El CGPJ cumple cinco años de bloqueo en un clima de total desacuerdo entre los partidos para renovarlo

Hace tiempo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convirtió en otro asunto más para la trifulca política. Pero lo cierto es que este lunes se cumplen cinco años de bloqueo, con un órgano en funciones y la sensación de que las partes están más alejadas que nunca para intentar acordar su renovación. En la historia democrática de España el sistema judicial no había vivido una situación similar. 

El último desencuentro entre un Consejo en funciones y el Gobierno ha sido la declaración del CGPJ del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como no idóneo para ocupar el cargo. El Ejecutivo propuso la renovación de García Ortiz, contra el que el órgano de gobierno de los jueces no puso objeciones a su nombramiento el año pasado, pero esta vez el CPGJ consideró que ha utilizado de forma "espuria" la institución. También se trata de la primera vez en la historia que el CGPJ no avala a un fiscal general. 

Los vocales del Consejo que votaron en contra consideran que García Ortiz no ha levantado la voz contra las referencias a la guerra judicial que supuestamente recogerá la ley de amnistía, aún pendiente de tramitación parlamentaria, ni tampoco a las concesiones otorgadas a los responsables del 'procés'.

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Detrás de este enésimo desencuentro está el profundo rechazo en el seno del CGPJ, que actualmente tiene una mayoría conservadora, a las decisiones que el Gobierno ha tomado para ganarse el favor de los independentistas. Antes incluso de que se redactara la proposición de ley de amnistía, los vocales conservadores aprobaron una declaración muy dura contra la citada norma, que consideraban "ilegal".

En este contexto es en el que el Gobierno trata, por un lado, de calmar las aguas con los miembros en funciones del CGPJ y de llegar a algún tipo de entendimiento con el PP, imprescindible para sacar adelante una renovación que se sigue dilatando en el tiempo. Sin embargo, ésta no sólo no parece cercana, sino que probablemente está en uno de los puntos más fríos de los últimos tiempos. 

Así lo reconocían recientemente fuentes populares a EL ESPAÑOL. "No es el momento", aseguraban desde el partido a este periódico. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostraba dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez si éste se lo pide, pero con la ley de amnistía hegemonizando la actividad política y judicial, desde el PP consideran que la renovación del Consejo en estos momentos no sólo es un tema especialmente delicado, sino que no habría manera de llegar a un acuerdo.

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Advertencias de la UE

Se trata probablemente de la mayor tarea encomendada al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando Sánchez le otorgó también la cartera de Justicia con la formación del nuevo Gobierno. La primera reunión que mantuvo Bolaños, nada más estrenar el cargo, fue una visita de cortesía a la sede del Consejo, donde se reunió con el presidente en funciones, Vicente Guilarte. Allí hablaron de llegar a un acuerdo "lo antes posible", pero nada más lejos de la realidad. 

La Comisión Europea ha lanzado ya varios avisos a España para que solucione de una vez esta situación de completa anomalía. Aunque esas advertencias, casi amenazas, tampoco han surtido efecto. Bolaños, que hace unos días se reunió en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, se expresó en estos términos. Ante los intentos del PP de trasladar el debate de la amnistía a Europa, el ministro remarcó que la Comisión tiene "cero preocupación" por este tema y que la mayor parte de su reunión se centró en la "urgencia" por renovar el CGPJ. 

El PP ya ha deslizado en alguna ocasión que su intención para llegar a un acuerdo pasa por cambiar el sistema de elección para que sean los jueces y no el Parlamento quienes elijan a los propios magistrados que integren el CGPJ. Pero esa es una posibilidad que el Gobierno no contempla y que tampoco gusta en Bruselas. Lo que plantea la Comisión es que primero se renueve el Consejo caducado y posteriormente se aborde el debate sobre el sistema de elección. 

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Un Consejo limitado

Actualmente el Consejo General del Poder Judicial cuenta con 16 vocales de los 21 que debería tener tras dos dimisiones (Carlos Lesmes y Concepción Sáez), dos jubilaciones (Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde) y un fallecimiento (Victoria Cinto). Y es precisamente esa situación de interinidad la que impide que se ocupen las vacantes, ya que en 2021 el PSOE sacó adelante una reforma legal para que el CGPJ no pudiera realizar nombramientos de los principales organismos judiciales mientras estuviera en funciones. 

La medida tenía como objetivo presionar al PP para llegar a un acuerdo, pero tampoco así consiguió lograr su objetivo. El resultado ha sido que tanto los plenos como otras instancias judiciales se queden cojas, con multitud de vacantes, ante la imposibilidad de realizar nuevos nombramientos. 

Un efecto parecido al que tuvo la dimisión el año pasado de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ. Lo hizo como un modo de forzar a los partidos a alcanzar un consenso, pero la realidad es que desde ese momento un núcleo duro de 10 vocales conservadores han tomado el control del Consejo, asumiendo una posición beligerante contra el Gobierno. Desde el Ejecutivo consideran que la actual situación supone un ataque político a su ejercicio por parte del sistema judicial.

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Oportunidades perdidas

La renovación del CGPJ ya se ha embarrado en otros momentos durante la democracia, pero nunca como hasta ahora el órgano de gobierno de los jueces había permanecido en una situación tan precaria. Por ponerlo en contexto, el anterior récord de un Consejo en funciones fue de un año y diez meses, cuando tocó renovar la institución presidida por Francisco José Hernando (2001-2008). 

Hubo dos ocasiones en las que pareció factible la renovación: la primera en 2018, cuando hubiera tocado. En aquella ocasión PSOE y PP tenían un acuerdo cerrado para que Manuel Marchena presidiera el CGPJ, pero la filtración de un audio del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que de esa forma se podría "controlar por detrás" la Sala de lo Penal del Supremo echó por tierra el pacto. 

La otra ocasión fue hace un año, cuando el PP volvió a descolgarse del acuerdo después de que el Gobierno decidiera suprimir el delito de sedición para favorecer a los inculpados en el 'procés'. Ahora la amnistía, que supone un paso más en aquellas reformas legales, y el clima de desconfianza reinante entre los partidos, por un lado, y los jueces con el Gobierno, por otro, alejan una renovación que sume al sistema judicial español en una importante crisis.