La Justicia da la razón a Rajoy y niega el auxilio a la juez andorrana que indaga en la 'Operación Cataluña'

En una resolución fechada el pasado 9 de julio, el tribunal da la razón, precisamente, al expresidente del Gobierno y a quienes fueron sus ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior), que se oponían a que la Justicia española facilitase información a la del país vecino.

Concretamente, lo solicitó la Sección de Instrucción Especializada número 2 de Andorra, a raíz de una querella presentada en dicho país contra Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, quien fuera el número dos de éste, Francisco Martínez, el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino y el inspector Bonifacio Díaz Sevillano.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid aceptó brindar auxilio judicial a Andorra. No obstante, tanto Rajoy como sus ministros de Hacienda e Interior recurrieron esta decisión. 

Ahora, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia madrileña concluyen que, si bien la petición de la Justicia andorrana "tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal", la solicitud "no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio".

Es decir, la juez andorrana no concreta qué hechos atribuye a cada uno de los querellados de forma individualizada, lo que es motivo suficiente, señalan los jueces, "para denegar el auxilio sin mayores consideraciones".

Tal y como informó EL ESPAÑOL, la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, a Fernández Díaz y a Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras en la conocida como Operación Cataluña.

La querella

Fue en junio de 2022 cuando la juez andorrana notificó a Rajoy, a Montoro y a Fernández Díaz que les investigaba en ese país a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" contra la Banca Privada d'Andorra (BPA), cuyo fin habría sido el de obtener información financiera de varios políticos catalanes con el fin de tratar de frenar y desacreditar un incipiente procés.

La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.

La magistrada Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) a España para notificar la querella a los tres expolíticos. También comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016. Y solicitó datos sobre la Operación Cataluña.

'Policía patriótica'

La querella que dio origen a este procedimiento judicial acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada Policía patriótica para presionar a responsables del banco BPA. 

"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la juez y remitida a las autoridades españolas.

Sostiene también dicha querella que el Gobierno de Rajoy habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid —ambos ya clausurados— si no facilitaban la información exigida con la que perjudicar a dirigentes independentistas.