El Supremo se inclina por rechazar el recurso de Vox contra la designación de Campo y Díez para el TC

El partido ultraderechista considera que esos nombramientos, realizados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en diciembre de 2022, son "flagrantemente disconformes a Derecho" por no concurrir en los designados el requisito de idoneidad.

A su parecer, además, tampoco estarían suficientemente garantizados los principios de independencia e imparcialidad que deben regir la actuación de los miembros del TC.

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El motivo por el que lo sostienen así es que ambos "han desempeñado cargos políticos" en el mismo Gobierno que luego les ha elegido como magistrados del Constitucional. Campo fue ministro de Justicia y Díez Bueso, directora general de coordinación jurídica en el Ministerio de Presidencia.

Ello, según el partido de Abascal, puede afectar a los recursos que puedan presentar tanto Vox como su grupo parlamentario, aunque éste ya ha perdido esta opción en lo que se refiere a los recursos de inconstitucionalidad.

En las elecciones generales del 23J Vox solo logró 3 senadores y 33 diputados, muy lejos de los 50 que se exigen para poder interponer ese tipo de recursos.

La demanda de Vox contra los nombramientos de los dos magistrados del TC que designó el Gobierno choca con una reiterada doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que no reconoce a los partidos legitimación para recurrir las decisiones discrecionales del Ejecutivo, recuerdan fuentes del alto tribunal.

Para el cuestionamiento de la imparcialidad de Campo y Díez Bueso, además, Vox ha venido utilizando otros instrumentos jurídicos como la recusación. La propia demanda reconoce que han sido varios los recursos de inconstitucionalidad en los que se han producido tanto abstenciones como recusaciones.

Incluso en la hipótesis de que se salvara el problema de la legitimación y se entrara en el fondo del recurso, existen dudas de que el Tribunal Supremo pueda entrar a examinar la idoneidad de los magistrados del TC cuando ese requisito ya ha sido valorado por el Pleno del Tribunal Constitucional, al que la ley encomienda esa función de manera singular.

En el caso de Campo y Díez Bueso, el plácet del Tribunal Constitucional para su nombramiento como magistrados fue unánime.