Sánchez consiente que la estabilidad de su Gobierno quede en manos de un verificador internacional

Ese acuerdo explica que un verificador internacional se encargará de certificar el cumplimiento o no de los asuntos pactados y aquellos sobre los que se avance durante la legislatura.

Y, a su vez, el último punto del acuerdo señala que se comprometen a “la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.

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Es decir, el verificador internacional tendrá en sus manos la estabilidad de la legislatura y el apoyo del partido de Carles Puigdemont a Sánchez.

La identidad de ese verificador no se especifica en el acuerdo dado a conocer y ni Moncloa ni el PSOE facilitaron ayer información sobre este asunto. No han descartado tampoco que su intención sea mantener en secreto la identidad del verificador o relator.

Sólo dio algún mínimo detalle Carles Puigdemont al explicar que esas personas “ya están trabajando con discreción” y, de hecho, se reunirán este mismo mes de noviembre fuera de España.

Fuentes de Junts aseguran que el modelo pactado consiste en una persona de prestigio internacional y extranjera, acompañado de dos ayudantes.

Desde esa comisión se monitorizará el desarrollo de la legislatura y el cumplimiento de los acuerdos.

Puigdemont explicó ayer que el verificador es extranjero porque "no podía ser ni catalán, ni español". Sánchez ha aceptado ese planteamiento.

Sánchez se resistió al principio a aceptar esta verificación, aunque ya hubo un intento en 2020 cuando se constituyó la mesa de diálogo con Cataluña en la que, finalmente, sólo participó ERC. Entonces se produjo tal polémica que se frenó la intención de los independentistas.

Para esta ocasión, el PSOE intentó inicialmente este verano que sólo hubiera mediadores nacionales para facilitar el acuerdo, sin ir más allá. En septiembre, el líder socialista se rindió a Puigdemont y aceptó la exigencia, insólita para acuerdos políticos o parlamentarios y, que, además muestra una desconfianza mutua que el propio líder de Junts remarcó ayer.

Procesos de paz y grupos terroristas

Este tipo de verificaciones sólo son habituales en casos de procesos de paz o negociaciones con grupos terroristas como ETA, el IRA o las FARC. En esos casos, las negociaciones se celebran en lugares neutrales y se levantan actas que todas las partes deben aceptar. Por ejemplo, en el caso de ETA, las conversaciones con verificación tuvieron lugar en Suiza y Noruega, y participó el Centro para el Diálogo Humanitario Henri Dunant, con sede en Ginebra.

En 2018, ese centro certificó que ETA abandonaba las armas. Entonces fue José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno el que aceptó a ese verificador. El expresidente del Gobierno ha intervenido ahora de manera decisiva en las negociaciones con los independentistas.

El Gobierno explica que el acuerdo es muy positivo porque supone la renuncia a la unilateralidad por parte del independentismo. La tesis se apoya en frases como “una solución política y negociada al conflicto”, que incluye el acuerdo.

Según esta versión, Puigdemont ha pasado de rechazar antes de las elecciones generales cualquier acuerdo con el Gobierno central a aceptar esta negociación. “El independentismo ha entrado de nuevo en el sistema democrático y la Constitución”, explican los socialistas.

Aseguran que el hecho de que Puigdemont dijera ayer expresa y públicamente que no renuncia a la unilateralidad se debe a la necesidad de contentar a sus bases y mostrar que su acuerdo va más allá que el de ERC, por la batalla entre ambos partidos por la hegemonía en el independentismo.

Se felicitan también de haber conseguido pactar la estabilidad de la legislatura, basada precisamente en partidos que según la derecha “quieren acabar con España”.

Además, Moncloa asegura que el acuerdo supone retrasar la histórica reivindicación del referéndum de autodeterminación. En realidad, el Tribunal Constitucional ha sentenciado en múltiples ocasiones que ese referéndum es inconstitucional. Por eso, Sánchez sólo ha admitido la posibilidad de cerrar un acuerdo global con una consulta en Cataluña, pero no sobre autodeterminación.

Según el Gobierno, el acuerdo ha rechazado amnistiar casos de lawfare, aunque, en realidad, lo que se ha hecho es aplazar la decisión y dejarlo en manos de una comisión parlamentaria de investigación que determinará si esos jueces usaron sus togas para perseguir a independentistas. Es decir, si prevaricaron.

Este punto fue el último escollo para cerrar el acuerdo, porque el Gobierno rechazaba incluir casos de personas vinculadas a Puigdemont con casos judiciales.