El CGPJ sufre su primera baja durante la prórroga de mandato al jubilarse un vocal procedente del TS

El pleno del Consejo General del Poder Judicial previsto para el próximo jueves será el último para Rafael Fernández Valverde tras ocho años de mandato en el órgano de gobierno de los jueces, los tres últimos en prórroga por no haber sido renovada la institución.

Fernández Valverde se jubila el 5 de marzo como magistrado del Tribunal Supremo y, al perder la condición de juez, no puede continuar como consejero del Poder Judicial. La ley exige que los miembros del CGPJ que sean jueces o magistrados estén en activo.

Su baja en el CGPJ, la primera que se produce durante esta larga e insólita ampliación del mandato que empezó en diciembre de 2018, cuando el Consejo debió ser sustituido tras cinco años de mandato ordinario, no supondrá la disminución del número de vocales (20), ya que Fernández Valverde puede ser reemplazado por uno de los tres suplentes que el Congreso eligió en noviembre de 2013.

Una reforma legal promovida en junio de 2013 por el entonces Gobierno del PP introdujo la novedad del nombramiento como suplentes de seis juristas y otros tantos jueces para incorporarse al Consejo en el caso de que algún vocal de los originalmente elegidos lo abandone antes de terminar su mandato. En estos supuestos no es necesario esperar a que las fuerzas parlamentarias lleguen a pactos que -a la vista está- se eternizan.

La previsión legal pretende asegurar el funcionamiento del órgano garantizando que, salvo una renuncia masiva que en estos momentos está fuera de pronóstico, el CGPJ tendrá siempre el quorum suficiente para constituirse en pleno (10 vocales más el presidente).

Sustitución en el CGPJ

La norma ya se ha aplicado dos veces: para sustituir a Mercè Pigem, que dimitió en noviembre de 2014, lo que dio lugar a la entrada de José María Macías, y para reemplazar a Fernando Grande-Marlaska cuando saltó a la política en junio de 2018, lo que permitió la incorporación del magistrado José Antonio Ballestero al CGPJ.

La sustitución de Fernández Valverde puede presentar alguna particularidad. Por el orden en el que los eligió el Congreso, su sucesor sería el magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño José Carlos Orga. Pero este juez no es magistrado del Tribunal Supremo (la ley exige que el CGPJ tenga entre sus vocales a tres jueces del TS, categoría que ostenta Fernández Valverde) y, además, aspira a formar parte del próximo Consejo, para el que no podría ser elegido si se incorpora ahora. Es previsible, por tanto, que Orga renuncie.

El siguiente es el magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia Pedro Castellano, que tampoco tiene categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Sí la tiene, en cambio, la tercera suplente, María Luz García Paredes, nombrada miembro de la Sala Cuarta en enero de 2018.

La vacante de Fernández Valverde en la Sala Tercera del Tribunal Supremo no podrá ser cubierta debido a la ley que impide al CGPJ en prórroga hacer nombramientos discrecionales de la carrera judicial. La reforma, promovida por PSOE y Podemos en marzo del pasado año, busca presionar al PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero el resultado práctico está castigando al Tribunal Supremo, que funciona con 11 magistrados menos (el 14% de su plantilla), mientras el Consejo sigue sin ser cambiado.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se reúne mañana con la ministra de Justicia, Pilar Llop; el nuevo secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y Manuel Olmedo, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia.

Prueba para Llop

La reunión se produce poco después de que el Ministerio de Justicia haya rechazado la petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para adscribir a cinco letrados más a la Sala Civil ante la "avalancha" de recursos a los que tiene que hacer frente "y que no es posible asumir si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación", exponía un informe del presidente de la Sala Civil, Francisco Marín.

Es la primera vez que el Ministerio deniega en su integridad una medida de refuerzo para el más alto órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, afectado paralelamente por la imposibilidad de cubrir sus vacantes. Justicia alega razones presupuestarias y que el refuerzo es "precipitado" porque aún no se sabe qué van a dar de sí los cuatro letrados adicionales que se incorporaron a la Sala Civil el pasado septiembre.

Pero estas razones no convencen en el Tribunal Supremo, donde se asegura que los refuerzos pedidos son el mínimo necesario para afrontar una situación próxima al colapso.

El estado de las Salas Tercera y Cuarta es también alarmante debido a la carga de asuntos y a las vacantes sin cubrir existentes. La Sala Tercera ha pedido un refuerzo de tres letrados coordinadores más, sin que Justicia haya contestado hasta ahora.

La reunión de mañana será, por todo ello, una prueba de fuego para la ministra Llop. En la Plaza de las Salesas se tiene la impresión generalizada de que el Gobierno ha tomado la decisión política de llevar la situación del Tribunal Supremo al límite para responsabilizar de ello al PP por su negativa a renovar el CGPJ mientras no se garantice que se va a devolver a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales, sin ninguna intervención política. El conflicto interno que vive el PP aleja ahora aún más las posibilidades de renovación del Consejo.

Fuentes del alto tribunal aseguran, no obstante, que el planteamiento no será "frentista". "Es la primera reunión", explican, "y vamos a ver qué soluciones plantea la ministra".