El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, atiende a los medios en los juzgados de Plaza de Castilla.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, atiende a los medios en los juzgados de Plaza de Castilla. Rodrigo Mínguez

Política CASO BEGOÑA

Moncloa combina la nueva negativa de Begoña Gómez a declarar con la escalada de sus ataques al juez

La estrategia política y jurídica busca socavar la credibilidad del juez y aglutinar a los socialistas frente al "ataque exterior".

20 julio, 2024 02:51

Moncloa se ha lanzado a una estrategia para hacer frente al caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con una ofensiva política y jurídica que consiste en denunciar persecución al presidente del Gobierno y descalificar la actuación del juez instructor del caso.

Esa estrategia se complementa con la actuación de la defensa jurídica de Gómez, que busca denunciar abiertamente lo que consideran errores procesales y una investigación penal que no va en ninguna dirección clara, según fuentes de Moncloa.

Se trata, por un lado, de favorecer posibles recursos para que se cierre el procedimiento, peticiones de nulidades o posibilidades para apartar del caso al juez Juan Carlos Peinado cuando sea posible. Y por otro, un efecto político para presentar la investigación como una campaña de la derecha y la extrema derecha, con medios de comunicación y un juez para acabar con Sánchez.

Por el momento, la ofensiva la abrió este viernes el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, con duras declaraciones en esta línea y contra el juez. Se da la circunstancia de que Bolaños asumió la cartera de Justicia con el encargo de apaciguar a los jueces y, de hecho, en estos meses ha intentado no sumarse a expresiones de otros miembros del Gobierno y socios parlamentarios que descalificaban al Poder Judicial.

Ahora la defensa ya se ha convertido en una ofensiva, porque según explican en la Moncloa se han pasado límites contra Begoña Gómez.

Ocurre esto cuando en las filas socialistas y entre los socios parlamentarios empezaba a cundir el temor y la idea de que, aunque no haya nada penalmente perseguible, sí hay descuido, imprudencia o actividades poco éticas. Así lo expuso el miércoles en el Pleno del Congreso Aitor Esteban, portavoz del PNV.

Hay "persecución"

Ahora se trata de aplicar la misma estrategia de los cinco días de retiro, apelando al patriotismo de partido para aglutinar frente a la "persecución" de la derecha, los medios y el juez.

La versión oficial de Moncloa se basa en la denuncia de lo que consideran investigación prospectiva del juez Peinado. Ese mantra le sirve al abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, y a los miembros del Gobierno.

La primera visita de la esposa del presidente al juzgado sirvió para que su abogado pusiera de manifiesto el error de no haberle comunicado las denuncias de Hazte Oír y Manos Limpias. La de este viernes, para que quede claro que el juez investiga algo que no formó parte de la denuncia, siempre según su versión.

Según la explicación de Moncloa, la investigación se planteó en tres bloques: el de AirEuropa, el del empresario Carlos Barrabés y el de la Universidad Complutense.

Del primero, aseguran que la propia Audiencia de Madrid dijo que no hay indicios para investigar y, además, es impensable que Begoña Gómez interviniera en un rescate de una línea aérea similar a los aprobados en toda Europa.

El de Barrabés se refiere a las dos cartas de interés y, según explican, no hay relación entre las misivas y las adjudicaciones porque había una treintena más, incluidas algunas de administraciones gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid. En el ámbito judicial cuestionan que Barrabés fuera citado como testigo y no como imputado si se pretende demostrar que se benefició de la gestión de la esposa del presidente.

Sobre esto dos bloques hay dos informes policiales que no encuentran delito.

Moncloa, como domicilio

El último bloque es el de la Universidad Complutense que, según Moncloa, no está en las denuncias y, por tanto, no pueden ser investigados. En todo caso, si hablan de la disputa interna en el rectorado, con alta carga política de quienes pretenden actuar contra Gómez.

Añaden que el reglamento de la Universidad permite que personas no licenciadas dirijan cátedras extraordinarias y que, precisamente, se constituyen para recaudar fondos.

Y aseguran que la esposa del presidente quiso aportar documentación a la universidad, pero sus responsables no lo permitieron. Así consta en el acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de esa cátedra extraordinaria del pasado 2 de julio, cuando intentó presentar la memoria de actividades y no lo logró porque los responsables de la Universidad le dijeron que había en marcha una investigación judicial.

También que hay correos que dan instrucciones desde la Complutense a Begoña Gómez sobre cómo inscribir el software que, por cierto, nunca terminó de funcionar adecuadamente, siempre según su versión. Pese a eso, la Universidad aseguró el miércoles al juez que la esposa del presidente inscribió la aplicación de espaldas a ellos.

Moncloa da por hecho que en breve el abogado de la esposa del presidente buscará que la Audiencia obligue a cerrar la investigación, con apoyo de la Fiscalía.

Respecto a las reuniones en la Moncloa, su versión es que es allí donde esta el domicilio de Begoña Gómez, donde dispone de un despacho y una cierta infraestructura. También que Barrabés se reunió una vez con Sánchez, dentro de una ronda para conocer detalles sobre los procesos de digitalización, de los que él es especialista.

Sobre la petición de Vox para que declare Sánchez como testigo, el Gobierno asegura que sirve para demostrar la intención política del proceso, con la ultraderecha detrás. Recuerdan que el presidente del Gobierno puede declarar por escrito y que las declaraciones de testigos en procedimientos contra sus cónyuges están legalmente protegidas.