Revilla, junto a Juan Carlos I, en una imagen de archivo.
La demanda de Juan Carlos I contra Revilla permitirá resucitar en sede judicial todos los escándalos del Emérito
De cara al hipotético juicio, el político puede pedir como prueba documentos de la investigación de la Fiscalía o que testifiquen personas del entorno del Emérito.
Un hipotético litigio que enfrente a Juan Carlos I y a Miguel Ángel Revilla podría resucitar (al menos, mediáticamente) los escándalos del Emérito.
La abogada del monarca comunicó este martes que ha interpuesto una demanda de conciliación contra el expresidente de Cantabria. Le reclama 50.000 euros, debido a determinadas expresiones que pronunció entre 2022 y 2025, en diversos programas de televisión.
Por ejemplo, hace tres años, Revilla le llamó "evasor fiscal" y "delincuente fiscal" al Emérito. "Es una realidad", señaló en un programa de televisión. "Sabemos que ha trincado, por lo menos, cien millones de euros", dijo en otra ocasión.
Guadalupe Sánchez, la abogada de Juan Carlos I, subrayó que los 50.000 euros que reclama, de acabar recibiéndolos el demandante, serán donados íntegramente a Cáritas.
Ahora bien, para ello, primero debería celebrarse un juicio. Y antes de eso, un acto de conciliación, un trámite previo que ofrece la oportunidad de que las dos partes se pongan de acuerdo.
Lo que está claro es que un litigio entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla generaría una suerte de efecto Streisand que reavivaría los años negros del monarca. El expresidente de Cantabria podría esgrimir determinada documentación en el juicio —y solicitar que declaren en él ciertos testigos— alusiva a las polémicas más recientes protagonizadas por quien fuera rey de España hasta 2014.
¿Como cuál? Por ejemplo, los documentos que archivaron, en 2022, la investigación que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal Supremo realizaron a las finanzas del monarca.
El abogado del expresidente cántabro podría solicitar que esos papeles sean incluidos en el procedimiento para apuntalar su defensa. Si el juez lo acepta, serían exhibidos en el juicio.
Investigación de Fiscalía
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Juan Carlos I fue beneficiario de fondos que ocultó a la Hacienda española por importe de más de 85 millones de euros, según se desprende de aquella detallada investigación. El Ministerio Público la inició en 2018, cuando trascendió la existencia de cuentas bancarias del Rey en Suiza.
Esos fondos fueron percibidos al margen de sus retribuciones como jefe del Estado o como monarca emérito y procedieron de donaciones que Juan Carlos de Borbón ocultó en dos trust en Jersey hasta 2004 y en una fundación panameña que operó hasta 2012 con bancos de Ginebra (la Fundación Lucum).
Ahora bien, aquella investigación de Anticorrupción fue archivada con la firma de su fiscal jefe, Alejandro Luzón. ¿Con qué argumentos? Para algunos extremos, por "insuficiencia de indicios incriminatorios". En otros casos, por la prescripción del delito.
Se suma a ello la inviolabilidad que reconoce la Constitución al jefe del Estado, cargo que ocupó Juan Carlos I hasta 2014. También, las dos regularizaciones fiscales que realizó el monarca en diciembre de 2020 y febrero de 2021, respectivamente, y que permitieron recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros.
Delitos fiscales
La Fiscalía también analizó los eventuales delitos fiscales cometidos por el antiguo jefe del Estado. Y concluyó que no pueden ser perseguidos.
Lo impiden, por un lado, las mencionadas regularizaciones fiscales efectuadas en relación con los fondos percibidos a partir de 2014, tras la abdicación. Todos los ilícitos anteriores al ejercicio de 2012 estarían prescritos. Respecto al que no lo estaría, Juan Carlos I aún gozaba de la inviolabilidad propia del jefe del Estado. En otro programa de televisión, Revilla aludió a estos hechos y denominó a Juan Carlos de Borbón "evasor fiscal probado".
No obstante, la investigación de la Fiscalía también constató que el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause pagó al monarca gastos y viajes por importe de un millón de euros entre 2016 y 2019. Y que la Fundación Zagatka, constituida por su primo Álvaro de Orleans, se hizo cargo de vuelos privados por valor de ocho millones entre 2014 y 2018.
Por tanto, de cara a un hipotético juicio en el que Revilla deba explicar el porqué de sus palabras, el político podría esgrimir la documentación de la Fiscalía que alude a estos hechos. E, incluso, pedir que se cite a declarar como testigo a cualquiera de las personas mencionadas. Y, de ser interrogados, estarían obligados a decir la verdad. Ahora bien, aceptar o rechazar estas solicitudes dependerá del juez encargado de este procedimiento.
El procedimiento
Al tratarse de una demanda "por vulneración del derecho al honor" —y no de una querella por calumnias—, este procedimiento se resolverá por la vía civil, no por la penal. Juan Carlos I no atribuye ningún delito al político, sino que reclama una compensación económica por los "daños morales" que asegura haber sufrido.
Teóricamente, Revilla podría solicitar al Juzgado —con probable poco éxito— una comisión rogatoria (que las autoridades de España soliciten auxilio judicial a las de un país extranjero). No obstante, aunque fuese viable sobre el papel, se daría una situación poco vista, dada la naturaleza de esta figura, cuasiexclusiva de la jurisdicción penal.
Tampoco entraría en juego, por ser sólo propia de esta última, la excepcio veritatis, que exime de responsabilidad al querellado que demuestre que sus palabras son verídicas y, por tanto, no constituyen una calumnia.
¿Cómo funciona el proceso para proponer pruebas en la jurisdicción civil? Primero, si en el acto de conciliación no se llegase a un acuerdo, la abogada del Emérito puede presentar su demanda. La otra parte (la defensa de Revilla) puede contestar a la demanda y oponerse a ella.
Posteriormente, se celebra una audiencia previa, a la que no tendrían que acudir ni el político ni el monarca. Basta con que lo hagan sus letrados. Ahí se proponen las distintas pruebas. Depende del juez admitirlas o no.
Luego, se fijaría una fecha para la celebración del juicio, en el cual se practicaría la prueba (por ejemplo, se interrogaría a los testigos/demandante/demandado).
Entre 2022 y 2025, Revilla centró varias de sus intervenciones públicas (televisivas o no) en la figura del Emérito. En una de ellas, que tuvo lugar unas Navidades, alertó a los niños para que no se "equivocaran de Reyes". "Llevad las cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar; que hay otro Rey fugado por ahí, que si se las lleváis, seguro que se queda con los regalos", les recomendó, en una más que aparente alusión a Juan Carlos I y a su traslado a Emiratos Árabes.
Fuentes jurídicas señalan a EL ESPAÑOL que la expresión más peliaguda es la que tilda de "delincuente fiscal" al monarca, ya que no existe ninguna sentencia que así lo considere probado.
