La Fiscalía Europea pide asumir la investigación del caso Koldo al considerarlo una trama única
El Ministerio Público europeo ya había reclamado a la Audiencia Nacional varios informes policiales y económicos sobre la contratación de Soluciones de Gestión.
30 mayo, 2024 16:09La Fiscalía Europea ha solicitado asumir la investigación del llamado caso Koldo, en el que está investigado el exasesor y hombre de confianza de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, quien da nombre a la causa. Y así se lo ha trasladado ya al juez instructor del mismo, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
El Ministerio Público europeo ha tomado esta importante decisión al considerar que todo el procedimiento judicial versa sobre una misma trama única. Esta Fiscalía ya había solicitado a Ismael Moreno determinados informes policiales y determinada documentación económica relativa a la adjudicación, por parte de varias Administraciones públicas, de contratos sanitarios a la empresa Soluciones de Gestión SL.
Concretamente, acerca de los concedidos por los Gobiernos balear y canario a dicha compañía, en torno a la que gira gran parte del caso. Hasta ahora, esas dos adjudicaciones eran el principal interés de la Fiscalía Europea. Pero este jueves le ha reclamado a la Audiencia Nacional asumir la investigación en su totalidad.
¿Por qué? Estas dos adjudicaciones —las concedidas por Baleares y Canarias— iban a ser pagadas, en un inicio, con fondos europeos. De ahí el interés de los fiscales de la UE por esta rama de la causa.
Ahora bien, el actual Ejecutivo de las Islas Baleares, presidido por Marga Prohens (PP) anunció que renunciaría a esta asignación monetaria proveniente de la UE, que, al parecer, sí iba a emplear el anterior Ejecutivo, el encabezado por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.
No obstante, la Fiscalía Europea, considerando que todo ello responde a una misma supuesta trama criminal, ha solicitado asumir la investigación —ha ejercido lo que se conoce como derecho de avocación— de todo este procedimiento y así indagar, en conjunto, todos los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL.
Además de los de Canarias y Baleares, la compañía, que no se dedicaba anteriormente al negocio sanitario, recibió en 2020 veinte millones de euros de Puertos del Estado y otros 12,5 de Adif. Ambas empresas públicas están adscritas al Ministerio que Transportes, que encabezó José Luis Ábalos hasta mitad de 2021. A estas cifras hay que sumarle otros tres millones de euros del Ministerio del Interior.
La Fiscalía Europea es una institución independiente en la Unión Europea (UE). Es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.
Ahora, el juez instructor de esta causa, Ismael Moreno, deberá decidir si se inhibe o no ante la Fiscalía Europea. Según confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, de momento, el instructor ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre si cede o no el caso Koldo. No obstante, este dictamen no es vinculante. Si Moreno rechaza inhibirse, puede plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. De ser así, será el máximo órgano judicial español el que decida quién lo asume.
Los contratos con las islas
Según consta en la documentación consultada por EL ESPAÑOL, la Fiscalía Europea, en febrero de 2024, inició una investigación basada en "las noticias publicadas en prensa sobre los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salut de las Islas Baleares".
Es decir, acerca de los 3,7 millones de euros que el Govern de Armengol concedió a Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas FFP2 contra la Covid-19. También, sobre los cinco millones que le adjudicó el Gobierno presidido entonces, en 2020, por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática y Administración Territorial.
El pasado 9 de mayo, la Fiscalía Europea también pidió al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional varios informes firmados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad de élite de la Benemérita encomendada como policía judicial en esta causa. A su vez, le fueron enviados varios informes de la Agencia Tributaria.