Llop defrauda al Supremo al no garantizar soluciones al colapso y culpar al PP por no renovar el CGPJ

"Ha venido con una lección aprendida, repitiendo una y otra vez que el problema es la falta de magistrados por la no renovación del CGPJ, y ahí se ha quedado. Como si su Gobierno no hubiera promovido una ley precisamente para impedir nombrar a esos magistrados", resume un miembro de la Sala de Gobierno, órgano con el que Llop se reunió por primera vez. 

"Ha sido una pérdida de tiempo, no ha habido ninguna conclusión práctica", explica otro componente de la Sala de Gobierno. "Se ha limitado a 'tomar nota' y no ha dado ninguna garantía de que las medidas que hemos propuesto vayan a ser atendidas", explica un tercero.

Los integrantes de la Sala de Gobierno, encabezada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y formada por los cinco presidentes de Sala y cinco magistrados electos, habían hecho los deberes. Cada uno de los presidentes presentó un informe sobre la situación de la Sala respectiva y el Gabinete Técnico resumió en un documento el estado del más alto órgano judicial en España: el incremento exponencial de los asuntos que recibe; la carencia de letrados que ayuden a asumir la fase de admisión; la alta movilidad de los funcionarios, discriminados salarialmente respecto a otros órganos judiciales pese a su mayor nivel de responsabilidad; la falta de un estatuto del Gabinete Técnico, pendiente de aprobación desde 2015; el inadecuado diseño de la casación en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa; el déficit de medios materiales y hasta de espacio para trabajar.

"Estoy sometido a una especie de síndrome de perplejidad, porque si los indicadores que registra este tribunal se dieran en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Senado americano ya estaría constituyendo una comisión para ver qué está sucediendo", le dijo a Llop el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena.

La Sala Penal ha ofrecido recientemente 14 plazas en un concurso de traslado de funcionarios. Sólo ha logrado cubrir dos. En fechas próximas cesarán 10 funcionarios que se marchan a órganos judiciales de la Comunidad de Madrid y a la Audiencia Nacional, donde tienen mejores retribuciones.

"Colapso absoluto"

Marchena no fue el único. César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, habló de "colapso absoluto" y recordó que el Ministerio no ha contestado a las medidas de refuerzo solicitadas el pasado 31 de enero: tres letrados coordinadores más y una nueva secretaría para hacer frente a la litigación en masa proveniente del inconstitucional confinamiento decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

María Luisa Segoviano explicó que la Sala de lo Social, que preside, también se enfrenta a la aplicación de las normas laborales de emergencia dictadas con ocasión de la pandemia, a lo que habrá que añadir la litigiosidad derivada de la recién aprobada reforma laboral.

Esta Sala tiene tres vacantes, a las que se sumarán otras dos en octubre de este año (una de ellas, la de la propia presidenta). Entonces ya no habrá magistrados suficientes para constituir las dos secciones con las que funciona la Sala, salvo que se haya renovado el CGPJ o se hayan adoptado medidas extraordinarias como la prórroga de jurisdicción de los magistrados que se jubilen, sugirió Segoviano.

"La falta de magistrados es, sin duda, una cuestión grave, pero centrar en ello todo el problema es una visión parcial y errónea", afirma un miembro de la Sala de Gobierno sobre la posición que sostuvo Llop. "Mañana se renueva el CGPJ y todos los problemas que hemos expuesto seguirán ahí", argumenta.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que al inicio del encuentro había tenido un discurso meramente protocolario, asumió en una intervención final mucho más crítica las reclamaciones de los presidentes de Sala y del director del Gabinete Técnico. Juan Manuel San Cristóbal manifestó que al "síndrome de perplejidad" se añade el "síndrome de la angustia diaria". "Es muy fácil hundir al Tribunal Supremo cargándose el Gabinete Técnico", explicó San Cristóbal, que consideró "extremadamente grave" que el Ministerio haya denegado los cinco letrados coordinadores solicitados por la Sala Civil.

Como Marchena, Lesmes pidió a Llop que haga al Tribunal Supremo objeto de una "atención suficiente".

"Voluntad de resolver"

La versión del encuentro que dio el Ministerio de Justicia, de tono triunfalista, omitió las críticas planteadas. Según el Ministerio, Llop solicitó a Lesmes un informe para determinar qué necesidades del Tribunal Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación del CGPJ. "El Ministerio no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad, por eso pedimos disociar una cosa de la otra”, indicó el departamento en un comunicado.

"La ministra ha señalado que el Ministerio de Justicia tiene la voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo debido a la alta litigiosidad a la que tiene que hacer frente. Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo”, asegura.

El comunicado menciona la dotación de 12 letrados adicionales aprobada en abril del pasado año, el aumento de las retribuciones de los funcionarios para equipararlas con las de los territorios en los que la competencia está transferida y la inclusión de la reforma de la casación civil en la ley de eficiencia procesal, actualmente en tramitación parlamentaria.

En cuanto al ámbito económico, las "medidas de choque" que el Ministerio de Justicia ha contemplado en el presupuesto de 2022 para el Tribunal Supremo suman 13.264.127 euros. De ellos, 4 millones han sido destinados a digitalización; 699.437 euros, a reforzar las necesidades del Gabinete Técnico; 1.145.834 euros, para el incremento salarial de los funcionarios; y 7.418.855 euros a la rehabilitación de los edificios de la calle Génova, 29 y del patio de la sede de Villa de París.