
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el golpe independentistas del 1-O.
Junts pide a Sánchez que la Fiscalía acuse a Llarena de prevaricación por no aplicar la amnistía a Puigdemont
Turull amenaza de nuevo con elecciones, pide una reunión para que Sánchez y Puigdemont "se miren a los ojos" y reclama saldar la "deuda histórica" de 400.000 millones del Estado con Cataluña.
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Junts reclama al presidente Pedro Sánchez que inste a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado a querellarse por prevaricación contra los jueces del Tribunal Supremo (TS) que se han negado a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont.
En una entrevista concedida este domingo al diario Deia, el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirma que la ley de amnistía no se ha aplicado plenamente porque existe "una revuelta de una parte del Poder Judicial contra el Legislativo" y asevera que "los Marchena y Llarena han decidido prevaricar".
"No debe haber condescendencia a la espera de si lo arregla el Tribunal Constitucional", añade el número dos de Puigdemont, "si tú tienes la certeza de que un juez está prevaricando, para eso tienes a la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado.
Pablo Llarena fue el instructor de la causa contra los organizadores del referéndum ilegal de independencia del 1-O, mientras que Manuel Marchena presidió el tribunal que condenó a Oriol Junqueras, Raul Römeva y el resto de responsables de la Generalitat por el golpe separatista de octubre de 2017.
Marchena forma parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha avalado la decisión de Llarena, según la cual la ley de amnistía no es aplicable al tipo de malversación que se imputa a Puigdemont.
En su entrevista publicada este domingo, Jordi Turull reclama además aplicar la "amnistía política", mediante una reunión en Bruselas en la que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont "se miren a los ojos".
"Uno le preguntaría si quiere resolver el conflicto político, y el otro si le dará estabilidad" a la legislatura, explica Turull, "este encuentro puede facilitar la dinámica del día a día".
Gracias a Zapatero y a la intermediación del verificador colombiano en Suiza, Junts accedió a retirar en el último momento la iniciativa que había registrado en el Congreso, en la que pedía que Pedro Sánchez "considere la oportunidad" de someterse a una moción de confianza para comprobar si aún tiene el respaldo mayoritario del Congreso.
Pese a ello, Turull insiste en que a Pedro Sánchez no le quedará más remedio que disolver las Cortes y convocar elecciones, si no cumple los compromisos del Pacto de Bruselas, que el PSOE firmó para garantizarse el apoyo de Junts a la investidura.
Respecto al traspaso "integral" de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, el secretario general de Junts confirma que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es en estos momentos el principal obstáculo para que los Mossos d'Esquadra asuman el control de las fronteras de Cataluña, tal como exige Puigdemont.
El número dos de Junts también pone reparos a la "financiación singular" prometida por Sánchez, que permitirá a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.
A Turull no le parece suficiente. Reclama un "concierto económico" integral, en el que "la solidaridad la decides tú, no la deciden por ti. Porque si no, ya no es solidaridad sino expolio", argumenta.
En cuanto a la condonación de 17.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, que la vicepresidenta María Jesús Montero quiere hacer extensiva a otras CCAA, Turull considera que se trata de la fórmula del café para todos, y por lo tanto no le parece aceptable.
"Se sitúa la solución en el café para todos y, encima, a Cataluña le dan menos café porque a Andalucía le condonan el 50% de la deuda y a Cataluña un 20%", se queja Turull, "si alguien cree que vamos a salir diciendo que al fin se está arreglando el agravio sistémico con los catalanes, no es así".
Porque, señala, lo que hay que resolver es la "deuda histórica" de 400.000 millones de euros que, según sostiene, el Estado español ya acumula con Cataluña.