García Ortiz se convierte en el primer fiscal general al que el CGPJ declara no idóneo para el cargo

Es la primera vez que el candidato del Gobierno para ese puesto no obtiene el 'plácet' del órgano de gobierno de los jueces.

El criterio del CGPJ no vincula al Gobierno, pero representa una descalificación al no ser considerado adecuado o apto para el ejercicio del cargo.

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García Ortiz, que viene desempeñando el puesto de fiscal general desde julio de 2022, ya fue cuestionado por un amplio sector del CGPJ con ocasión de ese primer nombramiento.

Siete de los 19 miembros que tenía entonces el CGPJ opinaron que no reunía la idoneidad necesaria, mientras que los 12 restantes se limitaron a constatar el cumplimiento de los requisitos objetivos (ser jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión).

En aquel momento se puso de manifiesto su "proximidad" al Gobierno y al PSOE y su intervención, como jefe de la Secretaría Técnica de su antecesora, Dolores Delgado, en la argumentación de nombramientos declarados ilegales por el Tribunal Supremo, como el de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores.

A ello se han unido ahora otros datos no menores. Una sentencia dictada el pasado día 21 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró que García Ortiz había incurrido en desviación de poder para favorecer a su benefactora, Dolores Delgado, al ascenderla a la categoría de fiscal de Sala y nombrarla fiscal togada de Sala de lo Militar. Nunca antes había recaído un reproche de esa envergadura sobre un fiscal general.

Tampoco le ha ayudado que la Sala Penal del Tribunal Supremo desautorizara su criterio en la aplicación de la polémica ley de 'solo sí es sí', que ya ha generado la a reducción de condenas a 1.233 agresores sexuales.

Y a ello se ha sumado su negativa a salir en defensa de los fiscales del 'procés' frente a las acusaciones de 'lawfare' extendidas por ERC y Junts per Catalunya y asumidas por el PSOE.

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En este escenario, era difícil que los siete vocales que le consideraron inidóneo en 2021 hoy cambiaran de criterio. Y a ellos se ha sumado Wenceslao Olea, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El consejero propuesto por el PNV, Enrique Lucas, se ha abstenido dado que su hermano presidió la Sala que dicto la sentencia que declara la desviación de poder.

Esta abstención ha bajado el quorum necesario para alcanzar acuerdos a los ocho votos, que son los reunidos por los vocales Olea, José María Macías, María Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart, todos ellos propuestos por el PP.

A favor de la idoneidad se han pronunciado el presidente suplente, Vicente Guilarte, el vocal propuesto por el PP Juan Martínez Moya y los vocales propuestos por el PSOE Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas y Roser Bach.

Con anterioridad, el pleno del CGPJ ha rechazado la petición de Olea de que este asunto no fuera abordado dado que ha sido incluido en el orden del día fuera de plazo.