiones que los socialistas hagan con los partidos nacionalistas, puesto que estos acuerdos muchas veces quedan reflejados en forma de dotaciones presupuestarias.
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Algo parecido ocurrió en 2018, cuando la (entonces nueva) ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que trabajar con los PGE y el techo de gasto trabajado previamente por Montoro. En la pasada legislatura, se registró en el Congreso un intento de cambiar la ley. El Gobierno de Sánchez movió ficha, pero la propuesta quedó estancada y, como todas las leyes que no terminaron de tramitarse, murió al disolverse las Cortes y convocar las elecciones.
Los Presupuestos de 2024, además, tendrán una complicación añadida. Desde 2020, y a petición de la Comisión Europea, se habían suspendido las reglas fiscales de Bruselas, que exige un control tanto al techo de gasto como a las mismas cuentas públicas. El año que viene, esas reglas fiscales volverán a entrar en vigor, por lo que la rigidez a la hora de actuar será mucho mayor.
Por eso mismo, una de las prioridades de la presidencia de turno española en el Consejo de la UE es la de forzar un cambio en esas reglas y flexibilizarlas. "No todos los países sufrimos lo mismo en la pandemia", apunta un ministro a este periódico, "y un esfuerzo fiscal rígido ahora mismo pondría en desventaja unas economías sobre otras en la Unión"... que es una manera de decir que la economía española quedaría estrangulada, dada su deuda pública, superior al 113% del PIB.
Cambiar la ley
"Se cambiará la ley", dice tajante un miembro del Consejo de Ministros. "No puedes quedarte sin objetivo de estabilidad", asegura. La idea inicial es que la misma mayoría de la investidura sería "fácil de movilizar" para este objetivo, quitarle al PP la llave que cierra, ahora mismo, unas cuentas públicas del Frankenstein 2.0, como lo define el PP de la mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Sin embargo, también apunta que hay "vías jurídicas", aunque no especifica cuáles, que podrían servir para sacar adelante el techo de gasto antes incluso de modificar la norma.
Desde el Gobierno en funciones aseguran que quieren presentar "en tiempo y forma" los Presupuestos de 2024 antes de que acabe este año. Eso, ciertamente, ya no es posible. Pero sí se podrían acelerar los plazos de tramitación para que entraran en vigor antes del 1 de enero de 2024, si se aborda la reforma de la ley Montoro al mismo tiempo.
En todo caso, si el nuevo Gobierno Sánchez no puede lograr su objetivo antes de que finalice 2023, tendrá que ser a principios del siguiente. Pero insisten en que su objetivo es aprobar los PGE de 2024, unos nuevos, y no prorrogar los de este año.
"Estamos trabajando en ellos", aseguran las fuentes. "Esperamos que la investidura no sea muy tarde, aunque tenemos que negociar muchas cosas", reconocen.
Las fuentes de Moncloa sugieren que en la ronda de contactos que Sánchez empezará este lunes podría aprovechar para ir buscando apoyos también a los Presupuestos. Por ejemplo, Coalición Canaria está dispuesta a apoyar a Sánchez si el Gobierno se compromete a ejecutar los 200 millones de euros que faltan de los PGE de 2023, más allá de que el voto de su diputada, Cristina Valido, acabe apoyando o no la investidura de Sánchez.
"Que nos paguen lo que nos deben", apuntan fuentes de CC. "Se ejecutará", responden desde el Ejecutivo.
Pero para presentar los Presupuestos "en tiempo y forma" la investidura tiene que suceder cuanto antes. Si bien hace unos días los socialistas eran más optimistas y la ubicaban antes de que finalizase octubre, las tensiones con Junts y ERC podrían retrasarla hasta noviembre.
"Tenemos ya la negociación en marcha, y muy encaminada, pero no es fácil", aseguran desde Ferraz. "Aunque la intención es que la investidura suceda cuanto antes, no es cuestión de ponernos deberes para dentro de 15 días. A ver cómo terminan las negociaciones", apuntalan.