El fiscal premia con más funciones a Dolores Delgado y prepara su salto a Memoria Democrática

Este último cargo ya está creado sobre el papel: lo incluyó la Ley 20/2022, de Memoria Democrática gracias, precisamente, a la insistencia de Delgado cuando era fiscal general.

La creación efectiva de la plaza por parte del Ministerio de Justicia aún tardará unos meses. Pero Álvaro García ya ha emitido una "señal inequívoca" -perciben fuentes de la carrera- de que el cargo será para ella: le ha asignado por decreto una parte de las funciones que la Ley reserva a la nueva Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

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Según fuentes de la Fiscalía General, esas funciones estaban atribuidas hasta ahora a la Secretaría Técnica. Delgado las asumirá en compatibilidad con su actual cargo de fiscal de Sala jefa de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

El propio decreto se remite a la Ley de Memoria Democrática y a la creación de la figura de fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones
de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

"Demanda social"

"En tanto en cuanto se provea en la plantilla orgánica esta figura, la necesidad de atender de manera inmediata estas funciones constituye una demanda social y de la propia Fiscalía, por lo que, en virtud de las posibilidades estatutarias, cumple atribuir mediante delegación algunas de las competencias determinadas en la nueva configuración legal", señala.

El decreto considera que Delgado "atesora en su dilatado bagaje profesional la especialización y los méritos necesarios para asumir con eficacia esta importante misión".

Cita, a este respecto, su trayectoria como fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la investigación de crímenes masivos y como coordinadora de terrorismo yihadista, su "intensa labor en el ámbito de la justicia universal" y su experiencia como fiscal colaboradora de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Entre otras, las funciones que Delgado asumirá serán coordinar y supervisar la acción del Ministerio Fiscal "en todos los procedimientos y actuaciones en que puedan estar directamente comprometidos los derechos humanos o que se refieran a hechos que constituyan violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

Unificará criterios de actuación y propondrá al fiscal general la emisión de circulares e instrucciones.

También se le atribuye la práctica de diligencias de investigación "en aquellos procesos penales de especial trascendencia, apreciada por el fiscal general del Estado, cuando se refieran a hechos que constituyan violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

Representará a la Fiscalía General del Estado, por delegación del fiscal general, en las relaciones con el Defensor del Pueblo y con los Agentes del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de interpretación de la jurisprudencia del Tribunal, en especial en aquello que pudiera afectar a los recursos de revisión de sentencias derivados de sus resoluciones. Estas funciones coinciden textualmente con las señaladas por la Ley de Memoria Democrática para el fiscal de Sala que crea.

La sombra de Garzón

Pero el decreto añade otras funciones que la Ley no menciona, como "realizar labores de recopilación y análisis de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, así como de seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales y de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas que se dirijan a España".

El desempeño de esta función puede generar un conflicto de intereses, ya que la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, recibió en agosto de 2021 un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, según él, debería conducir a una compensación económica, una disculpa pública por parte del Estado y su restitución como miembro de la Judicatura.

Fuentes de la carrera recuerdan el conflicto que generó la actuación de Delgado cuando era fiscal general con uno de los fiscales del caso Tándem, proceso en el que el despacho de abogados que dirige Garzón ha intervenido en la defensa de algunos investigados. "Esta colisión de funciones profesionales e intereses personales, que se va a repetir ahora, no da una buena imagen de la Fiscalía", opinan estas fuentes.