La lucha de Jacobo, el guardia civil en silla de ruedas que no quiere que le echen de la institución
Natural de San Clemente (Cuenca), a este agente de 34 años le han declarado la inutilidad permanente ajena y por lo tanto su pase a situación de retiro.
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En diciembre de 2020, la vida de Jacobo Barchín se desmoronó. Este guardia civil natural de San Clemente (Cuenca) sufrió un grave accidente de bicicleta que le produjo lesiones en la médula espinal que le postraron en una silla de ruedas. Un mazazo que le cambió la vida y frente a que todavía hoy lucha porque no afecte a su gran sueño, el de seguir perteneciendo al cuerpo.
Y es que como consecuencia de ese accidente, el Miniserio de Defensa le declaró una "inutilidad permanente ajena a acto de servicio a los efectos de pase de retiro". Lo que lo mismo, le inhabilitaban por su situación para seguir ejerciendo como agente de la Benemérita.
Ante esta declaración burocrática, Jacobo, con el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) inició la lucha para que la desvinculación de la Guardia Civil no se hiciese efectiva mediante la interposición de un recurso de reposición contra la decisión tomada por el ministerio que dirige Margarita Robles.
En él, pedían que el agente conquense pudiera continuar en el cuerpo mediante la adaptación de su puesto de trabajo toda vez que "ha demostrado su capacidad, validez y autosuficiencia".
Sin embargo, estos días Jacobo ha conocido que este recurso de reposición ha sido desestimado, por lo que queda "cerrada cualquier vía a que se declare su utilidad con limitaciones para desempeñar cualquier puesto burocrático dentro de la Guardia Civil", lamentan desde la AUGC.
La asociación ha recordado que en todo este tiempo ha realizado diversas acciones en la Dirección General de la Guardia Civil y con los distintos Grupos Parlamentarios para tramitar las medidas necesarias que permitan a Jacobo Barchín a seguir trabajando.
Promesas vacías
Sin embargo, han lamentado que todo ha quedado en "promesas vacías" y han apuntado que, este caso deja claro la "discriminación" que supone que la normativa de la Guardia Civil "no se adapte a lo recogido en el Artículo 27 de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas con Discapacidad" y que obligaría a la institución a "adecuar el puesto de trabajo u ofrecer uno alternativo compatible con la discapacidad adquirida".
Por ello, desde AUGC han querido hacer un "último llamamiento" a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para que "empiece a tomar decisiones, comience a preocuparse por las necesidades de sus agentes" e intente "modernizar" la institución.