El TC constata la idoneidad de los nuevos jueces y da luz verde al cambio hacia una mayoría progresista

En una decisión unánime, el TC ha verificado que los dos candidatos designados el 29 de noviembre por el Gobierno -Juan Carlos Campo y Laura Díez- y los dos nombrados el pasado martes por el Consejo General del Poder Judicial -María Luisa Segoviano y César Tolosa- cumplen los requisitos exigidos para el nombramiento: ser juristas "de reconocida competencia" con más de quince años de ejercicio profesional.

No ha habido ninguna tacha de idoneidad por el hecho de que Campo, magistrado de carrera, fuera ministro de Justicia entre enero de 2002 y julio 2021 en el mismo Gobierno que ahora le aúpa al TC. Tampoco en el caso de Díez, catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona, que fue hasta el pasado abril colaboradora del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica.

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La renovación se ha producido con seis meses y medio de retraso, poco más que la demora que tuvo la de 2001 (que correspondió al Congreso) y muy inferior a las renovaciones de 2011 (Senado) y 2012 (Congreso), las cuales se retrasaron tres años y dos años, respectivamente.

Renovación de la tercera parte

La renovación se ha producido por tercios (es decir, cuatro magistrados), tal como establece la Constitución, y no por sextos, como quiso el Gobierno.

Moncloa pretendió que el TC diera entrada a Campo y a Díez sin esperar al CGPJ, encallado en sus nombramientos por el bloqueo primero del sector conservador y luego del sector progresista.

Pero la mayoría del Tribunal Constitucional era reacia a dar el plácet sólo a dos de los cuatro nuevos magistrados y consideró que su competencia de verificación de los requisitos para acceder al cargo no se refiere únicamente las condiciones personales de los candidatos, sino que también incluye comprobar que se cumplen las previsiones que la Constitución establece para la renovación del tribunal. La Constitución prescribe que "los miembros del Tribunal Constitucional (...) se renovarán por terceras partes".

El Gobierno promovió entonces una reforma que permitía la renovación por sextas partes y, además, quitaba al TC la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos. Esa modificación fue paralizada por el TC el pasado día 19.

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Los cuatro nuevos miembros del TC -tres progresistas y un conservador- sustituirán a un progresista (el hasta ahora vicepresidente, Juan Antonio Xiol) y tres conservadores: Pedro González-Trevijano, que ha presidido el tribunal desde noviembre de 2021, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.

Siete votos a cuatro

Con este cambio, el Constitucional pasará a tener una mayoría de siete magistrados propuestos por el PSOE y Podemos, mientras que los magistrados propuestos por el PP se quedan en cuatro. Deberían ser cinco, pero el PSOE no ha accedido hasta ahora a pactar con el PP la sustitución en el Senado de Alfredo Montoya, que dimitió por motivos de salud el pasado julio.

Con esa correlación de fuerzas, el tribunal de garantías encarará una etapa de tensión asegurada. Además de que empezará el mandato en un año de citas electorales, tendrá que afrontar el examen de las numerosas impugnaciones presentadas contra leyes del Gobierno de Sánchez, como la de educación, la de la eutanasia o la que limita las competencias del CGPJ.

Para Sánchez, la renovación del TC era una prioridad absoluta. El presidente del Gobierno tuvo que encajar uno de los más rotundos varapalos de la historia constitucional cuando el tribunal tumbó el andamiaje legal construido para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

A partir del próximo 9 de enero Sánchez puede dar por conseguido su objetivo de tener una mayoría afín en el TC. Ese día el tribunal celebrará el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, que antes, el próximo sábado, jurarán o prometerán el cargo en el palacio de La Zarzuela.