La Justicia da la razón a Rajoy y frena el envío de información a la juez de Andorra que le investiga

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Mariano Rajoy ha paralizado el envío de documentación a la juez de Andorra que investiga el papel del expresidente del Gobierno español en la llamada Operación Cataluña.

Dicha causa se deriva de una querella presentada en el Principado, que acusa a Rajoy y a dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, de coacciones para obtener datos bancarios del expresident catalán Jordi Pujol con el objetivo de frenar el procés.

El 5 de octubre, los jueces ya se pronunciaron sobre el recurso presentado por el expresidente del Gobierno, con el que trataba de frenar el envío de documentación a Andorra. Consideraron que las alegaciones de Rajoy eran "acertadas", pero señalaron que la documentación ya estaba camino del Principado, por lo que la petición había "perdido su fundamento".

No obstante, en un auto fechado este miércoles, los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial corrigen esta decisión. Y destacan que, "al menos, el pasado 20 de octubre, la comisión rogatoria [la petición de información solicitada por Andorra] se hallaba todavía en dependencias del Ministerio de Justicia".

"Ignoramos, por tanto, cuál sea la situación actual de la comisión rogatoria en su largo y, al parecer, proceloso recorrido (...) hasta el Juzgado de Andorra", admiten los jueces de la Audiencia Provincial. 

Lo que sí tienen claro los magistrados es que, al resolver aquel recurso de Rajoy, partieron "de una premisa equivocada, que era que la comisión rogatoria ya había salido del ámbito de actuación de las autoridades españolas". Y, por tanto, concluyen que esta decisión, equivocada, vulneró el derecho del expresidente del Gobierno a un proceso con las debidas garantías.

Personados

Además, tanto Rajoy como quien fuese su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrán personarse en el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el encargado de gestionar la petición de auxilio judicial recibida por parte de Andorra, a la que se dio trámite el pasado 20 de junio.

Y, de este forma, ambos podrán hacer sus alegaciones —hasta ahora no han podido oponerse alegar en contra de la comisión rogatoria— acerca del envío de la documentación solicitada por el Principado. Lo harán ya como parte del procedimiento; una condición que el Juzgado les negó el 14 de julio de 2022.

Fue el pasado junio cuando la juez andorrana notificó a Rajoy, a Montoro y a Fernández Díaz que les investiga a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes con el fin de tratar de frenar y desacreditar el procés.

La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.

Entonces, la magistrada Stéphanie Garcia envió una comisión rogatoria a España para notificar la querella a los tres expolíticos. También comunicó su condición de querellados a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016.

Todos ellos, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, están investigados en el Principado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y "creación de un documento falso por parte de funcionario".

'Policía patriótica'

La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de utilizar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica para presionar a responsables del banco BPA. 

"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explicaba la resolución firmada por la juez.

La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid —ambos ya clausurados— si no facilitaban la información exigida.