Bruselas amonesta a Sánchez por no reforzar la independencia del fiscal general del Estado

En su informe sobre el Estado de derecho en España en 2024, Bruselas ha amonestado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber cumplido su otra recomendación prioritaria para garantizar el buen funcionamiento de la justicia: reforzar la independencia y la autonomía del fiscal general del Estado, haciendo que su periodo de mandato no coincida con el del Gobierno. 

"España ha realizado algunos progresos en fortalecer el estatuto del fiscal general, pero no en lo que se refiere a desvincular en el tiempo el mandato de éste del del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y la autonomía del ministerio fiscal", lamenta el informe.

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Por eso, la principal recomendación del Ejecutivo comunitario de cara al próximo año es ahora fortalecer la independencia del fiscal general. En su acuerdo para renovar el CGPJ, PP y PSOE ya han introducido algunos elementos en este sentido, como la prohibición de puertas giratorias. Pero dejaron fuera la cuestión de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobierno, que ya se aplica a otros cargos independientes como el del gobernador del Banco de España.

"Hemos insistido sobre la independencia de la fiscalía y en el caso de España recomendamos separar bien la duración del mandato del fiscal general del Estado del mandato del Gobierno. Porque vemos claramente que en esta coincidencia hay un problema en materia de independencia", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una comparecencia ante el comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara.

La lídel del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, le ha pedido que actúe porque el Gobierno de Sánchez "ha profundizado en su control al fiscal general". "El fiscal general está actuando como abogado defensor del Gobierno ante los casos de corrupción que afectan al propio Gobierno. El fiscal general está al borde de la imputación por revelación de datos reservados. Ayer el fiscal general ha vuelto a nombrar a la exfiscal general y exministra del gobierno de Sánchez (Dolores Delgado) como fiscal de sala, cuyo nombramiento ya fue anulado por el Tribunal Supremo", ha señalado.

Frente a estos problemas, Reynders le ha replicado que ya existen "mecanismos de protección interna por parte de los jueces nacionales y del Parlamento nacional", que son los que deben intervenir en primera instancia. El comisario de Justicia ha desvelado además que está en conversaciones con el Gobierno de Sánchez y con la fiscalía para reforzar las competencias de la Fiscalía Europea en la protección de los fondos europeos.

En cuanto al CGPJ, Bruselas insiste en la necesidad de cumplir las dos partes del acuerdo del 25 de junio, que firmaron en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el negociador del PP, Esteban González Pons. No sólo la renovación, sino también la reforma del procedimiento de nombramiento de sus miembros jueces "teniendo en cuenta las normas europeas de Consejos Judiciales".

"Cuando hablamos de estándares europeos, lo que queremos conseguir es tener una mayoría de miembros del CGPJ que sean jueces elegidos por sus propios pares", ha reiterado el comisario de Justicia.

Críticas a los jueces

En su informe sobre el Estado de derecho en España, el Ejecutivo comunitario se hace eco además de la inquietud expresada por el CGPJ y las asociaciones de jueces por las críticas de miembros del Gobierno contra decisiones judiciales o contra la judicatura en general.

"Si bien los tribunales no son inmunes a la crítica y el escrutinio, la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad. El daño a esta confianza es particularmente relevante cuando se trata de declaraciones de miembros del legislativo y del ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial", avisa Bruselas.

El informe sobre el Estado de derecho en España lamenta además la falta de avances tanto en la legislación sobre lobbies, como en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales de los altos cargos con funciones ejecutivas.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario vuelve a exigir la creación en España de un registro público obligatorio de lobistas. También ve urgente reforzar la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Interés.

Respecto a las recomendaciones formuladas en 2023, Bruselas sí ve una intensificación de los esfuerzos para reducir la duración de los procedimientos judiciales y abordar los casos de corrupción de alto nivel, pero pide concluir cuanto antes la reforma del Código Procesal Penal. 

El capítulo de exigencias para España se cierra un año más con una petición para que se revise la Ley de Secretos Oficiales con el fin de mejorar el acceso a la información, teniendo en cuenta los estándares europeos en este ámbito.