El CGPJ afirma que García Ortiz no es idóneo como fiscal general por el "uso espurio" de sus facultades

Así consta en el informe que expresa las razones por las que el órgano de gobierno de los jueces declaró el pasado jueves, por 8 votos frente a 7, la "inidoneidad" del candidato del Gobierno para dirigir el Ministerio Público.

El informe, que también reprocha a García Ortiz que no haya salido en defensa de los fiscales frente a las acusaciones de 'lawfare' (persecución judicial) en las causas del 'procés', argumenta por qué el CGPJ puede valorar no solo el cumplimiento de los requisitos objetivos para ejercer el cargo (ser jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional), sino también los de idoneidad.

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Se apoya, a este respecto, en la doctrina del Tribunal Supremo, que ha establecido que el contenido del informe del órgano de gobierno del Poder Judicial ha de comprender no solo si la propuesta que se eleva al Consejo por el Consejo de Ministros reúne los requisitos de legalidad, sino también a "puras razones de oportunidad", cuando esas razones de oportunidad se consideren por este órgano constitucional que "son relevantes en el nombramiento".

El CGPJ considera, además, que si el propuesto ha desempeñado ya el cargo con anterioridad, como es el caso de García Ortiz, esta circunstancia debe tomarse en consideración.

Favorecer a Dolores Delgado

La primera razón por la que el CGPJ ha concluido la inidoneidad del candidato del Ejecutivo se sustenta "en las infracciones declaradas judicialmente" en la propuesta de ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala y su nombramiento como fiscal togada de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

La promoción de la exministra de Justicia y exfiscal general ha sido anulada por el Tribunal Supremo, que ha apreciado "desviación de poder" en la actuación de García Ortiz.

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"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general pueda considerarse idóneo para su nombramiento", afirma el CGPJ.

Añade que "no es la única sentencia dictada" contra la política de nombramientos de la Fiscalía General.

Cita, a este respecto, la anulación, por dos veces, de la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores, hecha por Dolores Delgado cuando García Ortiz era jefe de su secretaría técnica.

Y destaca el hecho de que Álvaro García ha retrasado cuatro meses la ejecución del fallo del alto tribunal.

"Desidia" en acatar al TS

El informe, redactado por el vocal Wenceslao Olea, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, considera que es reprochable al candidato propuesto esa "desidia" en la reparación de las situaciones generadas tras los fallos judiciales.

Se refiere, además del caso de Esteban, a Dolores Delgado, que sigue desempeñando un cargo para el que es preciso tener la primera categoría, que ella ya no posee.

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Delgado "ha sido designada, a propuesta del candidato, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, siendo la primera categoría condición para esa designación", señala.

"Habiendo adquirido firmeza la sentencia [contraria a Delgado], debiera haberse actuado conforme a la diligencia debida a tan importante trascendencia para los intereses públicos y no mantener el desempeño de un puesto de tan relevante trascendencia a quien no reunía las condiciones necesarias para ello. Sin embargo, nada consta que se haya realizado por el candidato propuesto", argumenta.

Para el CGPJ, "no parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de los puestos de la Fiscalía de más relevante trascendencia"

En segundo lugar, también relacionado con la política de nombramientos en la carrera fiscal, el CGPJ señala que el candidato a seguir al frente del Ministerio Público ha actuado "con falta de transparencia y coherencia".

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Indica que en el último año se han realizado 33 nombramientos discrecionales, "de los cuales 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales, la cual cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera" y es la del propio fiscal general. En numerosas ocasiones, además, ha actuado en contra del informe del Consejo Fiscal.

"Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado", sostiene el CGPJ.

"No parece, a juicio de este Consejo, que pueda considerarse la idoneidad para el desempeño de fiscal general a quien ha actuado en materia de nombramientos con tales criterios", concluye.

Una tercera razón de la "inidoneidad" de García Ortiz, a juicio del órgano de gobierno del Poder Judicial, es una "deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía". Esta afirmación se refiere al hecho de que la Sala Penal del Tribunal Supremo desautorizó el criterio de García Ortiz en la aplicación de la polémica ley de 'sólo sí es sí'.

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"No parece que deba considerarse la idoneidad a quien impone un mandato en la forma en que deba interpretarse una norma que haya merecido tan importante corrección por los Tribunales y por el mismo Parlamento", indica el informe.

En cuarto lugar, el CGPJ menciona "la falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones".

Afirma, en este sentido, que en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida "al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial".

"Ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, 'conflicto catalán' y no solo por representantes de la pretendida opinión pública sino, sobre todo, por instituciones y cargos públicos", señala.

"El corolario de esa actuación hostil", añade, "ha encontrado su máxima expresión en el reproche tan soez como interesado de haber actuado en base a 'lawfare'", indica.

"Ante esa situación y siendo el fiscal general el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del candidato propuesta ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves acusaciones a la actuación de la Fiscalía", afirma el órgano de gobierno de los jueces.

Aunque las asociaciones de fiscales le han instado a que se pronunciara en defensa de la carrera "nada se hizo". El candidato propuesto "no se ha pronunciado en favor de los fiscales, como era su deber, ya que estos siempre actuaron en defensa de la legalidad y el orden constitucional".