Determina la Justicia europea, de golpe y porrazo, que los interinos de España tienen todo el derecho del mundo a una indemnización en caso de ser despedidos. En esta sentencia, el más alto tribunal de la UE precisa, además, que considera discriminatorio indemnizar de distinta forma a fijos y a temporales. Una resolución que obligaría a cambiar el estatuto actual de los trabajadores, al menos en lo que afecta a los interinos del sector público. No cabe recurso a esta decisión. Lo que hay que estudiar ahora es su aplicación automática por parte de la justicia española. Se trata de un fallo que nos acerca, algunos milímetros más, al contrato único como meta superable.

No deja de ser curioso que excelentísimos magistrados –oriundos de Toulouse, o Charleroi, o Heidelberg o la mismísima Perugia; gente esquiva y por regla general encorbatada, ceñuda, poco amiga de veleidades y altercados– monten su propia franquicia de la Quinta Internacional Obrera en nuestro país. Y que lo hagan en un plisplás, de forma resolutiva y sencilla. Como si se tratase de acoplar en un living room el juego de las tres cajitas Skubb del Ikea.

¿Quién iba a decirnos a nosotros que para resucitar a Engels, Bakunin, Marx y sus jacarandosos espectros radioeléctricos bastaba con apoquinar cinco euros, a escote, en concepto de tasas judiciales?, ¿que era suficiente con reunir a tres ghostbusters togados? ¿Por qué no lo avisaron antes, con lo que nos habríamos ahorrado en mensualidades sindicales, cócteles molotov y demás quebraderos de cabeza? ¿Cuándo y dónde comenzó a brotar este fervor eurojurídico por el lumpenproletariado típicamente hispano? ¿Este verano? ¿En Marbella?

El caso es que la pelota vuelve a estar, una vez más, en lo más alto del tejado de un Gobierno en funciones que, por lo pronto, empieza a desperezarse, aunque sin saber muy bien la que se le viene encima. Por mucho que el Ministerio de Empleo haya encargado, a velocidad de caracol, un informe para analizar sobre todo el debate que se ha abierto en cuanto a que la legislación española actual pueda ser discriminatoria al diferenciar entre contratos indefinidos y temporales.

Si es cierto que la tasa de temporalidad alcanza el 22% de un total de 400.000 empleados en los distintos escalones de la administración pública, contando casos sangrantes en algunos departamentos concretos como Sanidad y Educación, bienvenidos sean estos magistrados y la nueva lucha de la clase obrera que se disponen a abanderar. ¡Arriba los eurojueces del mundo…!