"Si algo caracteriza a este Gobierno es que siempre damos la máxima seguridad jurídica a nuestras empresas" dijo el martes la ministra Pilar Alegría. 

8.000 empresas españolas siguen sin saber todavía hoy si van a ser multadas o premiadas para que vuelvan a la región de la que huyeron en 2017. Ambas medidas, tanto la una como su contraria, serán justificadas por el Gobierno con el mismo argumento: el del retorno a la normalidad, que en España es como llamamos a la anormalidad institucionalizada. 

La seguridad jurídica en nuestro país oscila entre el palo y el palo con forma de zanahoria en función de los humores de un delincuente catalán huido de la Justicia y de la capacidad del Gobierno para complacer sus caprichos.

Adaptando a Iñigo Montoya en La princesa prometida, "señora ministra, no creo que 'seguridad jurídica' signifique lo que usted cree que significa".

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Este lunes, el Ministerio de Trabajo amenazó a los empresarios españoles. "Si no aceptan una subida del 4% en el salario mínimo, lo subiremos todavía más".

Los sindicatos piden el 5%, pero preferirían un 4% aceptado por la CEOE que un 4,5% impuesto como un trágala. El motivo es obvio: cualquier medida laboral que no sea consensuada con los empresarios sufrirá retrasos y deberá superar docenas de obstáculos allí donde debe ser aplicada, es decir en las empresas.

Ni siquiera los esclavistas obligaban a sus víctimas a firmar un contrato de aceptación sumisa de su condición de esclavo. El Ministerio de Yolanda Díaz, en cambio, sí exige a las víctimas de su autoritarismo la indulgencia moral. Pudiendo imponer, que es lo que acabará haciendo, exige la aquiescencia del sacrificado. 

De nuevo, el Gobierno llama 'diálogo social' a algo que no significa lo que ellos creen que significa.

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"Tire adelante, no se arrugue" le decía Víctor Grifols a Artur Mas en 2014.

Se refería el presidente de la compañía Grifols al procés, que en ese momento daba sus primeros pasos. En una futura república catalana, Grifols se habría convertido en una de las empresas de la región más beneficiadas por una Generalitat que soñaba con convertir Cataluña en el Israel del sector biofarmacéutico.

Hoy, Grifols vale cero y lleva años estafando a los mercados, según cuenta la firma de análisis Gotham. La Comisión Nacional del Mercado de Valores dio en 2019 su ok parcial a las cuentas de Grifols, aunque admite ahora que el informe de Gotham "va más allá" de lo que fueron ellos. Grifols niega cualquier irregularidad. 

En el PSC de Pasqual Maragall se solía decir que el sector empresarial catalán independentista, y muy especialmente el más estrechamente conectado con el nacionalismo, es la Sicilia española. "Eso lo sabe hasta el último contable de Matadepera desde mucho antes de la presentación en sociedad del 3%", venían a decir.

Ahora son socios.

El Gobierno llama 'pacificación de Cataluña' a algo que no significa lo que ellos creen que significa.

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Catorce millones de trabajadores del sector privado mantienen hoy a casi veinte millones de españoles que reciben nóminas, ayudas o pensiones del Estado. Nueve de esos veinte millones son pensionistas. Dos millones y medio reciben el ingreso mínimo vital o algún tipo de renta de inserción autonómica. Un millón setecientos mil son desempleados.

Unos cuantos cientos son periodistas gubernamentales, que computan en el sector privado, pero que son en realidad sector publiquísimo. 

Durante los últimos años, el bloque de los que pagan no para de achicarse mientras que el bloque de los que cobran no para de aumentar. El Gobierno se vanagloria mientras tanto de que el número de beneficiados por sus ayudas no deja de crecer. Nuestro proyecto de país es la pobreza subvencionada: cuantos más pobres, más progreso.  

La prosperidad española se mide ya por el número de personas que dependen de un Estado que depende a su vez de un sector privado al que se le retuerce el pescuezo a diario como a la gallina de las cotizaciones de oro.  

El muro que separa a los españoles, que no es sólo ideológico, es cada vez más alto y el Gobierno añade cada día nuevas filas de ladrillos para aumentar más su altura. 

Pero la puerta del muro está permanentemente abierta para quien quiera pasar de un lado al otro. "Tonto el que no cruce" dicen los listos que hacen cola para sumarse al bando de los que viven de su vecino. Como dicen en Argentina, si después de cuatro o cinco años recibiendo ayudas del Estado no eres capaz todavía de mantenerte por ti mismo, tu país no ha progresado: sólo te ha permitido vivir a costa de los demás. 

'Estado del bienestar' no significa en España lo que usted cree que significa. 

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La pregunta es si nosotros estamos llamando 'Gobierno' a algo que, a la vista está, no significa lo que nosotros creemos que significa.