Bruselas urge a España a "renovar y reformar" ya el CGPJ tras avalar el TC su recorte de funciones

Fuentes oficiales de la Comisión recuerdan la necesidad de "renovar" el CGPJ y "reformar" el sistema de elección de sus vocales jueces "como prioridad".

El CGPJ lleva en funciones desde el año 2018. Todos sus miembros están ejerciendo en prórroga sus funciones de gobierno del Poder Judicial. Pero desde marzo de 2021 se les privó de la principal de estas competencias, merced a una reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

Se trata de la función que viene recogida en el artículo 122.2 de la Constitución Española: "La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario".

Aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) introdujo un artículo 570 bis, en el que se especificaban las atribuciones del CGPJ cuando "entre en funciones". El listado, esencialmente, le retira las tres primeras competencias, recogidas más arriba, en el artículo 560.

Es decir, "proponer el nombramiento [...] del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial"; "proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo"; y "proponer el nombramiento [...] de dos Magistrados del Tribunal Constitucional".

...una competencia, esta última, que sí le fue devuelta en la llamada contrarreforma, también impulsada por el PSOE en junio de 2022 y retocada, una vez más, en diciembre, con unos métodos que causaron enorme polémica.

"Estándares europeos"

Pero ahora, tras la sentencia de este lunes, avalando este recorte en las funciones del CGPJ, un portavoz del comisario de Justicia, Didier Reynders, ha expresado que "la posición de la Comisión sobre la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial en España es bien conocida, como se recoge en las últimas ediciones del informe anual sobre el Estado de Derecho", apunta, a preguntas de EL ESPAÑOL. "Ya lo comunicamos en el informe de 2022, y emitimos una recomendación".

Es decir, renovar el Consejo y reformar su sistema de elección "según los estándares europeos", demanda que no ha sido atendida por el bloqueo al que los dos grandes partidos españoles se someten recíprocamente.

El PSOE se niega a condicionar la renovación a la reforma de la LOPJ para que "los vocales jueces sean elegidos por sus pares", como reclama insistentemente Bruselas. Y el PP se niega a abordar la renovación si no se cumplen "los criterios que demanda la Comisión Europea".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recibe en Moncloa al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Efe

El portavoz del comisario Reynders, finalmente, concluye: "En el informe de este año hemos pedido a España que aborde esto como una cuestión prioritaria".

La clave es que en el Informe sobre el Estado de derecho 2023, la Comisión referencia esos "estándares europeos" remitiéndose a la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, como guía de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE.

En su punto 26, este documento establece que "los Consejos del Poder Judicial son órganos independientes [...] que buscan promover el funcionamiento eficiente del sistema judicial". Y en el 27, añade: "Al menos la mitad de los miembros de dichos Consejos deberían ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial y respetando el pluralismo dentro del Poder Judicial".

Según la interpretación de Bruselas, en España no se está garantizando la "independencia" del CGPJ, sometido a presiones y reformas legales que motivaron, incluso, la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, el pasado mes de octubre.

Y tampoco se está cumpliendo el objetivo del "funcionamiento eficiente", dado que la reforma, ahora avalada por el Constitucional, ha provocado serias deficiencias. De inicio, hay ya un 30% de plazas vacantes en el Tribunal Supremo, se ha reducido en 1.230 el número de sus resoluciones al año, ha caído el número de sentencias, y se están produciendo retrasos en los informes preceptivos de proyectos de ley.

Además, hay siete (de las 17) plazas ya vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia, otras 20 plazas vacantes en Audiencias Provinciales y una más en la Audiencia Nacional. Todos estos son datos oficiales del mismo CGPJ, denunciados por todas las asociaciones judiciales.

Finalmente, la ley actual no garantiza que "al menos la mitad" de los vocales del CGPJ sean "jueces elegidos por sus pares". Ésta es la reforma a la que urge Bruselas "inmediatamente después" de la renovación del órgano constitucional, para cumplir los criterios de "independencia y eficiencia" invocados.

Polémica y suspensos

Pero el cambio en la LOPJ que sí que se aprobó -el ya referido de marzo de 2021- se impulsó desde los dos partidos de la coalición de Gobierno con el objetivo explícito de "presionar al PP" para que cediera en sus reclamaciones y accediera a renovar el CGPJ sin reclamar la reforma reclamada por la Comisión Europea. Por entonces, aún lo presidía Pablo Casado, y en Moncloa se sostenía que "rotundamente no" se cambiaría la ley en ese sentido.

Aquella reforma precisó de una contrarreforma un año después, y de nuevo seis meses más adelante, cuando el Gobierno quiso forzar de una vez los nuevos nombramientos en el TC.

El cambio se trató de introducir por la vía de una enmienda a la reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y reformaba el de malversación. Aquello provocó una enorme polémica, al ser recurrido el método por el Grupo Parlamentario Popular ante el propio Constitucional, que suspendió por medidas "cautelarísimas" la votación que, en el Senado, habría dado curso al cambio.

Fue en esos días cuando Felipe Sicilia, entonces portavoz del PSOE, acusó desde la tribuna del Congreso a los 'populares' de actuar como Tejero el 23-F: "Entonces fue con tricornios y hoy con togas". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa del 15 de diciembre de 2022, en Bruselas UE

El propio Pedro Sánchez, horas después, arremetía durísimamente contra el TC. Utilizando la sala de prensa del Consejo Europeo, y antes de las preguntas de la prensa sobre la última cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, el presidente del Gobierno recitó una intervención, aprendida de antemano.

En aquella comparecencia, Sánchez acusó al Tribunal Constitucional de "tratar de amordazar" a las Cámaras legislativas, "atropellando" la Constitución, en "un complot" de "la derecha política, judicial y mediática", de la mano del Partido Popular.

Por entonces, el TC aún tenía una mayoría de magistrados de adscripción conservadora. Y precisamente, la contrarreforma de la LOPJ pretendía devolverle al Consejo del Poder Judicial sólo una parte de sus funciones -la de nombrar jueces del Constitucional- para poder cumplir el turno de renovación de cuatro de sus 12 integrantes.

Al Gobierno le correspondía elegir dos nombres y al CGPJ otros dos, y los cuatro debían ser designados al mismo tiempo. El deseo de Moncloa era aprovechar este turno para cambiar las mayorías ideológicas internas del TC y lograr la actual mayoría progresista -que es de siete a cuatro porque desde hace más de un año no se cubre la baja del magistrado Alfredo Montoya, que dimitió por cuestiones de salud-. Desde entonces, todos los recursos han sido fallados según las tesis más favorables al actual Ejecutivo de coalición (también ahora en funciones).

Todo este escándalo fue recogido, el pasado mes de julio, en varios párrafos del capítulo sobre España Informe sobre el Estado de derecho [consúltelo aquí en PDF] que anualmente elabora el comisario de Justicia, Didier Reynders, desde Bruselas.

En las cuatro ediciones de este informe, España ha sido suspendida cada vez con mayor explicitud por Bruselas por las deficiencias en la independencia judicial, en la propia Fiscalía, en la lucha contra la corrupción, o en el respeto a la independencia de los medios de comunicación.

Este mismo martes, Reynders recibió a Adrián Vázquez, eurodiputado y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, quien le solicitó la cita para advertirle de lo que considera otro ataque al Estado de derecho en España, la "ley de impunidad" que está preparando el Gobierno en funciones para continuar siéndolo, tras la investidura encargada por el Rey a Sánchez.

"Es una preocupante deriva que da cada vez más pasos para erosionar nuestro Estado de derecho y nuestra democracia", le advirtió el también líder de Ciudadanos al comisario. "El Estado de derecho no debería ser nunca moneda de cambio, y desde Europa lo siguen con diligencia y preocupación", dijo Vázquez a la salida de la reunión.