Asalto al Capitolio, robo de documentos, fraude fiscal… La tormenta legal que se cierne sobre Trump

Hoy por hoy, el expresidente tiene dos grandes procesos penales abiertos en distintos puntos del país. Uno por supuestamente manipular las elecciones en el estado de Georgia y otro por delitos financieros. Sin embargo, aunque estas investigaciones concluyesen con una condena, Trump podría volver a llegar a la Casa Blanca, ya que la Constitución del país no impide a una persona que ha sido condenada postularse a la presidencia. 

Al mismo tiempo, la enmienda 14 (sección III) de la Constitución sí prohíbe que cualquiera que haya "participado en la insurrección o rebelión" contra Estados Unidos o que haya prestado "ayuda y apoyo" a sus enemigos pueda volver a ocupar un cargo público. Así, sólo una acusación de este calibre podría inhabilitar a Trump. Y eso es precisamente lo que está tratando de demostrar en Washington el comité selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el atentado contra el Capitolio del 6 de enero de 2021.

Donald Trump sale de la Trump Tower dos días después de que agentes del FBI allanaran su casa en Mar-a-Lago Palm Beach, en la ciudad de Nueva York. Reuters

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El asalto al Capitolio

Formado por nueve congresistas (dos republicanos y siete demócratas), el comité de investigación lleva más de un año entrevistando a centenares de testigos.

El resultado ha sido una serie de audiencias televisadas (que podrían continuar en otoño) que tratan de mostrar cómo Trump no sólo agitó el fantasma del fraude electoral ante la victoria de Joe Biden en 2020, sino que alentó deliberadamente a una turba violenta a entrar en el edificio gubernamental.

Por sí mismo, el comité no puede acusar al expresidente de un delito, ya que no cumple con los criterios para ser una investigación criminal. Lo que sí puede es remitirse al Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general, Merrick Garland, para que inicie una pesquisa criminal. Algo que, en realidad, ya ha sucedido.

Un vídeo de Donald Trump se reproduce durante la comisión de investigación del asalto al Capitolio. Jim Lo Scalzo Reuters

Liz Cheney -la legisladora republicana que dirige la investigación- ha asegurado en varias ocasiones que ya ha facilitado a los fiscales algunas de las pruebas recopiladas, como las transcripciones de los testigos.

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Eso significa que, paralelamente al juicio político del Congreso, el Departamento de Justicia está realizando su propia investigación sobre la implicación de Trump en el intento del golpe de estado del 6 de enero. Una pesquisa que podría acabar con una acusación por "conspiración sediciosa", cargo que ya se ha presentado contra varios participantes en el ataque.

No obstante, sigue sin estar claro si la fiscalía acabará por presentar cargos contra Trump, no sólo por las imprevisibles consecuencias políticas que podría tener en un país actualmente tan polarizado. También porque nunca un expresidente ha sido acusado de un delito en Estados Unidos.

Ni siquiera Richard Nixon por el caso Watergate o Bill Clinton por mentir bajo juramento sobre su relación con Monica Lewinsky se sentaron en el banquillo, ya que la fiscalía desestimó los casos, según recuerda The Washington Post.

Manipulación electoral

Antes de que una horda de manifestantes violentos irrumpiesen en el Capitolio, Trump ya intentó maniobrar fuera de la legalidad (y de la democracia) para darle la vuelta a unos resultados electorales que, según ha defendido siempre, son fruto de un "fraude".

Fue el 2 de enero de 2020, cuando el entonces presidente saliente hizo una llamada telefónica a Brad Raffensperger, secretario de Estado republicano de Georgia. En ella le pedía a su compañero que "encontrara" los votos necesarios para anular los resultados electorales después de su derrota ante el entonces presidente electo Joe Biden.

El expresidente le pidió al secretario de Estado de Georgia que "encontrar" los votos necesarios para ganar

"Sólo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado", dijo Trump durante esa llamada. Y es esa conversación la que investiga desde hace meses la fiscal del estado Fani T.Willis y, desde mayo, un gran jurado especial convocado para la ocasión.

Su cometido es dilucidar si Trump violó o no unas tres leyes electorales de Georgia: conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal para cometer fraude e interferencia intencional en el desempeño de los deberes electorales, según recogen varios medios locales.

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Posibles delitos financieros

En Nueva York, el expresidente republicano tiene dos frentes abiertos: una investigación criminal y otra civil relacionadas con sus negocios. De la primera se encarga Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, que está indagando sobre la compañía familiar del expresidente. En concreto, sobre si Trump infló falsamente el valor de sus activos para conseguir préstamos en condiciones preferentes y obtener exenciones fiscales.

Una persona pasa frente a la Torre Trump después de que el expresidente estadounidense Donald Trump dijera que agentes del FBI allanaron su casa en Mar-a-Lago Palm Beach, Reuters

Del otro caso se encarga la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también responsable de investigar si se inflaron los valores inmobiliarios de la Organización Trump. Un delito que podría acabar en multa o en juicio y sobre el que el expresidente se ha negado a hablar. De hecho, este miércoles, se ha acogido a la Quinta Enmienda para no responder a las preguntas de la fiscal sobre sus prácticas comerciales.

Sobre lo que sí ha hablado es sobre lo que piensa acerca de las investigaciones, que considera que están "motivadas políticamente".

Robo de material confidencial

Es el mismo argumento que Trump ha utilizado para desacreditar la investigación más reciente: el registro que inició el lunes el FBI en su mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, en busca de documentos confidenciales que el expresidente podría haber sustraído tras abandonar la Casa Blanca.

Esta operación policial está respaldada por el FBI, por el fiscal general y, también, por un tribunal federal. Se produce después de que en febrero, la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos notificase que había recuperado unas 15 cajas repletas de documentos oficiales que el exmandatario pudo llevarse a su casa de Florida.

Sin embargo, según el organismo, faltaban registros confidenciales, lo que le llevó a acudir al Departamento de Justicia, que ha impulsado la investigación para saber si Trump ha incurrido o no en un delito por supuestamente "ocultar, eliminar, mutilar, borrar, falsificar o destruir deliberadamente" documentos del Gobierno.