Una presidencia europea atípica con una cargada agenda

Estas particularidades determinan la agenda y escapan a la política doméstica.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, este lunes en Madrid. Efe

Cuando la UE se encuentra aún inmersa en la respuesta a la Covid-19 a través de los fondos NextGen, los Estados miembro se han tropezado con una guerra en Ucrania que ha evaluado y puesto en cuestión su independencia en industria y recursos naturales.

La presidencia española aterriza en una coyuntura donde la autonomía estratégica, es decir, la búsqueda de independencia energética, el fomento de la inversión en tecnologías estratégicas o el impulso al sector de la defensa delimitan gran parte de las nuevas iniciativas en Bruselas.

La Comisión Europea acaba de presentar, en esta línea, su Estrategia de seguridad económica, que identifica como grandes riesgos las cadenas de suministro, la seguridad física y cibernética, la seguridad tecnológica y la coerción económica.

Será España quien tendrá que liderar este semestre el reforzamiento de la UE. No sólo como gran regulador internacional, sino como tercer actor global, junto a EEUU y China, por usar la expresión del presidente Macron.

Para avanzar en esa autonomía será particularmente importante el éxito de la Cumbre UE-América Latina y Caribe dentro de menos de diez días. Y los posibles avances en los acuerdos comerciales con la región, especialmente con MERCOSUR, atascado en gran medida por una visión proteccionista de Francia. Valga la redundancia.

Otro rasgo distintivo respecto a experiencias previas es la posición de la presidencia en el ciclo legislativo. Si en 2010 España presidió el Consejo al comienzo del mismo (2009-2014), en esta ocasión el Gobierno asume la última presidencia completa antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024. Las llamadas "presidencias escoba" permiten a quienes las ostentan terminar de definir y cerrar dosieres legislativos. Y otorgan mayor visibilidad antes del parón institucional que se espera a partir de marzo del próximo año.

"El adelanto electoral, aunque no modificará sustancialmente qué regulación se va a debatir estos meses, sí saca la presidencia del foco"

A estas particularidades el Gobierno ha querido añadir un adelanto electoral que aunque no modificará sustancialmente qué regulación se va a debatir estos meses (ya que el trabajo preparatorio y la agenda la marcan la propia maquinaria regulatoria europea y el papel desempeñado por la presidencia anterior), sí saca la presidencia del foco al menos durante estas tres semanas en las que coinciden el liderazgo en Bruselas y la campaña electoral.

Y es que los Estados que presiden el Consejo ejercen una función principal: moderar los debates. Se trata más de ejercer de controlador aéreo que de decidir el destino del avión.

La campaña electoral o un potencial cambio de Gobierno no influirán negativamente sobre este trabajo técnico en la mayoría de los dosieres. Pero un cierto parón como consecuencia de nuevos nombramientos puede frenar aquellos donde la iniciativa política al más alto nivel, es decir, de los propios ministros, sea indispensable para alcanzar un consenso.

En este contexto, el Gobierno presentó hace unas fechas las líneas maestras para la presidencia aún poco concretas (reindustrialización de Europa, partenariado con América Latina, avanzar en la transición ecológica, una justicia social y económica o el combate contra la evasión fiscal) y han trascendido algunas de las prioridades de los distintos Ministerios.

Estas grandes líneas van en consonancia con la agenda que le toca irremediablemente a España. Y es que en las presidencias hay dos agendas a la fuerza ligadas pero no estrictamente iguales.

"España colidera un grupo de países que optan por un modelo progresivo, frente a aquellos que están de acuerdo en aplicar un modelo más estricto en las sanciones"

España heredará dosieres de la presidencia sueca. Tendrá que avanzar en grandes consensos, por una parte, pero sí podrá decidir en algunos casos cuales son prioritarios sobre otros.

Entre las grandes cuestiones que exigen amplios consensos se encuentra el debate sobre un nuevo paquete de ayuda a Ucrania requerido por la Comisión, que considera que los 50.000 millones acordados son insuficientes y que cuenta con la reticencia inicial de gran parte de los Estados miembro. A ello se unen la potencial ampliación hacia el Este, Ucrania y Moldavia; la evaluación intermedia del Marco Financiero Plurianual; el debate sobre la flexibilización de las Ayudas de Estado, aquellas subvenciones estatales a ciertos sectores, capitalizadas por Alemania, Francia e Italia; y especialmente el debate sobre las reglas fiscales.

España colidera un grupo de países que optan por un modelo progresivo y que priorice en el análisis la situación de cada país, frente a aquellos que están de acuerdo en aplicar un modelo más flexible en los objetivos fijados en 1992 (3% de déficit y 60% de deuda) pero más estricto en las sanciones.

[La presidencia española en el Consejo de la UE: qué significa, cuánto dura y para qué sirve]

De forma más específica, durante estos meses se producirán avances y votaciones en dosieres del ámbito energético como la reforma del mercado eléctrico, leyes como la de industria Net-Zero y materias primas o el paquete de descarbonización de los mercados de gas e hidrógeno. El uso sostenible de pesticidas, la regulación sobre envases y residuos en el ámbito agroalimentario; la ley de apoyo a la producción de municiones y la ciberresiliencia en el de defensa; el espacio europeo de datos sanitarios en el sector de la salud; el impulso a la tarjeta europea de la discapacidad en el ámbito social o la ley de inteligencia artificial y el acta de datos en el tecnológico serán dosieres cuyo debate recaerá durante el liderazgo español en el Consejo.

Nos espera un semestre y especialmente un otoño intenso, con una agenda cargada en lo regulatorio y lo político. Y cuya consecución e impulso puede definir el éxito de una presidencia que también debe marcar perfil propio y dar visibilidad a la sociedad civil, fomentando su participación en la definición de la agenda de estos seis meses. Una oportunidad que no volverán a abrirse hasta 2037.

*** Ramón González Bernal es director de la Oficina de ATREVIA en Bruselas.