Ya lo ha hecho con la aprobación de la nueva Ley de Empleo en la que, de alguna manera, se vuelve de alguna manera a la autorización administrativa para la ejecución de un ERE. Esa ley exige un informe, no vinculante, de la inspección de trabajo para esa ejecución.

Esa intromisión en la autonomía las de las partes se debe, y no es casualidad, a una enmienda de EH-Bildu, el grupo parlamentario independentista vasco.

La vicepresidenta segunda argumenta que no es una autorización política como había antes de la reforma laboral de 2012 (RL12) ¿Quién se lo va a creer con un cuerpo de inspectores de trabajo que recibe instrucciones para el ejercicio de su función? Dependerá de la naturaleza ideológica del Ministerio para que se cierre más o menos la ejecución de los ERE. ¿Que juez de lo laboral va a autorizar un ERE con informe desfavorable del inspector de trabajo?

Para la UE esa era una línea roja en cualquier modificación de las normas laborales. No quería volver en ningún caso a la autorización administrativa para ejecutar los ERE. Una normativa, por cierto, de origen franquista. Pero Yolanda les contará un cuento diciendo que no es un informe vinculante y, con la Comisión europea que hay más de izquierdas que liberal, tragarán.

¿Qué juez de lo laboral va a autorizar un ERE con informe desfavorable del inspector de trabajo?

En el mismo sentido, la vicepresidenta quiere aumentar el montante de la indemnización por despido improcedente trasponiendo directivas europeas. Indemnización que fue rebajada de 45 días por año trabajado (hasta un máximo de 42 meses de salario) a 33 días (con un máximo de 24 meses de salario) en la RL12. Con esa medida se agilizó el mercado de trabajo de manera que cuando en España con crecimientos del PIB menores a un 2% no se creaba trabajo a partir de la RL12 si se hace.

Ahora Yolanda Díaz quiere traer de Europa una nueva figura: el despido reparativo para trabajadores de más de 50 años, con riesgos especiales o situaciones familiares complejas. La indemnización aumentaría en función de las características del despedido, creando inseguridad jurídica para el empleador.

Es decir que, por ejemplo, un trabajador con 49 años y once meses recibiría una indemnización equivalente a 33 días por año trabajado. Sin embargo, si tiene 50 años y un mes, podría recibir más porque se consideraría que tendrá más dificultades para encontrar trabajo. Un responsable de una familia monoparental o de familia numerosa también entraría en este concepto de “indemnización reparadora”.

Es más, también quiere recuperar para esos trabajadores los salarios de tramitación, que eliminó la RL12. Consisten en que el trabajador devenga los salarios desde que se inicia su cese operativo en el puesto de trabajo, hasta que se dicta y ejecuta la sentencia correspondiente. De manera que al trabajador le interesa demorar cuanto más pueda el proceso judicial.

Riesgos

Es evidente que el riesgo es que las empresas decidan despedir antes de los 50 años. Después de esa edad, el pasivo laboral por trabajador aumentaría. Todo ello de acuerdo con la jurisprudencia que se vaya creando.

Por otra parte, a la hora de contratar empleados nuevos, se crea una barrera para todos aquellos que se acerquen a los 50 años y, más aún, para los que los superen. Los empleadores se lo pensarán antes de contratarlos ¡Menudo regalo envenenado para esas generaciones! Si el edadismo (discriminación negativa por edad) es un problema en la actualidad, con esa medida se agrandará.

También creará una barrera para encontrar trabajo a personas en situaciones familiares complejas. Las empresas dejarán de contratarlos por si acaso.

Todos estos son los “efectos perversos” que puede provocar esta idea de la indemnización reparatoria. En los despidos improcedentes, que son la mayoría, con esta figura se perjudicará más a los que se pretende favorecer. Se les dificultará la búsqueda de trabajo.

Son las ideas peregrinas que se le ocurre a la promotora de Sumar que cuando no tiene que hacer, con el BOE mata moscas.