Bruselas vigilará que se cumpla el pacto del CGPJ hasta que se cambie el sistema de elección

Así lo confirma a este diario una fuente conocedora de las circunstancias en que se celebró la reunión final. 

El ministro asegura que ni la posición del PP ni la eventual propuesta que haga el nuevo CGPJ son vinculantes, y la literalidad del texto no implica que se vaya a cambiar el modelo, porque él defiende "el actual". Pero el acuerdo no sólo renueva el Consejo General del Poder Judicial y cubre la vacante pendiente del Tribunal Constitucional. También reforma desde ya la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Fiscal para "profundizar" en la independencia de la Justicia.

Pero sobre todo, se insta por ley al nuevo CGPJ a que "en seis meses" presente una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces. Y se impone que este nuevo modelo "pueda ser evaluado positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea", que se someta "a los mejores estándares europeos" y que "cuente con la participación directa de jueces y magistrados".

Tres condiciones que marcan un raíl con un solo destino: la mayoría del CGPJ será de extracción judicial "elegida por sus pares sin intervención del poder político, legislativo o ejecutivo, en ninguno de los estadios del proceso". Porque eso es, textualmente, lo que dice el Consejo de Europa, al que remite la Comisión Europea cuando, en el informe del comisario de Justicia, año tras año exige esa reforma a España según los "estándares europeos". 

Ahora, fuentes cercanas al Gobierno, celebran que el informe de este año ya va a incluir una "reseña expresa muy favorable". La publicación del documento se retrasó, entre otras razones, para darle tiempo al pacto en España. Y aunque una de las dos principales objeciones siga abierta, la Comisión celebrará que "se están dando pasos" en el sentido de las recomendaciones de cursos anteriores.

"Gol por la escuadra"

Después de tres citas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, ésta era la cuarta vez que Bolaños y González Pons se sometían al extraño método propuesto por Alberto Núñez Feijóo en diciembre.

Aquel día, en la única reunión que ha mantenido el líder de la oposición con el presidente del Gobierno desde el inicio de la legislatura, Pedro Sánchez no tuvo más remedio que aceptar. Aunque de inicio se mostró esquivo con la fórmula.

Porque, aparte de lo extraño de irse a las instituciones comunitarias a cumplir con una obligación constitucional meramente española, aceptarlo significaba una sola cosa. El escrutinio de Bruselas haría que un eventual pacto hubiera de incluir, forzosamente, algo parecido a la reforma de la ley que venía exigiendo el PP desde hace, al menos, tres años.

En todo caso, desde el primer día en que Feijóo se aupó a su presidencia y ofreció a Sánchez un Plan de Calidad Institucional de 30 páginas [consúltelo aquí en PDF]: "Que los jueces elijan a los jueces, como exige la Unión Europea".

Entre líneas

Y así es. Fuentes del Gobierno insisten en que la ambigüedad de la redacción en la disposición adicional es "el punto de encuentro" entre dos posiciones antagónicas. Y en que el hecho de que ni PP ni PSOE queden obligados a nada concreto tras recibir la propuesta del nuevo CGPJ hará que "el acuerdo al que se llegue", que Moncloa confía en que llegará, "será, de nuevo, algo intermedio".

Es decir, que leyendo entre líneas la conclusión ha de ser ésta: que ese futuro entendimiento incrementará la participación de los jueces en la elección de los 12 vocales de extracción judicial. Pero que nunca será directa y sin algún tipo de corrección del poder político.   

Emisarios del Partido Popular habían sondeado "discretamente" a Reynders semanas antes de la cita de Feijóo con Sánchez. "Nunca habríamos propuesto esto de no saber de antemano que la Comisión diría que sí", explicaba una de las personas que consultó al comisario de Justicia. Aun así, Bruselas se dio un mes antes de contestar, para limar los detalles y no pillarse los dedos.

Una de las condiciones que imponía la "supervisión" de la Comisión era que la negociación se sometiera a los métodos comunitarios. Es decir, al modelo del "diálogo estructurado", que obliga a que cada propuesta y su respuesta queden por escrito y nadie se pueda llamar a engaño.

Por todo eso, ambas partes se proclamaron ganadoras. Sánchez se ufanó de que el PP había asumido un modelo similar al que antes le criticaban: el de someterse a negociaciones "con mediador internacional" en el extranjero. Y el entorno de Feijóo celebró lo que llamó "un gol por la escuadra", porque "Sánchez no podrá engañar a la UE".

Un sistema "inválido"

A Bruselas acudió Bolaños el martes consciente de que iba a firmar un documento que abría la puerta a una reforma que no quieren ni él, ni su partido, ni el Gobierno, ni sus socios parlamentarios. De hecho, fuentes de su entorno llevaban años insistiendo a este diario en que "rotundamente no" aceptarán jamás un cambio en el sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ.

En los últimos tiempos, ese mensaje se fue matizando. Y se quedó en el que ha remarcado el ministro en sus últimas entrevistas, posteriores a la firma del pacto. "Defiendo nuestro modelo, que es el actual", dijo el miércoles en la Ser. La propuesta que haga el nuevo Consejo no será vinculante, añadió el jueves en TVE, y exigirá "un gran consenso" para ser aprobada en las Cortes.

Todo eso es cierto, tanto como que la única reforma posible, con la Comisión supervisando el cumplimiento de lo acordado, es la que implique un modelo de "participación directa" de los jueces, "sin intervención de los políticos", en la elección de los 12 vocales de extracción judicial. Y que el actual sistema, el de la LOPJ de 1985, "hoy no sería válido" para Bruselas, según fuentes la Comisión.

El Congreso y el Senado ya han habilitado todo el mes de julio para los plenos que se precisen en la tramitación de la reforma acordada y la designación de los 20 nuevos miembros del CGPJ. Después de ello, hay un plazo de seis meses para que el Consejo presente su propuesta de reforma. Y finalmente, habrá que traducirla en un proyecto o una proposición de ley, que se tramite, se debata, se enmiende y se vote.

En todo ese proceso, Bruselas seguirá vigilante. Escrutando la tercera copia del documento firmado por Bolaños y González Pons. Y que se cumple a la letra.