El PSOE se desdice de la literalidad de lo pactado sobre el 'lawfare', a las horas de firmar con Junts

El Partido Socialista ha intentado desactivar así el enorme malestar que ha causado entre la totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales uno de los puntos más polémicos del pacto firmado por Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts): el que anuncia que se podrán beneficiar de la amnistía los independentistas que hayan sufrido casos de lawfare (persecución judicial por motivos políticos), si así queda acreditado en las comisiones de investigación que se crearán en las Cortes. 

Este apartado del pacto ha provocado el rechazo unánime de la totalidad de las asociaciones de jueces, que han denunciado en un comunicado conjunto que constituye una "evidente intromisión de la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". 

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También han expresado su malestar la Asociación de Fiscales (de signo conservador) y la Asociación Progresista de Fiscales, por considerar que se trata de “un ataque sin precedentes a la independencia judicial, que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de derecho”.

Estas reacciones han provocado que el PSOE se desdiga del documento firmado con Junts. En un comunicado difundido el jueves por la noche, el PSOE garantiza ahora que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado".

Sin embargo, esa interpretación no casa con la literalidad del documento firmado entre el PSOE y Junts, en el apartado que dedica al lawfare (el uso fraudulento de la Justicia contra adversarios políticos). "Esta ley [de amnistía] debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", dice el texto.

Y añade: "En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

La alusión al 'lawfare' en el texto del acuerdo firmado este jueves por el PSOE y Junts.

Se trata de la fórmula que el PSOE ha pactado con Junts para que puedan beneficiarse de la amnistía independentistas procesados en causas ajenas al procés como la expresidenta del Parlament Laura Borrás (condenada por corrupción) o el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye (procesado por un presunto delito de blanqueo de capitales del narcotráfico).

Precisamente ateniéndose a ese texto, las cuatro asociaciones judiciales del país —la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente— suscribieron un comunicado en el que califican de "inaceptable" el texto, y denuncian que el PSOE y Junts han pactado comisiones políticas de investigación para revisar la actuación judicial en las causas sobre el procés.

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"El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", señalan las asociaciones de jueces. Y critican que eso podría suponer "someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes". 

Sin embargo, para el PSOE, no cabe concluir eso del documento. "El acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare", alegan los socialistas. Y aseguran que, cuando el acuerdo se refiere a "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", se refiere "a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la Mesa del Congreso", esto es, sobre la Operación Cataluña y el caso Pegasus.

El CGPJ alza su voz

Por tanto, entre esas comisiones, se justifican los socialistas, no habría otras encaminadas a revisar sentencias relacionadas con el procés. El PSOE olvida mencionar en su nota otra comisión de investigación, sobre el papel que el CNI jugó en los atentados de Las Ramblas del 17-A de 2017, que prometió crear para que ERC y Junts aprobaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados.

"El PSOE respeta la plena independencia judicial, la labor de los jueces y magistrados y la separación de poderes", subrayan los socialistas en la nota difundida en la noche del jueves, para salir al paso de las críticas unánimes que su pacto con Junts ha provocado entre jueces y fiscales.

A la rebelión se ha sumado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya comisión permanente denuncia en un comunicado que el acuerdo entre el PSOE y Junts "implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes".

Por su parte, la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid ha denunciado que "el uso del término lawfare (instrumentalización de la Justicia con fines políticos) no tiene cabida en un Estado democrático. Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional".